NOTICIAS DE LA REFORMA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO: un balance previo y lo que falta.

Axel Didriksson T.

Universidad Nacional autónoma de México (UNAM)
Coordinador de la Cátedra UNESCO

INTRODUCCIÓN

Una ruptura ocurrió en México entre 2017 y 2018 con la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Esto significó un acontecimiento inédito, no representaba la continuidad del viejo régimen priísta bajo una nueva cara, ni tampoco una alternancia como se presentó con los gobiernos del PAN. Fue la primera demostración de un acontecimiento electoral y del arribo de un programa de gobierno popular y de izquierda que no había acontecido desde la revolución mexicana de principios de siglo XX. 

Desde una perspectiva histórica, en tiempos de paz relativa y de una contienda electoral imprevisible, nunca se había visto una elección nacional en donde el candidato de la oposición llegara al poder con una absoluta mayoría inconcebible. Sí se había vivido una suerte de recambio entre partidos de derecha tradicionales, que habían compartido poderes amplios o parciales por contar con programas semejantes a nivel de gubernaturas o de la presidencia, como lo fueron los actores políticos del PRI y del PAN, durante décadas. El tsunami de Andrés Manel López Obrador fue diferente y contundente. No se trató de una elección de alternancia entre ideologías similares o casi idénticas en sus intereses fundamentales, sino de una ruptura.

Esto ha posibilitado impulsar una verdadera reforma educativa que se ha logrado organizar y construir desde el nivel más alto de la inteligencia organizada, del conocimiento, de la ciencia, de las humanidades y de la tecnología. Una política educativa que ha comenzado, como en todo el mundo, con la reforma legislativa de leyes que han conducido a sendos programas de gobierno y que ha permitido definir rumbos estratégicos en un lugar, como lo es el educativo y el universitario, que requiere de visiones de largo plazo, no de corto plazo determinado por facturas administrativas y ocurrencias o modas pedagógicas de un período de gobierno. Aquí se está inaugurando una verdadera política de Estado en materia educativa. 

Contar con las condiciones para una verdadera reforma en el subsistema de educación superior es una cosa, y otra hacerla posible. Este punto es el tema central de este trabajo, esto es, las bases sobre las cuáles se está llevando a cabo el proceso de transformación de una nueva etapa de la historia del país respecto de los contenidos, la organización, los fundamentos, las metas, objetivos, principios y políticas de la universidad mexicana. En la perspectiva de una transición que inició en 2018 que está en marcha y que tiene como sustento el cambio de régimen de uno neoliberal a otro popular y democrático, en donde están puestas las bases de su transformación holística y sistémica, pero en donde se requiere ahora empezar a debatir y asumir una agenda de transformación de muy alto nivel y de gran altura de visión y de futuro. Y es eso en donde está concentrada ahora la discusión sobre la nueva política fundacional del actual periodo nacional, la que se enmarca en la denominada Cuarta Transformación (4T) del país, en la educación superior y universitaria.

La principal tesis que se sostiene, entonces, es que la gran transformación en el sistema educativo y universitario en lo particular, está directamente relacionada con el cambio de un régimen político, de una visión de Estado y de las estrategias que componen el núcleo de prioridades y de atención de una determinada coyuntura política, económica y social que tiene una visión de futuro y que busca, y comprende, por supuesto, que las grandes transformaciones no ocurren en el lapso de un período gubernamental por más relevantes que éstas se presenten, sino que deben estar estrechamente enraizadas y articuladas a una visión de nuevo país, de un proyecto de nación y de una nueva vinculación entre los factores centrales de una sociedad de bien común. Además, de la comprensión del significado de que la educación superior es un bien social y un bien público; esto es, de un derecho humano universal que debe ser garantizado por el Estado y que se debe directamente a la sociedad, a la resolución de sus grandes temas y problemas, tanto nacionales como planetarios, locales y regionales, en la perspectiva de que el conocimiento que se produce y difunde no tiene límites, sino solo puentes que rebasan las fronteras.

Para ello, se ha planteado que la prioridad debe ser la superación de los presentes niveles de desigualdad, que se expresan en un sistema socialmente segmentado y profundamente inequitativo, y que esto se ha reproducido en el tiempo por procesos familiares, económicos, culturales que surgen de las condiciones socioeconómicas generales que salen y entran por y desde la escuela. 

En México, el 51% de las niñas, niños y adolescentes viven en condiciones de pobreza, y entre ellos 4 millones sobreviven en la pobreza extrema. Sus condiciones educativas son ínfimas y se encuentra fuera de sus posibilidades acceder a ella o permanecer entre sus diferentes niveles durante un tiempo largo, y no digamos “durante toda la vida”. La educación de la madre ha sido un factor clave para la reproducción de esta condición de atraso y segmentación social y educativa. Una madre con educación de nivel superior hace posible que el 82.1% de sus hijas e hijos se mantengan en la escuela, mientras que más de la mitad de las cohortes generacionales cuya madre no cuenta con educación se mantienen en riesgo de terminar su educación básica o media superior, y esto se agudiza en el sector poblacional rural e indígena, como puede entenderse.

De acuerdo con los datos oficiales¹, de cada 100 niñas y niños en edad de cursar el nivel de educación primaria, 98 ingresaban a su primer año, pero solo 86 concluían los seis grados del mismo. De estos 86, sólo 62 concluían el tramo siguiente de educación secundaria, 46 lograban ingresar al bachillerato (15-16 años de edad como promedio) y de ellos 13 concluían el nivel de licenciatura o de educación superior (18-24 años de edad). Durante los años de la pandemia del Covid-19 (2020-2022), las cifras se agravan en los sectores de mayor vulnerabilidad y de situación socioeconómica más baja, y de manera especial entre los sectores de población que están en la periferia de las grandes y medias ciudades. Como paradoja, el mayor nivel de educación no garantiza el acceso a un mejor trabajo o a uno más estable y formal, por el contrario, entre la población con educación superior es relativa la posibilidad de encontrar un empleo y contar con mayores posibilidades de ascenso social: la reproducción de la segmentación entre las clases sociales es implacable².

En el año 2022 se contaba con 4 millones 685 mil 199 estudiantes en la educación superior del país, lo que significa un aumento de 66 mil 428 estudiantes respecto de 2001. En las IES de tipo privado había 1 millón 725 mil 20 estudiantes, y respecto de 2021 se tenía alcanzado una variación de 59.749 estudiantes³, lo cual fue considerado como un aumento moderado durante estos años, con todo y el impacto de la pandemia del Covid-19 en las familias mexicanas. Sin embargo, respecto al tipo de instituciones, las que resintieron una mayor baja en su matrícula fueron las del tipo tecnológico y politécnico. Respecto del crecimiento entre IES públicas y privadas, se pudo comprobar una tasa de incremento más o menos parecida, de entre 54 mil (públicas) y 52 mil (privadas) de diferencia. Esta relativa diferencia se incrementa cuando se observan las tasas de crecimiento en este periodo en el nivel de posgrado, en donde las IES privadas alcanzaron un mayor crecimiento (7.222 estudiantes más) que las públicas (4.349), aunque en las IES privadas la tasa de abandono durante el ciclo 2020-2021 fue mayor (sólo con una diferencia de 1.9 puntos respecto de las instituciones públicas).

La desigualdad en México es alarmante. En lo particular, la tasa de desigualdad en la educación superior fluctúa entre un 60 y 70% de diferencia de oportunidades tan solo en el ingreso, en relación con los quintiles socio-económicos respectivos, y esta condición de desigualdad abismal se ha profundizado durante las últimas décadas. Así, el 45% del grupo etario correspondiente a un nivel medio y medio alto de ingresos tiene la posibilidad de acceder a la educación superior, mientras que solo puede hacerlo el 11% de los pobres de las zonas urbanas y el 3% del perteneciente a las zonas rurales.

Por ejemplo, entre 1990 y 2016, el número de instituciones públicas de educación superior creció en 114%, pero el de instituciones privadas fue de 450%: esto hace que México sea el país con la mayor expansión del sector privado a nivel mundial. No es que se tenga la tasa de concentración de la oferta privada más alta, eso ocurre en países como Brasil, Colombia, Chile u otros de América Latina, sino que es el país que ha tenido el mayor dinamismo de crecimiento de la mercantilización en la educación superior en tan sólo un par de décadas. Además, una importante cantidad de estas escuelas privadas no cuenta con el registro formal indispensable para impartir educación superior, ya no digamos para hacerlo con la calidad que se requiere: solo 3 mil programas de este nivel están registrados en la SEP, mientras que hay 20 mil que no lo están y operan de alguna manera fraudulenta o irregular.

Lo anterior se agrava al relacionar estas condiciones de desigualdad en su relación con los distintos segmentos de mercado laboral, que afecta a los que solo cuentan con el bachillerato o con una licenciatura (terminada o no). Mejora la relación egreso-mercado laboral formal con quienes cuentan con relaciones sociales de los quintiles más altos del ingreso, con un mayor capital cultural, viven en zonas urbanas altas y cuentan con un posgrado.

México ocupa uno de los últimos lugares entre los países de la OCDE en gasto por alumno en la educación superior, y ello conlleva condiciones negativas en la permanencia y egreso: alrededor del 50% de quienes logran ingresar a este nivel educativo termina con el 100% de todos los requisitos exigidos en el plan de estudios de su área.

En términos de la organización de lo que se aprende y enseña, en lo general, las estructuras de las instituciones públicas y privadas mantienen una gestión de tipo profesionalizante y disciplinar, y las innovaciones académicas de tipo trans o interdisciplinario son escasas, así como la función de investigación que se concentra en unas cuantas universidades, sobre todo de tipo público, nacional, federal o estatal. La relación investigación-innovación en contexto de aplicación de alta complejidad también es pobre y muy limitada.

Las universidades públicas concentran el grupo de instituciones de investigación más importante. Estas se encuentran beneficiadas con el apoyo que brinda el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) que cuenta con más de 30 mil académicos (21.5 personas por cada 100 mil habitantes). Este grupo pasó de 5 mil 700 personas en 1990 a 28 mil en 2018. Como becarios de investigación se cuenta con 450 personas. Por áreas de investigación, de estos 30 mil sólo 6.800 están en el área de ciencias sociales y humanidades.

Las capacidades de ciencia y tecnología por estados de la República son muy desiguales: el 50% de la inversión a programas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) se concentra en solo 5 o 6 estados⁴.

El tema del financiamiento fue y sigue siendo uno de los principales temas de mayor conflicto en la relación Universidad-Estado, dado que el subsidio público que se concentra en las universidades que tienen un régimen de autonomía o dependen fuertemente de los recursos de los gobiernos estatales⁵, han tenido que enfrentar durante décadas fluctuaciones en la cantidad que se les define por los distintos gobiernos. Además, nunca se ha logrado alcanzar el 1% respecto del PIB que fue acordado como necesario por la Cámara de Diputados desde hace años, y en algunos casos las condiciones de operación, año con año, han llegado a niveles alarmantes que, en por lo menos unas 12 de estas universidades, sobre todo de tipo estatal, sufren una condición de crisis fiscal y de operación que las ha conducido a la parálisis y a una serie de dificultades frecuentes.

LA REFORMA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL GOBIERNO DE AMLO

Superar los actuales niveles de desigualdad social es el principal reto para poder llevar a cabo una verdadera reforma educativa, y solo si esta llega a plasmarse en una política de Estado de carácter alternativa, intercultural, de bien público, con equidad y sustentabilidad en el mediano y largo plazos.

En una perspectiva comparada y desde los cambios que se están presentando, deben ubicarse los esfuerzos que se están realizando para definir una nueva reforma educativa en México, al poder tener un nuevo gobierno de corte progresista y antineoliberal, desde donde se están impulsando nuevas leyes en materia de educación superior, de conocimientos, de ciencia y tecnología que están poniendo el acento en lograr una mayor accesibilidad con gratuidad, para emprender una nueva reforma educativa nacional y alcanzar una necesaria soberanía científica.  

En base, entonces, a la experiencia del pasado, los términos del debate alrededor de la universalización, de la coordinación de un sistema de educación superior y su gratuidad -tal y como se plantea son los ejes de la reforma en la educación superior del actual gobierno-, deben pasar del discurso a la acción, a través de programas de mediano y largo plazos. Y, tan solo para agregar un elemento de coyuntura, en el panorama de falta de organicidad en las definiciones de las políticas de Estado, el actual sexenio ha estado marcado por la frecuencia y recurrencia de conflictos sociales en el sistema educativo, sobre todo ahora de tipo estudiantil y de mujeres (cuando antes lo que había sido tendencia frecuente se concentraba en el conflicto con el magisterio) todos ellos relacionados de una manera o de otra, con el tema de la gratuidad, el acceso o la violencia.

Los términos en los que se presentan las leyes de reforma educativa, tanto a nivel de la modificación del Artículo Tercero Constitucional, como de la Ley General de Educación Superior, se sustenta en principios y objetivos, en una visión y una política pública de reversión de las condiciones de atraso en el país, tal y como se han mencionado arriba, y que pretenden sustentar una gran transformación en el sistema educativo nacional. 

En el mes de mayo de 2019 fue aprobada la reforma constitucional del Artículo Tercero, que deroga la anterior intención de reforma de tipo neoliberal que nunca logró concretarse, para bien del país, y en esta nueva formulación se establece la obligatoriedad de la educación superior, la progresividad de la gratuidad en todo el sistema educativo (como ya se establece en algunos países de América Latina), y se plantea que el nivel superior de educación estará regido en los términos de las fracciones VII y X de este artículo constitucional.

En la Fracción VII se señala que “las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio[…] las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del Artículo 123 de esta Constitución, en los términos y las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden  con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere”.

En la fracción X del Tercero Constitucional, se señala que: “La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federales y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, en términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas”.

Para el nivel superior, también, se da cuenta de distintos artículos transitorios en donde se establece que: “Las legislaturas de los estados…tendrán el plazo de un año para armonizar el marco jurídico de la materia, conforme a este decreto”, y en el transitorio décimo cuarto, se dice que: “Para dar cumplimiento al principio de obligatoriedad de la educación superior, se incluirán los recursos necesarios en los presupuestos federal, de las entidades federativas y de los municipios, en términos de las fracciones VIII y X del Artículo Tercero de esta Constitución; adicionalmente, se establecerá un fondo federal especial que asegure a largo plazo los recursos necesarios para garantizar la obligatoriedad de los servicios a los que se refiere este artículo, así como la plurianualidad en la infraestructura”.

Con esta iniciativa de reforma educativa, se debe considerar que la inversión del gobierno de AMLO debe llegar al 1% en relación con el PIB al final de su sexenio, y además pasar del actual 39% del grupo etario correspondiente a ofrecer espacios al 55% de la población en este grupo, para ir acercando la tasa bruta de escolarización a un nivel de “universalización”. 

Para alcanzar estas metas, junto con otras de tipo más específico, durante el mes de octubre de 2019, fue abierta la discusión de la Ley General de Educación Superior (LGES), que sustituye a la Ley de Coordinación de la Educación Superior de 1978. 

Junto con la aprobación de un nuevo Artículo Tercero que deroga el ya referido del sexenio de Peña Nieto (PRI), así como de sus leyes secundarias, la LGES, se ubica como una de las iniciativas normativas y programáticas más avanzadas que se tienen a nivel de la historia del país, a nivel regional y de muchas similares en el mundo. En los términos en los que se presenta esta iniciativa que busca responder a la estrategia de una Cuarta Transformación histórica en el país, en donde se refrenda los principios discutidos de forma mayoritaria por los universitarios de América Latina y el Caribe en las Conferencias Regionales organizadas por la UNESCO⁶, únicas en el mundo tanto por sus dimensiones de participación como por los consensos y contenidos alcanzados⁷,  de que la educación superior es un bien público y social y un deber del Estado; de la garantía de la soberanía autonómica de las universidades y de la integralidad de un sistema articulado y regulado. Asimismo, refrenda la convicción de que la educación no es una mercancía, por lo que las instituciones privadas deben operar sin fines de lucro.

En este sentido, en la perspectiva de largo plazo de la reforma en la educación superior, se considera que el Estado es el garante de la progresividad de la inclusión para todas y todos a este nivel del sistema educativo y de su gratuidad, y que esto se lleve a cabo con el pleno respeto a los derechos humanos, a la equidad de género, a una formación que garantice un aprendizaje para toda la vida, la articulación de las ciencias, las tecnologías desde las humanidades, el deporte, la cultura y las artes, el diálogo de saberes y conocimiento y la responsabilidad social en el desempeño de la actividad académica. 

Se considera, en este sentido, que desde las funciones sustantivas de las universidades y de las instituciones de educación superior, se deben articular las mismas con el pleno desarrollo y el bienestar de las comunidades locales, regionales y nacionales, a través de una mejora continua de la calidad social de la educación superior, de su expansión y diversificación; de la promoción de programas afirmativos de inclusión, permanencia y de egreso, buscando la mejor y más estable inserción del egresado en el mercado laboral. Asimismo, se definen los recursos orientados al mejoramiento constante de la infraestructura y de la formación del talento humano. Esto deberá de ser correspondiente con la progresividad de la universalización de la educación superior, de su gratuidad y de la obligatoriedad de su acceso y permanencia.

Desde la perspectiva de sus fines y propósitos, se establece que todas sus funciones y tareas deberán orientarse hacia la coordinación horizontal a través de un sistema de educación superior y de investigación (este concepto de “coordinación” es el término que más aparece a lo largo y ancho de la Ley, pero como se ha visto, es el que resulta, de manera estratégica, más complicado).

Respecto de la cobertura en el nivel de educación superior, se proyecta pasar del 42.7% de la tasa bruta de escolarización (TBE) de 2020, al 50% para 2024, lo que representaría una población matriculada de 5.5 millones de estudiantes, y para 2040 llegar a alcanzar la tasa de universalización con el 65% de la TBE (6.7 millones de estudiantes). 

PASAR DE LO NORMATIVO A LA ACCIÓN ESTRATÉGICA

No hay experiencia reciente en el país (y quizás tampoco en otras partes del mundo) en donde la puesta en marcha de una reforma educativa haya ocurrido tan solo con la expedición, discusión y aprobación de una ley referida a la educación superior y universitaria, por más avanzada o dirigida que sea.  La tarea más difícil viene cuando se han aprobado las leyes, los reglamentos y programas y cuando se tiene claridad respecto de la manera cómo se puede emprender una estrategia de transformación en el sistema de producción de conocimientos, de docencia, de cultura, de ciencia y tecnología. Menudo asunto.

Con la aprobación de la Ley General de Educación Superior, y aun contando con un contexto de política pública con una amplia aceptación y legitimidad, tal y como existe en México, para poder demostrar que la relación entre lo propuesto y la práctica puede ocurrir desde los marcos generales que se han definido y con una visión programática y estratégica de amplio alcance y altitud de miras, se requiere plantear una estrategia de cambio desde los más amplios fundamentos y paradigmas de la educación moderna, así como de programas que tengan factibilidad, operacionalidad e incidencia en el corto y mediano plazos. El horizonte prospectivo está planteado, falta la voluntad política y la acción necesaria para construirlo.

Con el objetivo de crear un sistema articulado de educación superior, con la definición de una estructura de operación del mismo a nivel local, estatal y nacional, con objetivos que recogen experiencias que pueden llegar a ser útiles como referencias comparadas, el gran debate que se ha abierto en la política pública educativa, sobre todo en el nivel en el que se ha centrado este trabajo, necesita llegar a remontar décadas de fracasos persistentes, la inmovilidad de instituciones que por sus precarias condiciones, por sus constantes conflictos internos, por la falta de recursos financieros o por la falta de un liderazgo que va más allá de un cargo de rector o de funcionarios en turno, alcancen la sustentación de los principios enunciados. Además es necesario que se logre concebir una estrategia de corto, mediano y largo plazos, con los suficientes recursos para llevarla a cabo, y se puedan articular iniciativas en los ámbitos de la enseñanza, del aprendizaje, de la organización y gestión de los conocimientos, de las estructuras curriculares, del modo contemporáneo de hacer la ciencia, del desarrollo de una verdadera coordinación nacional y de la iniciativa de las principales instituciones para asumir tareas de transformación. Que pueda, por fin, poder contar en el país con un andamiaje interinstitucional en la educación superior, la investigación, la cultura y la ciencia, que promueva una sociedad en donde los conocimientos sean una verdadera fuente de desarrollo compartido, inclusivo y colaborativo, intercultural y dinámico para alcanzar un nuevo desarrollo con bienestar, sin violencia, y con la oportunidad de que los jóvenes y los adultos que lo quieran hacer cuenten con las posibilidades de formarse como ciudadanos de una amplia cultura y civilidad.

CONCLUSIONES

En la perspectiva del impulso a una verdadera reforma en la educación superior en México, y que este intento no vuelva a quedarse en el papel, en el discurso y sólo en las modificaciones de tipo formal y legislativo, se presentan a continuación, 10 propuestas de organización y proyección de un escenario de futuro para la educación superior en el país:

1. Garantizar y sustentar, con indicadores precisos de seguimiento y cumplimiento, de ahora al 2030, de los ODSs y sobre todo de las metas referidas a la educación superior (ONU, Objetivo No. 4) de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y que se alcance a organizar una plataforma social amplia de un aprendizaje para toda la vida y para todas y todos.
2. Reorientación de la epistemología de las instituciones, sobre todo en las universidades públicas e IES de todo nivel hacia la investigación, el posgrado y la innovación con incidencia social.
3. Desarrollo de procesos (experimentales y de experiencias de buenas prácticas) que incidan en el cambio del actual paradigma de la enseñanza, la disciplinariedad y la precariedad académica hacia el paradigma del aprendizaje, de la producción de nuevos conocimientos y la innovación académica, a través de un nuevo modelo de gestión del conocimiento de carácter interdisciplinario, flexible, intercultural y democratizador.
4. Implantar medidas -de evaluación, de ética y coherencia intelectual- conducentes a la creación de un nuevo liderazgo en las administraciones, rectorados y cuerpos de staff de las IES y de sus principales cuerpos colegiados y de gobierno.
5. Creación de Centros de Innovación Tecnológica y Social en cada una de las universidades públicas e IES del país, para atender requerimientos de conocimientos en poblaciones y comunidades desde la perspectiva de sus principales necesidades. Consecución de fondos extraordinarios por la vía de la creación de oficinas de transferencia de carácter interinstitucionales e interregionales.
6. Desarrollar una estrategia de articulación y fusión de instituciones y universidades, centros e institutos tanto a nivel local, regional como nacional, de carácter trans e interdisciplinarios, con fondos orientados al mejoramiento constante de su infraestructura, de su operación y de su régimen académico.
7. Propiciar la transferencia de conocimientos, habilidades y formaciones a los mercados laborales, en la perspectiva de los cambios que ya están presentes en la relación egreso-movilidad laboral por el impacto de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y la redefinición y sustitución de puestos laborales profesionales.
8. Intervención directa de la universidad en el mejoramiento del conjunto del sistema educativo nacional, sobre todo para elevar las capacidades del sistema en la calidad de los procesos de aprendizaje significativos de las nuevas generaciones.
9. Participación de las IES y de las universidades en los nuevos procesos de cambio en la formación de los profesores de todos los niveles educativos; articular las Escuelas Normales y las UPN dentro de un sistema colaborativo y articulado para promover una actualización permanente de la curricula de formación de los profesores y del magisterio nacional, junto a la dignificación de la carrera docente y de la elevación de sus niveles salariales a la par de los que existen en los profesionales mejor cotizados en el mercado laboral. Crear el Instituto Nacional de Investigación Educativa, a cargo de la UPN.
10. Fortalecimiento de las comunidades académicas, con énfasis en el derecho universal a la autonomía universitaria, de contar con un puesto de trabajo permanente y de tiempo completo, y la garantía de la libertad académica y de investigación.

Notas

1 Dirección General de Desarrollo Curricular. Secretaría de Educación Pública (SEP), 2022. Marco Curricular y Plan de Estudios 2022 de la Educación Básica Mexicana. SEP, Mim (documento de trabajo).

2 “En 2019, el porcentaje de ocupación de la población de 25 a 64 años sin educación básica fue de 62.8%, mientras que el porcentaje con educación superior fue de 79.8%. Entre jóvenes de 15 a 19 años, el porcentaje de la población ocupada fue de 50.9%, cifra ligeramente mayor que la de 2013, de 49.9%, pero sólo a partir de la educación media superior, pues en las categorías sin educación básica y con básica el porcentaje de ocupación fue similar” (Idem; p. 17). 

3 Secretaría de Educación Pública, Subsecretaría de Educación Superior. Resultados preliminares de matrícula y cobertura de educación superior, ciclo 2021-2022. Documento de trabajo.

4  Por ejemplo: laboratorios nacionales, becas al extranjero, becas a posgrados nacionales, investigadores en el SNI, programas acreditados en el Padrón Nacional de Posgrado de Calidad, Centros CONACYT o programas de estímulo a la investigación.

5 En México, las universidades públicas de todo tipo no generan ingresos importantes por concepto de matrícula, y por ello el sostenimiento depende de los factores de análisis que aquí se mencionan, dependientes del otorgamiento de los subsidios públicos.

6 Las denominadas CRES de 2008, celebrada en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia; y de 2018, celebrada en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, en el marco de la conmemoración de los 100 años del movimiento Estudiantil por la Autonomía Universitaria de Córdoba.

7 Véase. Didriksson, Axel (2019). Balance la CRES-2018. OEI, Madrid.