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Miradas sobre las agendas universitarias en la región (Presentación)
Daniela Atairo* y Pablo Beneitone**
* Universidad Nacional de La Plata y ** Universidad Nacional de Lanús
Pensar la universidad hoy nos lleva inevitablemente a la década de los años ‘90, momento en el que el Estado asumió un rol más activo a fin de transformar el sistema universitario en sintonía con el nuevo paradigma de mercado. Es a partir de aquí que la evaluación se instala como un aspecto central de la agenda universitaria y se diseñan e implementan políticas que dejan atrás el financiamiento automático y la tradicional autonomía universitaria. El activismo estatal en el diseño de políticas provoca rápidamente que los estudios más clásicos sobre la cuestión de la autonomía universitaria centrados en la revisión de la normativa desde una perspectiva jurídica sean desplazados por el análisis de las políticas públicas y programas paradigmáticos de la época. En este sentido, durante un buen tiempo la literatura especializada asumió una perspectiva comparada atenta a los cambios que se produjeron en los sistemas universitarios en la región a partir de la conformación del Estado Evaluador. Es así que diferentes estudios mostraron una cierta homogeneidad tanto en la agenda para el sector como en las políticas y programas que se implementaron en la región. Las características de esta etapa se explican, en parte, por el papel de promotores y financiadores que tuvieron los organismos internacionales en estos procesos de cambios universitarios heterónomos.
Con el nuevo siglo, y particularmente a partir de la asunción de gobiernos progresistas en varios países de la región y de su alternancia con gobiernos neoliberales y neoconservadores, aparece en la agenda académica la preocupación por analizar las políticas universitarias en clave comparativa temporal. De esta forma, la producción de conocimiento comienza a centrarse en un análisis en los cambios sobre la base de nuevos ciclos de políticas que se caracterizan por una marcada oposición a las reformas de los años 90 o su recuperación y profundización. El dossier se inscribe en esta preocupación por analizar dichos cambios y continuidades, particularmente a partir de los procesos de reconfiguración de las agendas universitarias en América Latina.
Estos estudios en clave de cambios y continuidades requieren necesariamente incorporar un análisis en diferentes planos o dimensiones: la relación entre Estado y universidad, la orientación de las políticas y los instrumentos normativos y/o de políticas. En ese registro, varios artículos del dossier ofrecen claves para comprender los procesos que se están produciendo en la región. De una lectura transversal de los diferentes aportes es posible observar que términos como “discontinuidad”, “rupturas”, “oscilaciones” son algunas de las formas enunciativas que los/as autores/as que participaron han utilizado para caracterizar y analizar la agenda y las políticas universitarias. Esto, sin duda, nos permite identificar una serie de cuestiones que requieren de conversaciones necesarias. Y allí se pretende concretar uno de los propósitos de la revista, y que Pedro Krotsch recordaba en su última editorial cuando nos convocaba a provocar la “conversación”, algo que desde su entendimiento va más allá de un debate académico en tanto supone el encuentro de diversas voces que expresen y pongan en tensión posiciones, miradas, creencias y proyectos.
La agenda universitaria conformada en los años 90 con la evaluación como tema dominante estuvo fuertemente impulsada por organismos internacionales de crédito que promovieron estos cambios a partir del financiamiento en un contexto de fuertes restricciones presupuestarias para el sector. En los países de la región, más tarde o más temprano, se rediseñaron las agendas de educación superior con la introducción de la evaluación y la acreditación de instituciones y programas. La evaluación combinada con el financiamiento condicionado fue el esquema que el Estado utilizó para la conducción a distancia de las universidades hacia un funcionamiento bajo la lógica del mercado donde primaba el valor de la competencia y la eficiencia y donde la educación era considerada un servicio que tenía un precio por el que había que pagar.
Estos procesos fueron fuertemente cuestionados por la Declaración de Cartagena en el 2008 al instalar una nueva forma de pensar la educación superior al definirla como un bien público y social, un derecho humano universal y una responsabilidad de los Estados. Esta declaración tiene gran fuerza y potencia política, y promovió un debate intenso en los sistemas universitarios de la región, priorizando la expansión de derechos como núcleo de la agenda universitaria en un contexto donde el Estado continúa asumiendo una centralidad en el diseño y la implementación de políticas ahora inclusivas, que pretenden contrastar el avance de la privatización y la mercantilización de la educación y del conocimiento que asume nuevas formas sumándose a las tradicionales.
La potencia simbólica de la Declaración no alcanzó a desplazar el tema de la evaluación por el de democratización en la agenda pública, y ambos conviven en diferentes fórmulas como “cobertura con calidad y equidad” o “calidad educativa y democratización del sistema”. Una convivencia que se asume conflictiva en tanto los actores que promovieron su ingreso en la agenda universitaria ostentan características y orientaciones diferentes: el Banco Mundial en la década del 90, se contrapone a las diversas voces universitarias presentes en Cartagena a finales de la primera década de este siglo, que reflejaban e irradiaban la fuerza de proyectos progresistas de la región.
La evaluación logra constituirse como política de estado en varios países y en otros se encuentra en vías de consolidación, como una respuesta tardía a procesos profundos y acelerados de privatización y mercantilización. Esta persistencia contrasta con la discontinuidad de las políticas orientadas a la democratización en el acceso a la ES asociada a la alternancia entre fuerzas políticas con proyectos políticos contrapuestos. Las narrativas rupturistas se pueden leer en los diferentes aportes de los autores y las autoras cuando advierten de los procesos que afectan su consolidación en la agenda universitaria y la profundización de estrategias a nivel de las políticas que muchas veces instalan el tema pero no logran producir los cambios esperados al no modificar los núcleos más duro que (re) producen las desigualdades sociales. Acompañan a estos temas centrales otros que han tomado mayor presencia y relevancia en las agendas como la internacionalización, el posgrado y la investigación y su evaluación, aspectos centrales de las instituciones universitarias que deberían alejarse de los esquemas más mercantilizados.
En los aportes se puede leer también cómo a pesar de los cambios en la orientación de las políticas, existe un orden institucional más o menos estable dado los aprendizajes, rutinas y saberes de la burocracia universitaria que implementan políticas similares. Pareciera que la expansión institucional como las becas son instrumentos viejos que asumen nuevos sentidos en el contexto actual de la política universitaria. Incluso un mismo instrumento puede adoptar sentidos contrapuestos: una beca puede estar orientada a ampliar el acceso a la universidad en clave de democratización, pero en otros contextos puede convertirse en un modo de privatización en la medida en que un estudiante en sistemas de ingreso altamente selectivo en el sector público, lleva su beca hacia una universidad privadas, transfiriendo así fondos públicos hacia el sector privado.
Las políticas de expansión y diversificación institucional promovidas por el Estado con la creación de instituciones universitarias con nuevos modelos institucionales en términos pedagógicos y de gobierno, que acercan territorialmente la oferta académica a potenciales ingresantes, se suman a los procesos incentivados por el mercado, que necesita de la diferenciación institucional para que la competencia funcione, e instala dos nuevas cuestiones a problematizar: una es la segmentación del sistema de educación superior que atentaría contra la posibilidad de una democratización sustantiva y, la otra, es la necesidad de coordinación de sistemas altamente diferenciados institucionalmente. Este último punto nos convoca a pensar que, si en los años ’90 se instaló la idea de una nueva relación entre Estado y universidad, hoy tal vez sea más potente pasar del singular al plural, y pensar en “relaciones” que el Estado necesariamente debe establecer con las diversas instituciones universitarias. Relaciones que supongan superar esquemas que profundizan el desdibujamiento de las fronteras entre lo público y lo privado, y los esquemas dicotómicos como sobreregulación-desregulación. En la misma clave de conducción del sistema, los aportes advierten sobre la necesidad de observar no solo la relación entre el Estado y la universidad, sino también las relaciones entre el gobierno y la universidad cuando señalan “medidas verticalistas” y “proceso de centralización de decisiones y recursos en el ejecutivo”, al tiempo que se señala la necesidad de limitar la pérdida relativa de las autonomías universitarias heredadas de la tradición reformista a partir de fortalecer espacios de gobierno que representen intereses de los diferentes actores universitarios y que permitan construir políticas de estado que sobrevuelen los gobiernos con orientaciones contrapuestas como las señaladas.
Finalmente, el análisis de los/as invitados/as a participar del dossier estuvo atravesado por la situación del aislamiento preventivo que ha provocado la pandemia. En sus lecturas se puede observar la profundización de tendencias como la desigualdad y mercantilización educativa, así como también la centralidad que adquirió la virtualidad en la agenda universitaria y la necesidad de resolver a través de políticas de corto plazo aspectos específicos de la realidad emergente. Aunque también advierten la condición básica y el derecho a la conectividad para acceder a la educación y la insuficiencia que supone garantizar sólo el acceso a recursos materiales sin pensar los desafíos pedagógicos que implica la continuidad de la enseñanza que democratice el acceso al conocimiento, poniendo en discusión las potencialidades y limitaciones de la educación virtual y las consecuencias de su aplicación en un contexto social dominado por profundas inequidades. Las voces que se presentan a continuación, son fragmentos de este pensamiento universitario que se propone interpelarnos y reflexionar sobre la agenda universitaria actual, desde diferentes pertenencias institucionales, trayectorias profesionales variadas y posicionamientos diversos frente a esta problemática.