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Brasil: la universidad de la democracia “en vértigo”
Mónica de la Fare
Profesora investigadora del Programa de Posgrado en Educación de la Escuela de Humanidades de la Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil.
El título elegido para este breve ensayo proviene del documental dirigido por la cineasta brasileña Pietra Costa, “A democracia em vertigem”, de 2019. En esa producción audiovisual, que generó polémicas y debates, la directora asume la posición de narradora en un relato que entrama su historia personal-familiar y la historia política de Brasil en las últimas décadas, colocando en evidencia el proceso de deterioro de la democracia ocurrido a partir del impeachment que destituyó a la Presidenta Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), en 2016. La frase utilizada para referir al estado actual de la democracia brasileña es de difícil traducción al idioma castellano y aunque las empresas distribuidoras de películas optaron por “al filo de la democracia” o “la democracia en riesgo”, desde mi punto de vista no consiguieron captar el sentido y la fuerza de esa expresión.
Entiendo que la democracia “en vértigo” alude a una condición colectiva experimentada por sectores de la sociedad brasileña actual que reconocen, defienden y respetan los derechos humanos y que refiere a la convergencia de sensaciones de nauseas, miedo, turbación con sentimientos de indignación, espanto, consternación, a veces confusión y embates continuos con grupos que apoyan las políticas públicas del gobierno nacional actual, en un contexto de profundización de la fragilidad democrática reconocible en varios países de la región latinoamericana, que se expresa de forma alarmante en el Brasil actual.
En ese marco y desde la campaña electoral que llevó a Jair Bolsonaro a la presidencia, la universidad y la educación sufrieron ataques sistemáticos, varios de ellos divulgados en los medios masivos de comunicación internacionales (como el proyecto denominado “escuela sin partido”, el incentivo a la realización de denuncias a profesores por parte de estudiantes, las distintas declaraciones racistas del gobierno, el llamado “terraplanismo” y el denominado “combate a ideología de género”, entre otros absurdos). A eso se suman tentativas sistemáticas de intervención a los gobiernos de las universidades públicas; acciones de desfinanciamiento de la educación, con un presupuesto actualmente en debate que privilegia gastos militares y recorta recursos destinados a la educación pública, así como políticas de militarización de las escuelas, como el Programa de escuelas cívico-militares.
A ese contexto se sumó en este año la irrupción de la pandemia de COVID-19, que con la orientación negacionista del gobierno nacional ya produjo más de cien mil muertes, un luto nacional. La acumulación de denuncias realizadas ante organismos internacionales, que acusan al presidente brasileño por desarticular los mecanismos de protección a los derechos humanos y al medio ambiente, hacen evidente la grave situación del país y el deterioro de su posición internacional en la región latinoamericana y el mundo. En materia de educación, las desigualdades históricas se evidenciaron aún más ante la interrupción de la escolaridad presencial, causada por la pandemia, que mostró las marcadas diferencias en las posibilidades de continuidad de la escolaridad de los diferentes circuitos educativos. El derecho a una educación de calidad para todos y todas se encuentra aún más afectado que en el período pre-pandemia, especialmente para los y las estudiantes de escuelas y universidades públicas. Y es probable que las escasas acciones de política educativa tendientes a favorecer la continuidad de la escolaridad no presencial, en el marco de un prolongado período de emergencia sanitaria, den lugar a una etapa pos-pandemia marcada por la emergencia educativa, especialmente en lo que refiere a las interrupciones/continuidades escolares de los grupos sociales más desfavorecidos de la sociedad.
Así, en la universidad de la democracia “en vértigo” son varios los temas que adquieren lugar en la agenda de la Educación Superior ante la actual coyuntura, especialmente análisis críticos de las tendencias actuales de las políticas públicas y últimamente el conjunto de acciones de investigación, enseñanza y extensión universitaria que muestran el dinámico papel de esas instituciones en la forma de enfrentar la pandemia de COVID-19 y sus efectos. Sin embargo, para este breve escrito elegí realizar algunos señalamientos que demarcan dos temas vinculados al ámbito del posgrado, tanto por ser el principal espacio de mis estudios en Educación Superior, así como por su importancia en el escenario latinoamericano y la escasa visibilidad que parecen tener fuera del contexto nacional.
El primero es la reorientación de las políticas de fomento a la investigación, ciencia y tecnología a partir de dos mecanismos: (i) la definición de temas estratégicos prioritarios por parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovaciones y Comunicación (MCTIC), que atraviesan todas las convocatorias para el financiamiento de proyectos, y (ii) la modificación del modo de distribución de políticas de becas de posgrado de las dos agencias principales: CAPES y CNPq. El segundo, la modificación del sistema de evaluación del posgrado que, a diferencia del anterior, está asociado al ciclo de la política, siendo este el año de conclusión del Plan Nacional de Posgrado (2011-2020) (CAPES, 2011).
Reorientación de las políticas de fomento al desarrollo científico-tecnológico y a la formación de posgrado
Este tema se instala en el escenario universitario a través de medidas verticalistas establecidas por normativas del gobierno actual, lo que provoca reacciones de universidades, asociaciones científicas y sindicatos docentes y debe ser comprendido en el marco de las políticas de militarización y desfinanciamiento de la educación y la ciencia.
En marzo de este año, el MCTIC de Brasil publicó la Resolución n. 1.122 que define una agenda de temas prioritarios para el período 2020-2023, con los argumentos de contribuir con los sectores de mayor potencial en el desarrollo económico y social del país y de racionalizar recursos presupuestarios y financieros, alineado con el Plan Nacional Plurianual para el período 2020-23 (MCTIC, 2020). La medida establece como prioritarios los proyectos de investigación, desarrollo e innovaciones en cinco áreas de Tecnologías: Estratégicas (Espacial, Nuclear, Cibernética, Seguridad Pública y de Frontera), Habilitadoras (Inteligencia Artificial, Internet de las cosas, Materiales Avanzados, Biotecnología y Nanotecnología); de Producción (Industria, Agronegocios, Comunicaciones, Infraestructura y Servicios), para el Desarrollo Sustentable (Ciudades Inteligentes y Sustentables, Energías Renovables, Bioeconomía, Tratamiento y Reciclaje de Residuos Sólidos, Tratamiento de la Contaminación, Monitoreo, Prevención y Recuperación de Desastres Naturales y Ambientales, Preservación Ambiental) y para la Calidad de Vida (Salud, Saneamiento Básico, Seguridad Hídrica y Tecnologías Asistidas).
Exigen especial atención los argumentos presentados en esa normativa para fundamentar la elección de esas áreas. La primera porque “abarca aspectos de soberanía nacional” y objetiva “la reducción de la dependencia tecnológica externa y la ampliación creciente y continua de la capacidad de defensa del territorio nacional”; la segunda por “contribuir a una base de innovación en productos intensivos en conocimiento científico y tecnológico”; la tercera vinculada a la “competitividad y productividad de sectores vinculados a la producción de riquezas en el país”, la cuarta porque aporta “al desarrollo económico, social y de preservación ambiental” y la última porque contribuye a “la mejora de oferta de productos y servicios esenciales para una parte significativa de la población brasileña” (MCITC, 2020).
La publicación de esa medida produjo el inmediato posicionamiento de las asociaciones científicas y de los sindicatos universitarios solicitando la derogación de la medida. Ante el movimiento producido, una segunda publicación del decreto incluyó de forma marginal y subordinada a las áreas del conocimiento que habían sido totalmente eliminadas: la investigación básica, las humanidades y las ciencias sociales, incorporadas con la condición de contribuir para el desarrollo de las áreas tecnológicas prioritarias (MCITC, 2020b).
A este direccionamiento del fomento a una ciencia utilitarista al servicio del capital y a la doctrina de la seguridad nacional, con la subordinación del financiamiento a la investigación básica, en ciencias humanas y sociales a las áreas tecnológicas anteriormente presentadas se suma la reorientación de la política de distribución de las becas para la formación de posgrado stricto sensu (maestría y doctorado), históricamente reconocida en Brasil por su nivel de inversión y direccionamiento a todas las áreas de conocimiento. La Resolución n. 34 de marzo de este año de la CAPES/Ministerio de Educación ha establecido la disminución de esas becas a través de porcentajes que establecen techos y pisos según la categorización de los programas en el sistema de evaluación (CAPES, 2020), produciendo a través de una normativa confusa la reducción general del número de becas de posgrado. La otra principal agencia financiadora de esas becas, el CNPq, también redefinió sus criterios de distribución y actualmente el financiamiento por cupos según las evaluaciones ha sido sustituido por convocatorias de esa agencia para la presentación y competición entre programas a través de presentaciones institucionales.
La reforma del sistema de evaluación del posgrado stricto sensu
En la etapa de finalización del PNPG 2011-2020 una Comisión Asesora (CA) de especialistas nombrados por la CAPES realizó un estudio que concluyó con la publicación de informes para la mejora del sistema nacional de evaluación, en el que se explicita el agotamiento del sistema evaluativo actual y la necesidad de ser repensado y mejorado, conceptual y objetivamente (CAPES, 2018; 2020). Dada la centralización del gobierno del sistema de posgrado y la repercusión directa que tienen las medidas que la CAPES implementa, el tema se instala con fuerza en el clima altamente competitivo generado por el dispositivo evaluador que regula el posgrado y que define prestigio y acceso a recursos financieros destinados a los Programas.
El nuevo modelo de evaluación propuesto por la CA y aprobado por el Consejo Superior de la CAPES establece el pasaje de una evaluación unidimensional con una categoría única por Programa (notas 3 a 7) a una evaluación basada en cinco dimensiones: Formación de Personal; Investigación; Innovación y Transferencia de Conocimiento; Impacto en la Sociedad e Internacionalización, denominado modelo multidimensional (CAPES, 2018; 2020). El diagnóstico presentado apunta a la necesidad de readecuar un Sistema Nacional de Posgrado, principalmente dedicado a la formación de docentes e investigadores para el propio sistema de Educación Superior a una actuación en la formación de personal calificado para todas las áreas de la sociedad, con foco en el desarrollo económico, social y ambiental (CAPES, 2020).
La propuesta resulta interesante por mostrarse más flexible y menos homogeneizante en relación a las reconocidas diferencias de las áreas de conocimiento en los modos de hacer ciencia y en la formación de recursos humanos altamente calificados. Por otra parte, se distancia del productivismo académico fomentado por el actual modelo de evaluación, tendiente a la medición por número de publicaciones, sin considerar el conjunto de actividades que se desarrollan en los Programas de Posgrado, en un dispositivo que promete otorgar mayor relevancia a la dimensión cualitativa de las evaluaciones.
Así, entre otros aspectos, se contemplan un conjunto de indicadores que tienden a visualizar los efectos de la formación y la investigación, considerando no solo a docentes sino también a estudiantes y graduados/as, contemplando el impacto que esos espacios producen a través de sus acciones de formación, investigación y extensión, en su relación con la sociedad en su conjunto. En términos generales, este nuevo modelo de evaluación parece contemplar de forma más consistente la función social del posgrado aunque también parece atender cierta saturación del sistema universitario para absorber los doctores y magísteres graduados, tendencia que se verifica en estos últimos años. Aunque es necesario considerar que la redefinición verticalista de las políticas de fomento a la ciencia y a la formación de Posgrado ya presentadas y otras que puedan ser decretadas por el gobierno nacional, como la redefinición de la organización de áreas de conocimiento para la evaluación, condiciona fuertemente la implementación del nuevo modelo multidimensional.
REFERENCIAS
CAPES (2011). Plano Nacional da Pós-graduação 2011-2020. Disponible en http://capes.gov.br
___. (2018) Proposta de Aprimoramento do Modelo de Avaliação da PG. Documento Final da Comissão Nacional de Acompanhamento 2011-2020 – 10/10/2018. Disponible en http://capes.gov.br
___ (2020). Relatório 2019. Proposta de Aprimoramento da Avaliação da Pós-Graduação Brasileira para o Quadriênio 2021-2024 – Modelo Multidimensional. Disponible en http://capes.gov.br
___. (2020). Portaria n. 34, de 9 de março de 2020. Disponible en http://capes.gov.br
Costa, P. (Dir.). A democracia em vertigem. 2019. Filme.
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC (2020). Portaria n. 1122, de 19.03.2020. Disponible en http://cnpq.br