Fernando Svampa
CONICET/ Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), Argentina
Diego Aguiar
CONICET/ Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), Argentina
Introducción
Con el retorno de la democracia en Argentina, la historia del CONICET entre 1983 y 2016 refleja una trayectoria institucional que, lejos de ser estática, destaca por sus transformaciones constantes en los lineamientos de políticas científicas y formas organizativas, pero con funciones estructurales (de ejecución y, en menor medida, de promoción) que reflejan la tensión latente entre la cultura académica y la cultura burocrática. En un primer momento, se destaca una trayectoria institucional con un enfoque académico normativista durante la gestión de Carlos Abeledo (1983-1989), seguido de un academicismo corporativo en las administraciones de Raúl Matera y Eduardo Liotta (1989-1996). Posteriormente, continuó un academicismo reformista bajo la conducción de Juan Carlos Del Bello (1996) y, por último, un academicismo vinculacionista en el período 2003-2016 a partir de la presidencia de Eduardo Charreau (Svampa y Aguiar, 2024). Estas dinámicas influyeron directamente en las capacidades de gobernabilidad de la institución, es decir, en sus posibilidades para gestionar recursos, tomar decisiones estratégicas y adaptarse a cambios tanto internos como externos del sistema de Ciencia y Técnica (CyT).
En este marco, los cambios institucionales y organizacionales del consejo de investigación condicionaron la dinámica de gobernabilidad y se reflejaron en una distribución desigual de las capacidades de autoridad y autonomía relativa de los diversos actores internos del CONICET1, así como de los actores externos2 vinculados con la institución (Svampa y Aguiar, 2019). La CICyT no constituye tan solo un instrumento de ejecución científica de relevancia institucional, política y económica del CONICET, sino que desde sus orígenes representó una herramienta en la construcción de gobernabilidad con la universidad pública, como así también con otras instituciones de CyT. En este entramado, la universidad pública no puede ser entendida únicamente como un espacio pasivo de inserción de investigadores, sino como una contraparte activa en la configuración de la política científica en al menos tres dimensiones: i) institucional, al compartir con el CONICET la gestión de institutos de doble dependencia y otras estructuras de investigación que no forman parte del Consejo (centros e institutos universitarios que brindan sus espacios de trabajo a los investigadores de la carrera); ii) académica, al constituir el ámbito de docencia e investigación donde se forman y legitiman las trayectorias científicas; iii) política, al intervenir a través de sus órganos de gobierno y del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en la definición de prioridades y en las tensiones respecto a la orientación de la política científica3.
Teniendo en cuenta este contexto, el presente artículo se pregunta: ¿Cómo se expresaron las tensiones entre culturas académicas y burocráticas en el funcionamiento de la CICyT del CONICET y cómo influyeron en su relación con la universidad pública durante el período 1983-2016? Para abordar la problemática, este estudio utiliza una estrategia metodológica que combina fuentes primarias (entrevistas semiestructuradas a informantes del CONICET) con el análisis de fuentes secundarias documentales (actas y resoluciones del Directorio: bases de las convocatorias y resoluciones de ingresos) para el período 1983-2016.
Cultura científica, burocracia y poder en los consejos de investigación
Los consejos de investigación (como es el caso del CONICET) surgieron como instituciones a medio camino entre “un parlamento de científicos y una burocracia gubernamental” (Rip, 1996, p. 2). Se diseñaron como canales del patronazgo estatal de la ciencia para llevar a cabo la función de promoción, es decir, como organismos que administraban fondos para que los ejecuten terceros. Sin embargo, esta legitimidad tiene sus raíces en el discurso de la ciencia y la tecnología, una narrativa marcada por la constante tensión entre la autonomía y la subordinación a otras instituciones y grupos sociales, en un contexto de relaciones de poder moldeadas por momentos históricos específicos.
La cultura científica puede ser interpretada como un intercambio de significaciones heterogéneas, contradictorias e inconstantes en el tiempo, sostenida por diversos individuos y grupos sociales en un contexto de interacción, respecto a diferentes objetivos científicos en espacios sociales situados (Vaccarezza, 2009). En este marco, resulta de utilidad pensar las distintas influencias que esta tiene en las culturas políticas (Elzinga y Jamison, 1996), lo que destaca la relevancia de las culturas académicas y burocráticas al interior de las instituciones.
De este modo, entendemos que el CONICET ha representado un espacio de tensiones constantes e irresueltas entre la cultura académica y burocrática4, lo cual se ha plasmado tanto en el funcionamiento institucional, como en el diseño, ejecución y evaluación de políticas. Siguiendo este enfoque teórico, la configuración, el funcionamiento y la dinámica de la CICyT del CONICET no solo se debe a decisiones individuales basadas en análisis de costo-beneficio, sino que refleja aspectos estructurales y normativos que regulan y organizan los comportamientos grupales de los investigadores. Así también, el diseño de las políticas científicas en el CONICET atañe a las diversas formas de intervención del Estado para apoyar la investigación científica por medio de sistemas de financiamiento. En este marco, retomamos los planteos de Sagasti y Aráoz (1975) para entender a un instrumento de política científica y tecnológica (como la carrera de investigador del CONICET) en tanto dispositivo legal, estructura organizacional y conjunto de elementos operativos.
La creación de la CICyT del CONICET y sus principales cambios entre 1961-1983
En febrero de 1958, mediante el Decreto-Ley n.º 1.291/58, se creó el CONICET, un organismo autónomo del Estado, que dependía directamente de la Presidencia de la Nación. Según lo fundamentado en tal decreto-ley, se le asignaban las funciones de coordinar y promover las investigaciones científicas, para lo cual se le adjudicaron capacidades para programar y administrar un presupuesto anual, así como para establecer instrumentos y criterios para fomentar la investigación científica. La función de promoción de la investigación científica del CONICET se valdría de los siguientes instrumentos principales, en un comienzo: i) el financiamiento de proyectos de investigación y desarrollo (I+D), para lo cual era indispensable instalar un mecanismos de evaluación por pares y, asimismo, un sistema de categorización de los investigadores; ii) la CICyT, creada en 1961 y, posteriormente, la Carrera de Personal de Apoyo (CPA), establecida en 1965; iii) el sistema de becas internas y externas para la formación de investigadores; iv) la creación de institutos y centros regionales como ámbito del quehacer colectivo en un área de conocimiento.
Durante el período 1961-1973, la CICyT funcionó como un sistema de categorización de investigadores según el nivel de experiencia profesional y como un estipendio que complementaba el salario de los investigadores localizados en otras instituciones científicas y tecnológicas. En la práctica, el instrumento de promoción reforzaba el compromiso con la investigación científica y la labor docente tanto en las universidades públicas como en otros organismos de CyT (por ejemplo, INTA, INTI o CNEA)5. La CICyT del CONICET era un sistema piramidal, que concentraba la mayor parte de sus investigadores en las clases de ayudante, asociado y encargado de investigaciones, y pocos miembros en las clases de investigador principal, jefe de investigaciones y director de investigaciones.
En mayo de 1973, con la aprobación de la Ley N° 20.464, una reforma del estatuto situó a las carreras del Consejo –tanto CICyT como CPA– dentro del marco normativo del Estatuto y Escalafón del Personal Civil de la Administración Pública Nacional6. Con este cambio en el reglamento, se reemplazó el sistema de promoción o suplemento que caracterizaba a la CICyT por un escalafón y una normativa que acercó a los científicos al régimen de los empleados públicos. Esta modificación estableció las condiciones generales para que el personal científico contara con una elevada autonomía con respecto a los lineamientos y agendas políticas de las universidades públicas. Otro aspecto relevante implicado en esta reforma de estatuto fue el otorgamiento de la “dedicación exclusiva a la investigación científica” a los miembros de la CICyT, que los eximió nominalmente de obligaciones para ejercer la actividad docente. Ambos aspectos propiciaron la consolidación de un instrumento de captación de recursos humanos dedicados a la investigación, cuyas tareas y funciones empezaban a mostrar un distanciamiento cada vez mayor en relación con la práctica de la docencia y de las agendas universitarias.
Este distanciamiento entre el CONICET y las universidades públicas en relación con su vínculo a la actividad de investigación se acrecentó durante el período 1976 y 1983 con la última dictadura cívico-militar en Argentina. Aunque tanto en el CONICET como en las universidades públicas se aplicó una política similar de control y persecución ideológica, se observaron divergencias significativas en cuanto al presupuesto y funcionamiento de ambas instituciones (Bekerman, 2018). Durante estos años, por medio de una política de creación de institutos y contratación de personal de carrera, el Estado aplicó una política de significativa transferencia de recursos desde las universidades públicas al CONICET (Feld, 2015), que permitió centralizar la investigación científica –función principal de la CICyT– en el CONICET y, paralelamente, negarle a la educación superior toda vía de desarrollo de esta actividad (Bekerman, 2018). En cuanto al lugar de inserción de los investigadores de la CICyT, también se promovió la concentración de recursos en CONICET en desmedro de las universidades públicas, lo que implicó que muchos se desempeñaran en institutos de dependencia exclusiva del Consejo o en convenio con organismos privados, especialmente en la región metropolitana (Bekerman, 2010).
El retorno de la democracia y las limitaciones de la CICyT entre 1983-1989
En 1983, con el restablecimiento de la democracia en Argentina, el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín heredó serias limitaciones presupuestarias que afectaron a todos los sectores del Estado. A pesar de esta situación, la administración se propuso impulsar una política de democratización en el ámbito de la CyT, en la que se destacan las reformas implementadas en el CONICET durante la presidencia de Carlos Abeledo (1983-1989) y la gestión de Manuel Sadosky en la Secretaría de Ciencia y Técnica (SECyT).
En 1986, el nuevo Directorio del CONICET modificó el sistema de concurso y adjudicación de proyectos de investigación. Hasta entonces, los subsidios para investigación solían ser gestionados por los directores de institutos. Sin embargo, con esta reforma, los fondos comenzaron a ser destinados directamente a los grupos de investigación, a través de su asignación a los investigadores responsables de cada proyecto. Esta modificación no solo buscó una distribución más equitativa, sino que también reconfiguró el equilibrio de poder dentro del organismo: los directores de instituto vieron mermada su autoridad y autonomía en la administración de fondos, mientras que los grupos de investigación ganaron influencia y poder. En esta misma línea de cambios, el Consejo priorizó el fortalecimiento de sus programas y políticas de promoción, mediante el diseño y la implementación de nuevos instrumentos de financiamiento de proyectos de investigación científica en distintas áreas de conocimiento. Entre ellos, se destacan los Proyectos de Investigación y Desarrollo (PID), que estaban dirigidos a grupos de trabajo consolidados, y los Proyectos de Investigación Anual (PIA), orientados a equipos de reciente formación (Svampa y Aguiar, 2019). La característica principal de estos programas era que los fondos se asignaban de forma directa a los investigadores, tanto a los que pertenecían al CONICET como a aquellos que formaban parte de las universidades públicas y de organismos públicos o privados de CyT.
Para reforzar esta política de apoyo del CONICET a la investigación en las universidades públicas, se creó en 1988 el Sistema de Apoyo para Investigadores Universitarios (SAPIU)7. Este sistema no solo premiaba a los investigadores universitarios que se dedicaban tanto a la docencia como a la investigación, sino que también permitía a los miembros de la CICyT la oportunidad de migrar a categorías del SAPIU equivalentes al escalafón de la carrera de investigador del CONICET (Aguiar y Svampa, 2024). El SAPIU se configuró como un instrumento de promoción donde el investigador podía ejercer actividades de investigación y docencia sin necesidad de establecer una relación de dependencia directa con el Consejo, sino con la universidad que tuviera como lugar de trabajo8. Así también, a través de la resolución N° 1.299 de 1988, el Directorio del CONICET reglamentó el Programa de Apoyo a los Núcleos Universitarios de Investigación (PROANUI) para fortalecer a las universidades a través de vínculos de las unidades académicas universitarias con investigadores del CONICET. De esta forma, se pretendía resolver las dificultades enfrentadas por estas casas de estudio al momento de consolidar unidades académicas para la investigación, acumulación y formación de recursos humanos. El PROANUI estaba destinado a los investigadores de CICyT interesados en contribuir a la mejora de la formación de recursos humanos de las universidades. Este programa vinculaba a los investigadores con grupos de las universidades interesados en labores científicas, para promover de este modo el trabajo conjunto (desde tareas ligadas a la organización de una conferencia, hasta la dirección de tesis de maestría y doctorado). Sin embargo, las distintas estrategias para diversificar las oportunidades de empleo de los investigadores de la CICyT resultaron insuficientes. Los contratos de consultoría, los convenios de investigación y desarrollo con el sector privado, las iniciativas legislativas sobre vinculación tecnológica, el sistema de apoyo a la investigación universitaria, representaron propuestas de cambio en relación con las posibilidades de investigación, pero no lograron, no obstante, contrarrestar las consecuencias de la desvalorización del salario de los investigadores en el marco de la crisis económica de la década del ochenta.
El contexto universitario en la década del ochenta evidenció una tendencia a la “autonomía fragmentada” (Erreguerena, 2017, p. 30), con hegemonía del radicalismo en las veintiséis instituciones universitarias de gestión estatal. Con la creación del CIN en 1985, había iniciado un proceso que otorgó a los rectores de las universidades una representación institucional9. En este marco, la acción reparadora del Estado debía estar enmarcada en políticas institucionales que reforzaran los canales de vinculación entre las universidades públicas y el CONICET a partir de convenios de colaboración académica, que fueron una vía privilegiada para orientar la relación interinstitucional.
Contramarchas y reformas en el CONICET durante el periodo 1989-2002
A partir de la entrega anticipada del gobierno de Alfonsín a Menem a mediados de 1989, se reconocen procesos de gobierno marcadamente diferentes en el CONICET entre 1989-2002 (Svampa y Aguiar, 2024). Durante el primer período (1989-1995), el CONICET experimentó la impronta de la cultura científica corporativa en las gestiones de Raúl Matera y Domingo Liotta. Ambas administraciones enfatizaron la promoción de los intereses corporativos dentro de la institución. Esta fase estuvo caracterizada por una tensión evidente entre lo público y lo corporativo, reflejada en la preferencia hacia ciertos grupos de interés dentro del Consejo y nucleada en torno a la política de creación de institutos. En lo que respecta a la CICyT, el distanciamiento entre el CONICET y las universidades volvió a profundizarse durante las gestiones de Matera y Liotta, que ejercieron una política que desarticuló instrumentos como el SAPIU y el PROANUI.
En cambio, durante el segundo período administrativo (1996-1999) se desarrolló un proceso de modernización tecnocrática, en el que dominaron las prerrogativas de la cultura académica con tendencias reformistas. En 1996, Juan Carlos del Bello fue nombrado secretario de la SECyT, cargo que ocupó hasta el fin del mandato presidencial de Carlos Menem10. Simultáneamente, Del Bello se desempeñó como interventor del CONICET hasta su normalización en 1997, con la conformación de un nuevo Directorio bajo la presidencia de Enrique Stefani. La nueva gestión de la SECYT, bajo la conducción de Del Bello, impulsó un conjunto de reformas orientadas a diferenciar las funciones de diseño, promoción y ejecución de las políticas de CyT. En este esquema, la SECYT asumió el rol de planificación, mientras que el CONICET, los centros tecnológicos y las universidades quedaron a cargo de la ejecución. En este marco, se creó la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT), encargada de la promoción de la CyT, integrada por el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT) y el Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR). Con la intervención del CONICET durante la gestión de Del Bello, se dispuso su reorganización con el propósito de mejorar la eficiencia de su estructura a partir de la definición explícita de funciones y responsabilidades de las distintas áreas del organismo, en función de misiones institucionales específicas. En este marco, se reformó nuevamente la carta orgánica del CONICET (por tercera vez durante la década del noventa) y se modificó la composición del Directorio11. Tras la intervención, el CONICET atravesó una etapa de inestabilidad marcada por la rotación de presidentes de corta duración. Durante el gobierno de la Alianza (1999-2001), la SECyT pasó a la órbita de la Presidencia y Dante Caputo asumió como su secretario, con una gestión conflictiva y escaso diálogo con la comunidad científica. Durante esos años, la breve presidencia de Pablo Jacovkis en el CONICET se vio afectada por el rechazo a un programa para el financiamiento y la organización del sistema de CyT que proponía unificar las categorías de la CICyT y reducir los salarios. La oposición y las críticas de los investigadores de carrera impidió su implementación, profundizando la tensión entre la cultura académica y la burocrática en el organismo.
Por su parte, las universidades públicas mantuvieron una lucha constante en defensa de su autonomía, mostrándose refractarias a las políticas de ajustes y constreñimientos externos propias de la década del noventa, como, por ejemplo, la introducción de sistemas de evaluación y acreditación. El proceso de debilitamiento de la investigación en el ámbito universitario no se revirtió en los años noventa, por el contrario, se radicalizó (Oregioni y Sarthou, 2013; Bekerman, 2018). El gobierno de Carlos Menem, bajo el lineamiento político del “Consenso de Washington” y los organismos internacionales de financiamiento, impulsó una agenda de “homologación internacional” del sistema de educación superior, priorizando el modelo del “sistema nacional de innovación” (Unzué y Emiliozzi, 2017).
En este contexto, la Ley de Educación Superior (LES), sancionada en 1995, introdujo una serie de reformas con una marcada lógica de mercado. Se implementaron mecanismos competitivos de evaluación estatal a las universidades a través de iniciativas como el Programa de Reforma de la Educación Superior (PRES) y su Fondo para el Mejoramiento de la Calidad (FOMEC), además de la creación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), que propició reformas en el sistema de becas doctorales y postdoctorales del CONICET. El 29 de octubre de 1997, por medio del Acta N° 13, el Directorio introduce cambios en el reglamento de becas en base al artículo N° 25 del Decreto N° 1.661/96, en lo que atañe a los criterios de admisión, permanencia y de valoración de becarios. Para ello, se reemplazaron los reglamentos vigentes, que involucraban tanto las becas internas como externas, para fortalecer el concepto de beca como estipendio para la formación de posgrado a nivel doctoral (por cinco años) y postoctoral (por dos años). Por otro lado, si bien el Programa de Incentivos a los docentes-investigadores buscó fomentar la investigación en la docencia, estas medidas fueron percibidas por las universidades tradicionales como una seria amenaza a su autonomía, en un contexto donde se evidenciaba la expansión de las universidades privadas y la introducción de lógicas de mercado en el sector público. En este sentido, el distanciamiento del CONICET con respecto a la educación superior se complementó con un conjunto de políticas orientadas a desfinanciar las universidades públicas en favor de programas que las compelían a adecuarse a las demandas del mercado.
Crecimiento de la política de ejecución del CONICET y vinculación con las universidades (2002-2016)
Con el nombramiento de Eduardo Charreau en 200212, el CONICET comenzó un periodo de estabilidad y convergencia de intereses con la comunidad académica y en los vínculos con la SECyT. Se implementó el Programa Estratégico para el Desarrollo Institucional (2005-2008), que incluía metas como identificar necesidades de investigadores, promover la investigación junto a la ANPCyT por medio del financiamiento de proyectos, atraer jóvenes investigadores y fortalecer la infraestructura. La capacidad de dar respuesta a las demandas de la comunidad científica del CONICET por parte del Directorio y su presidente, fortaleció los niveles de legitimidad de la administración ante la SECyT y los investigadores de CICyT. En este contexto, la agenda política del CONICET se orientó a fortalecer los instrumentos de ejecución, como las becas, CICyT y creación de institutos de doble pertenencia en conjunto con las universidades públicas. Sin embargo, esta política de crecimiento tendió a profundizar la concentración de recursos y capacidades científicas en la zona central del país. Este fenómeno exacerbó las desigualdades territoriales existentes, como han documentado varios estudios (Jeppesen et al., 2015; Unzué y Emiliozzi, 2017; Niembro, 2020). En este sentido, se produjo un crecimiento tanto en términos absolutos como relativos de los investigadores del CONICET respecto de la cantidad de investigadores universitarios (Míguez, 2016).
Gráfico N° 1. Evolución de la cantidad de miembros de la CICyT entre 1976 y 2016 en valores absolutos
Fuente: Elaboración propia a partir de documentación oficial (CONICET, 1989, 2006, 2022).
Como se muestra en el grafico N° 1, durante el periodo 1976-2016, la CICyT del CONICET experimentó un crecimiento notable, con variaciones en diferentes períodos: acelerado bajo la última dictadura 1976-1983 (91.39%), desacelerado en 1984-1989 (36.42%), constante y sostenido en 1990-2003 (53.41%), variable en 2004-2010 (42.30%), y estable en 2011-2016 (45.07%). Sin embargo, a pesar del crecimiento cuantitativo de los miembros de la CICyT, este ha tendido a una distribución geográfica de los investigadores de carrera caracterizada por la concentración en las provincias y regiones con un mayor desarrollo social y económico productivo relativo del país (Jeppesen et al., 2015). En este sentido, las políticas de CyT han abordado periféricamente la problemática de la federalización del sistema científico-tecnológico, al menos hasta 2010, cuando comienza a evidenciarse un aumento de la preocupación al respecto (Niembro, 2020). El desarrollo de la educación superior en Argentina ha seguido un patrón vinculado tanto al crecimiento social y económico como a las particularidades histórico-institucionales de cada provincia. En términos de distribución territorial, la oferta universitaria muestra una marcada concentración en la región Centro y, especialmente, en CABA y la Provincia de Buenos Aires (Niembro, 2020; Beigel et al., 2018). Aun así, la expansión del sistema en las últimas décadas ha contribuido a consolidar una oferta creciente de recursos humanos altamente calificados (Lugones et al., 2010).
Cuadro N° 1. Distribución de los miembros de CICyT según lugar de trabajo para los años 1986, 1996, 2007 y 2016. En frecuencia y porcentaje
| Año | Total de miembros de CICyT | Institutos de CONICET (exclusivos y dependencia compartida) | Institutos exclusivos de universidades (nacionales y provinciales) | Otros organismos CyT públicos y privados | TOTALES % |
| 1986 | 2.149 | 55% (1.180) | 40% (859) | 5% (110) | 100 |
| 1996 | 3.203 | 58% (1.860) | 37% (1.183) | 5% (160) | 100 |
| 2007 | 4.526 | 45,2% (2.046) | 42,5% (1923) | 12,3% (557) | 100 |
| 2016 | 9.981 | 71,1% (7.085) | 21,3% (2125) | 7,6% (759) | 100 |
Fuente: Elaboración propia a partir de los actos administrativos del Directorio e informes de gestión interna (1986, 1998, 2006 y 2017) suministradas por la Gerencia de Evaluación y Acreditación del CONICET.
El análisis de la distribución de los miembros de la CICyT según lugar de trabajo entre 1986 y 2016 permite observar la dinámica inserción institucional de los investigadores del CONICET. Durante los primeros años del período democrático, la mayor parte de los miembros de CICyT se ubicaban en institutos propios o de dependencia compartida con las universidades, con un 55% de ellos radicados en las unidades ejecutoras de CONICET y un 40% en unidades de investigación pertenecientes a las universidades en 1986, tendencia que se mantuvo hasta 1996. Este patrón evidencia una política compartida entre el Consejo y las universidades públicas en lo que respecta a la ejecución científica. Hacia 2007, se observa un cambio significativo: la participación de los investigadores en los institutos propios del CONICET disminuyó a 45,2%, mientras que la inserción de los miembros de carrera en universidades se mantuvo relativamente estable (42,5%), acompañada de un aumento en otros organismos de CyT hasta 12,3%. Esta fase puede interpretarse como un indicio de diversificación de la inserción institucional dentro del Sistema Público de Investigación (SPI), fomentando la presencia de investigadores de la CICyT en distintos ámbitos de investigación y fortaleciendo la cooperación con actores externos. Sin embargo, los datos del 2016 muestran un proceso de concentración, con el 71,1% de los investigadores ubicados en institutos propios del CONICET y solo el 21,3% en universidades. Esto indica un fortalecimiento de la centralidad del Consejo en la ejecución científica, donde la CICyT funciona como un instrumento que articula la agencia individual de los investigadores con la lógica estructural de la organización. Por un lado, los investigadores mantienen vínculos académicos con las universidades; por otro, se insertan estratégicamente en los institutos propios del CONICET y en otros organismos de CyT.
Reflexiones finales
La CICyT del CONICET, desde su creación en 1961, ha sido un pilar fundamental del sistema de investigación argentino, aunque su dinámica ha estado marcada por una compleja y cambiante relación con las universidades públicas. A lo largo del tiempo, se han observado periodos de acercamiento y separación entre ambas instituciones, cada uno influenciado por distintos contextos políticos y económicos. Con el retorno de la democracia en 1983 se buscó fortalecer la vinculación entre el CONICET y las universidades, pero este proceso se vio frustrado por las políticas de los años noventa. Las reformas impulsadas por la LES de 1995, junto con la introducción de lógicas de mercado y la creación de mecanismos como la CONEAU, generaron un contexto de competencia y distanciamiento, lo que fue percibido por las universidades como una amenaza a su autonomía.
A partir de 2003 y hasta el 2016 (año de corte del análisis para este trabajo), se observa un cambio de rumbo con un esfuerzo concertado por revalorizar y fortalecer el vínculo CONICET-universidad pública. Esto se materializó en el desarrollo de institutos de doble pertenencia, becas y la propia carrera de investigador. Sin embargo, a pesar de este esfuerzo, la distribución de los investigadores de la CICyT muestra una tendencia a la concentración en institutos propios del CONICET. Esto sugiere que, si bien se fortaleció la carrera de investigador y se le proporcionó estabilidad, la relación de dependencia y la centralidad de la investigación en los institutos del CONICET se ha consolidado por sobre el rol de las universidades en la gestión de la investigación. La relación entre el CONICET y las universidades refleja tensiones persistentes entre la cultura académica y la burocrática: mientras las universidades actúan como contrapartes activas en la formación, legitimación y definición de políticas científicas, el CONICET tiende a concentrar funciones de ejecución y control, consolidando su centralidad institucional y reforzando lógicas burocráticas. El papel de las universidades es crucial en tres dimensiones: institucional, al gestionar institutos de doble dependencia; académica, al legitimar trayectorias científicas y formar investigadores; y política, al intervenir en la definición de prioridades de la ciencia nacional, junto con las Secretarías de Ciencia y Técnica y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Considerando los desafíos actuales y las oportunidades de la CICyT del CONICET, se proponen las siguientes recomendaciones para potenciar su rol en el desarrollo nacional:
- Orientar un porcentaje significativo de los ingresos de la carrera hacia problemas prioritarios: El criterio fundamental para la incorporación de nuevos investigadores debería priorizar la resolución de los grandes problemas del país. Esto implicaría, por ejemplo, alinear una parte de las convocatorias con los diez desafíos nacionales y con las agendas provinciales del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030.
- Impulsar la federalización: Se sugiere que un criterio clave de ingreso a la CICyT sea el apoyo a candidatos que trabajen en provincias con escasa presencia de investigadores o menor desarrollo relativo. Una distribución geográfica más equitativa podría fomentar el progreso local y regional.
- Valorizar la transferencia de conocimiento: Se debe dar mayor peso, tanto en el ingreso como en la promoción de la carrera, a las actividades de transferencia, consultoría, servicios, extensión y comunicación pública de la ciencia. Aunque esto se ha planteado discursivamente, los criterios para favorecer perfiles más aplicados aún no se han materializado en la mayoría de las comisiones asesoras.
- Articular con las universidades: Desde la Subsecretaría de Políticas Universitarias, se debería financiar anualmente un aumento de las dedicaciones completas en las universidades nacionales, especialmente en las provincias con menor concentración de investigadores de la CICyT. Esto se complementaría con los ingresos a la CICyT del CONICET, articulando las políticas de ambos organismos. La línea de Fortalecimiento de I+D+i del CONICET en las universidades ha sido un instrumento valioso en este sentido en teoría, pero con pocos ingresos anuales en comparación con la línea general de ingreso a la carrera.
- Fomentar la planificación estratégica: Se propone que los institutos del CONICET, de doble dependencia y centros universitarios con investigadores de la CICyT y de las universidades, participen en convocatorias con financiamiento para elaborar planes a cinco años. Estos planes deberían detallar cómo se avanzará en el desarrollo de conocimientos y tecnologías para resolver los desafíos nacionales y avanzar en las agendas provinciales del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030.
Notas
1 Nos referimos a los actores organizados en los diferentes niveles y/o espacios del CONICET entre 1983-2016: i) Dirección: Presidente y Directorio; ii) Gestión: Departamentos y Gerencias; iii) Evaluación: Comisiones Asesoras Disciplinares y Junta de Calificación y Promoción; iv) Gestión e Investigación: Directores de Institutos; v) Investigación: Becarios, CICyT y CPA.
2 Nos referimos a: i) los secretarios de la SECyT y, posteriormente los ministros, del MINCyT; ii) Rectores y vicerrectores de las universidades públicas.
3 Así también, a partir del retorno de la democracia en Argentina se produjeron cambios significativos en la relación del CONICET con la Secretaría de Ciencia y Técnica (SECyT) entre 1983-2006 y con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT) a partir del 2007.
4 Según Elzinga y Jamison (1996), la cultura académica puede entenderse como un sistema de normas, valores y comportamientos orientados a la búsqueda y preservación de la autonomía científica por parte de los investigadores. En contraste, la cultura burocrática se configura como un sistema de recursos de acción y prácticas vinculadas al ejercicio de funciones administrativas, asociado a intereses que pueden ser complementarios o externos al campo estrictamente científico.
5 INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria; INTI: Instituto Nacional de Tecnología Industrial; CNEA: Comisión Nacional de Energía Atómica.
6 Según el Artículo 3º de la Lye Nº 25.164, el régimen comprende a las personas que, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente, presten servicios remunerados en dependencias del Poder Ejecutivo Nacional, inclusive entidades jurídicamente descentralizadas.
7 Resolución N° 2.275 del Directorio del CONICET el 23 de diciembre de 1987.
8 El SAPIU estructuraba a los investigadores en categorías jerárquicas: desde una categoría inicial con inserción bajo dirección (Categoría I), pasando por niveles intermedios de creciente independencia académica (Categorías II a V), hasta perfiles especializados orientados a la transferencia y desarrollo técnico-metodológico (Profesional Especial y Profesional Superior), todos ellos con radicación institucional en universidades y sin relación de dependencia directa con el CONICET.
9 Cabe aclarar que, antes de la creación del CIN, existieron cinco ámbitos de coordinación de las universidades públicas: i) el Consejo Nacional Universitario (1947-1955); ii) el Consejo Interuniversitario (1957-1967); iii) el Consejo de Rectores (1967-1973); iv) el Consejo de Rectores de Universidades Nacionales (1977-1983); y v) el eventual organismo creado con la Ley 20.654/74 del peronismo, bajo la dependencia del Ministerio de Educación (Erreguerena, 2017, p. 33).
10 Simultáneamente, Del Bello se desempeñó como interventor del CONICET hasta su normalización en 1997, con la conformación de un nuevo Directorio bajo la presidencia de Enrique Stefani.
11 El Directorio estaría compuesto por ocho miembros y un Presidente. Cuatro miembros surgían de ternas electas por votación directa de la CICyT, representando las grandes áreas del conocimiento, mientras que los otros cuatro provenían de ternas propuestas por el agro, la industria, las provincias y las universidades. El Presidente, por su parte, era propuesto por el Ministerio de Educación y designado por el Poder Ejecutivo.
12 La gestión de Eduardo Charreau finalizó en el 2008.
Referencias
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