De la calle al gobierno: representantes estudiantiles universitarios en Chile. Entrevista a Bárbara Figueroa, Embajadora de Chile en Argentina*

Entrevista realizada por Martín Aiello (UNTREF) y Lucas Krotsch (UNLA)

La política chilena ha experimentado fenómenos singulares durante los últimos años. Durante el 2019, el aumento del transporte fue la mecha que generó una revuelta y las movilizaciones populares más importantes desde el reinicio de la democracia, conduciendo a una crisis que dio inicio a un nuevo proyecto constituyente. Este fue crítico con el sistema político anterior, marcado por la herencia del pinochetismo y un sistema económico y político en donde el mercado era el instrumento principal de distribución de recursos. El sistema universitario fue un ejemplo fiel del modelo de mercantilización y uno de los espacios en donde se plasmó con más claridad su carácter excluyente. En las elecciones presidenciales a fines del 2021, triunfa Gabriel Boric de Apruebo Dignidad, con posiciones más a la izquierda que los gobiernos de la Convergencia de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Junto a Boric, lo acompañan otros políticos y políticas que, como él, fueron parte de las masivas movilizaciones de estudiantes universitarios del 2011, como Giorgio Jackson o Camila Vallejos. 

Como embajadora de Chile en Argentina fue nombrada Bárbara Figueroa, que con anterioridad a las manifestaciones del 2011, fue representante estudiantil, pero en esa época apoyó el movimiento desde el Colegio de Profesores (el sindicato de docentes), y que posteriormente fue elegida la primera mujer en dirigir la Central Única de Trabajadores (CUT). 

La entrevista se estructura sobre dos cuestiones: una más sociológica orientada que intenta indagar en cómo los representantes de los estudiantes universitarios se han convertido en gobierno; una más políticas que indague sobre cómo aquellos que irrumpieron en la política desde las manifestaciones universitarias y que se han constituido en líderes de un nuevo gobierno, diagnosticaron la educación superior y la universidad chilena en su momento, y qué agenda plantean desarrollar ahora.

¿Cómo te vinculas con este grupo de jóvenes universitarios que hoy son gobierno? ¿Cómo es tu trayectoria de militancia y tu participación en las movilizaciones sociales?

Bueno, yo no soy contemporánea con este grupo de jóvenes, fui antes dirigente estudiantil. Tuve el vínculo con ellos por militancia partidaria con algunos y porque estaba en el Colegio de Profesores y era probablemente de las más jóvenes en el gremio docente, por lo tanto, había un diálogo que era un poquitito más contemporáneo. Pero no podría ni quisiera atribuirme una participación o un protagonismo que les es muy propio a ellos. 

Cuando estuve en la universidad, me tocó vivir el proceso de la Ley Marco, vivir el proceso de Ricardo Lagos, restitución de los gobiernos triestamentales, la democracia de las universidades, la participación del mundo universitario, el Congreso Nacional Universitario, pero fueron procesos distintos. Uno podría decir: ¿son acumulados de luchas para llegar al minuto en el que estamos, o para haber llegado al 18 de octubre? Hay quienes dicen: “no, mira, este es un minuto constituyente y tiene una particularidad, no se asemeja ni es representación de lo acumulado de lucha”. Yo soy de las que cree que sí. Nada de lo que hicimos desde los noventa hasta llegar al 2019 puede estar tan desconectado. Siempre emerge la tensión entre un mundo social organizado y estructuras institucionales que no lograban ser efectivos, ni mediadores, ni vínculo, ni representantes de aquello que expresan los grupos sociales organizados, ya sea que tuvieran defensas corporativas o que tuvieran una demanda mucho más global y general.

Por ejemplo, respecto de los temas educativos como la democratización de la educación, las garantías de la calidad, entre otros, estuvieron en el marco de los debates desde los noventa hasta el 2011, fueron antecedidos por dos grandes momentos: la movilización del mundo secundario a partir de los 2000 y después el 2006 con lo que se denominó la «Revolución pingüina». De alguna manera había un sentir por parte de la institucionalidad política, no solo del ejecutivo, también del parlamento, de los partidos, incluso de las organizaciones más tradicionales, de que habíamos llegado un punto ante ciertas normas, ciertas leyes de la dictadura, donde ya no había más espacio. La Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE) que se derogó en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, de alguna forma dice: “estamos en un proceso de transición a la democracia que ha sido extremadamente largo”. Desde el retorno a la democracia, desde la salida de la dictadura hacia el inicio de los gobiernos democráticos o los gobiernos legítimamente electos por el poder popular hasta el 2011, hay más de veinte años, entonces uno dice, “bueno, nos hemos demorado un poco, ¿no?”. Esa percepción de que era demasiado lento este proceso de transición probablemente estaba muy presente en algunos sectores de lo que fue la Concertación. 

Se evidenciaba una demanda que se expresaba en movilizaciones, que era cíclica, que partió en los años noventa con la restitución de normas en el marco de la educación superior, de la democratización de los espacios universitarios y de la triestamentalidad, que luego se vuelve a expresar a partir de los 2000, 2003, con las primeras movilizaciones ya abiertamente contra los gobiernos de la Concertación desde el mundo sindical. El primer paro que se realiza en democracia es al gobierno de Ricardo Lagos, fue muy cuestionado por toda la institucionalidad: “cómo vienen a hacerle una movilización, cómo protestan contra la democracia!”. Cuando nosotros decíamos: “sí, está bien, pero esto no es un problema de estar luchando contra la democracia, es hacernos cargo de que hay demandas incumplidas”. Entonces, hay un transitar, un caminar, que de alguna manera va dando cuenta de que hay un malestar, pero que no logra ser percibido probablemente por los actores de la elite, del establishment, de esta vida más institucional, como una tensión a atender.

Se dan pasos, se establecen normativas, se buscan correcciones a la ley, se derogan, en el caso de educación la Ley Orgánica Constitucional de Educación que era como un emblema de la dictadura en el marco educativo, pero eso no trae necesariamente aparejado la contracara, ¿no? Uno diría: “bueno, derribamos esto e iniciamos un proceso de democratización más profundo y vamos entonces a hacernos cargo del problema de la mercantilización de la educación, del costo que haya tenido para la garantía del acceso y la calidad del sistema”. Que no es esta calidad estandarizada, no es la calidad de las pruebas, no es el estándar de las posibilidades de ingreso a la universidad; sino un sistema educativo que retome lo que fuera la mejor tradición de nuestro país. Esto es un sistema eminentemente público, con un fuerte rol del Estado, que se hacía cargo de un sistema que se nutría desde los territorios, que tenía un fuerte componente nacional y centralizado, pero que se acoplaba y se vinculaba muy bien con los territorios, que trataba de hacerse cargo de las diversidades, que trataba de generar diversidad de proyectos educativos. Donde, por ejemplo, convivía lo público con el sector privado, pero con un objetivo principal que era que este último iba a proveer un plus. Es decir, hay colegios confesionales que no tienen por qué ser del Estado, porque el Estado es laico. ¿Pueden existir esos proyectos? Sí. ¿Pueden tener su particularidad? Sí. ¿Pueden cobrar? Sí. Pero su objetivo principal no es el lucro, su objetivo principal es que le adosan una particularidad al currículum. 

Chile tenía una tradición de una convivencia entre lo público y lo privado muy sana, basada en principios que podríamos decir democráticos. Todo queda truncado con la dictadura cuando comienza a prima para derechos esenciales la lógica del mercado, tanto en salud como en educación eso tiene un impacto respecto de la estratificación y el acceso. La lógica mercantil lo que termina haciendo es estratificando, unos con otros ya no se encuentran, sino que solo se encuentran ciertos que son iguales. Se comienza a instalar esta idea, esta lógica, que algunos llaman “el arribismo”. Yo soy cuidadosa con esa palabra, pero creo que bien representa una imagen de que “si voy a pagar, entonces eso a mí me va a permitir acceder”. En el fondo se instala la falsa promesa de que con eso tú ibas a poder llegar y acceder a puestos que de otra manera nunca hubieses llegado, eso era lo que se prometía. Cuestión que no había sido, e insisto siempre en eso, que nunca fue tal en el sistema educativo en nuestro país. El hecho de que grandes próceres de nuestra historia hayan salido del Instituto Nacional, no es porque era de élite, era porque en la educación pública estaban todos mezclados. Desde el hijo del obrero, el hijo del campesino, hasta el hijo del médico, etc. Todos mezclados. Y eso le daba el estándar, diferente a esta ilusión que se vendió con la mercantilización de que en la medida en que se tiene capacidad de pago también va a lograr que sus hijos tengan más oportunidades. 

Todo lo contrario a la lógica del sistema educativo que teníamos en nuestro país. Entonces, frente a eso, frente al abandono y desidia de la educación pública, finalmente lo que se empieza a generar es explosión, y se llega hasta el 2011. Que coincide, creo, con la virtuosidad de tener dirigentes que tienen una alta capacidad, liderazgos que fueran tremendamente potentes en una sociedad con niveles de hastío importantes y con premura respecto de estos derechos y garantía. Esto de que basta con que me esfuerce y que ponga a mi hijo en un colegio pago, con eso lo resuelvo. Ya empezaba a decirse: “no, en realidad después de todos estos años me doy cuenta de que en realidad estamos igual o peor: pagué, hice un esfuerzo, mi hijo se endeudó para estudiar en la universidad y resulta que está trabajando en cualquier cosa y en ningún caso compensa todo el esfuerzo económico que se hizo”.

Estaba la sensación de que todo lo que te dijeron desde los 90s hasta la fecha no pasaba. Desde los 80s incluso, cuando se implementan varias de estas normas, hasta el 2000, uno dice: “bueno, veinte, treinta años, esta cosa ya no funcionó, ya no se cumplió esta promesa”. Y eso permite entonces el surgimiento del movimiento del 2011. El aumento del valor de las becas de alimentación es lo que convoca a las primeras movilizaciones. Como históricamente ha ocurrido, si uno mira en general los últimos años, e incluso este, lo que ha motivado las primeras movilizaciones y activaciones en el mundo universitario fueron precisamente estas situaciones: lo que ocurría con las becas, las becas de alimento, la posibilidad de acceder a mejores condiciones de quienes no las tenían…

Como un paralelo, como el aumento del transporte en el 2019….

Exacto, los treinta pesos del metro. Esto que surge en primera instancia como la demanda por el aumento a las becas, termina transformándose e irrumpiendo como un gran movimiento con una tremenda capacidad. Pese a la juventud de los chiquillos, tuvieron una tremenda capacidad de dimensionar lo que estaban enfrentando y el rol que tenían que jugar en ese momento trascendental, para permitir que el 2011 fuera -de alguna manera- una síntesis de lo que habían sido las movilizaciones del mundo estudiantil universitario y secundario, y a partir de eso entonces inaugurar un nuevo tiempo. 

Las movilizaciones eran por condiciones básicas de infraestructura: que las salas no se llovieran, que no les entrara frío en las escuelas en invierno porque no había vidrios. Estamos hablando de ese nivel de precariedad junto con las demandas del mundo académico sobre autonomía, sobre el derecho a la libertad de cátedra, la necesidad de hacer revisiones en el currículum. En el caso de la educación escolar, nos había tocado luchar para que no se redujeran las horas, por ejemplo, de filosofía en los planes de estudio. Veníamos de todo ese tipo de lucha. Y llega el momento del 2011, esa experiencia probablemente, debe haber sido profundamente significativa para sus vida. No solamente porque fueron portada en los medios del mundo, sino porque a nivel nacional había una esperanza, una expectativa en ellos. En el marco del 2011, lograron llegar juntos con el mundo sindical y otros, al paro del 24 y 25 de agosto de tremendas proporciones, con la expectativa de que confluir todas las luchas era la mejor manera de lograr correr las barreras de lo posible, aunque sea en educación, pero correr las barreras de lo posible. Y, naturalmente,  estando el gobierno de Piñera -un presidente que además está absolutamente comprometido con los intereses mercantiles-, no era difícil que esto se extendiera porque no había ni voluntad y quizás hasta incomprensión de la real potencia que tenía la demanda que se estaba poniendo sobre la mesa. No sé si se lograba dimensionar lo que se estaba  diciendo: “mira, no más lucro, tenemos que avanzar en una educación que vuelva a los principios, que ponga en el centro la formación como lo esencial, que supere lo que ha sido toda esta política de mercado del modelo”. Quizás incluso ni siquiera era soberbia, sino que era incomprensión de lo que estaba gestando.

¿El 2011 tuvo más efecto en el sistema político que en el sistema educativo?

Si, porque si bien el movimiento no logró cumplir el pliego, quedó absolutamente claro a ojos de cualquiera que esto ya no resistía más así, que tenían que producirse cambios, y que tenía que ser ya. Eso permite que en la elección presidencial, el proyecto que representara Bachelet fuera viable porque no era simplemente decir: “mira, vamos a sacar a la derecha”. Era comprometerse con gratuidad en la educación, con un proceso constituyente, con una reforma tributaria y los temas laborales, que también fueron parte del gobierno, aunque no eran parte de los tres ejes estructurales: reforma tributaria para poder financiar derechos, gratuidad en la educación como tránsito hacia una educación que saliera de los marcos del mercado, y el proceso constituyente porque para hacernos cargo en serio de todos los cambios necesitábamos el debate sobre una nueva Constitución. Y con el gobierno de la presidenta Bachelet II, la irrupción de los chiquillos en el parlamento. Yo digo los chiquillos, pero la irrupción de los dirigentes en el parlamento fue también un plus, fue la posibilidad de demostrar que no bastaba solo con las movilizaciones, o que no podía encasillárselos solamente en dirigentes universitarios, estudiantiles o sociales, porque la vida en la universidad tiene un ciclo. Pero tampoco tenían por qué tener la camisa de fuerza de que si eran dirigentes universitarios o habían sido dirigentes sociales luego solamente su camino tenía que seguir siendo ese y no podían ir a disputar el poder para exigir estas mismas demandas que habían puesto sobre la mesa. Y llegan al parlamento Camila, llega Giorgio, llega Gabriel, algunos de los otros dirigentes hicieron otro tránsito, muchos de ellos estudiaron y están afuera, algunos están comenzando a retornar. Hicieron un camino también con una apuesta bien estratégica y a la luz de los hechos bastante correcta: “vamos a disputarlo, pero vamos a disputarlo todo”. Es decir, algunos vamos a ir al parlamento, otros vamos a estar en otras lides, otros vamos a empezar a hacer experiencia en el Estado.

¿Qué tipo de tensiones atravesaron las demandas que plantearon? Pensado en la presencia de grupos consolidados, grupos de poder dentro de las mismas instituciones, aún en las públicas.

Creo que donde había más tensión era en el mundo de las instituciones privadas porque en el fondo fue enfrentarse a la posibilidad de que desaparecieran sus instituciones. En el caso del mundo público siempre la demanda fue darle la relevancia que merecía: “lo que usted no puede hacer es tenernos en una condición de precariedad que no resiste, donde tenemos la mitad del cuerpo académico tercerizado, donde todo lo que tenemos es sobre la base de andar pululando entre instituciones porque sino no logramos tener un salario digno, donde producto de esas condiciones es imposible hacer extensión, ponerse a reflexionar,  profundizar en los procesos”. Pero eso estaba, y eso ha estado muy presente en el debate de la universidad pública, más allá de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica como grandes referentes de la opinión pública. Cabe aclarar que la Católica es una universidad con sentido público, aunque no es una universidad pública. Particularmente en las universidades tradicionales, el debate era este: “es insostenible no tener un financiamiento basal, es insostenible no tener algo que nos dé ciertos pisos, no por una cuestión de que quiero ganar más y quiero que me traten mejor, sino que es imposible que las universidades cumplamos con el rol”. Si eso no existe es imposible, lo otro es mercantilizarte para subsistir, y esa fue la gran pelea. 

El punto de inflexión fue con el mundo privado porque universidades jesuitas decían: “bueno, no somos una universidad pública, pero vamos a tener que cerrar cuando hacemos contribución al Estado, cuando nosotros aportamos a la sociedad”. Cuando por tener mejores condiciones a veces que las universidades públicas, por tener mejores condiciones de recurso, tenían mayor capacidad también de aportar, con reflexiones, con investigaciones, con estudio. ¿Nos van a quitar eso? Ahí había un punto de tensión, pero había un diálogo. Había otras donde francamente el tema es que era absolutamente de subsistencia, no por un problema con los académicos, sino por el formato con el que  estaban sostenidas. Por ejemplo, tenías universidades que pagaban arriendo a un sostenedor por la infraestructura que utilizaban, pero resulta que ese sostenedor era el mismo dueño de la universidad que tenía esto bajo la fórmula de una empresa inmobiliaria y, por lo tanto, la plata caía a una empresa distinta, pero finalmente detrás de un mismo consorcio.

El sentido de la no ganancia de la universidad se licuaba…

Claro, para todo el mundo eso era evidente que no resistía por ningún lado. Además habías tenido instituciones que habían cerrado carreras o que habían cerrado, que habían quebrado entonces los estudiantes quedaban a la deriva.

Y muchos de esos casos eran estudiantes de niveles socioeconómicos más bajos. Entonces, ¿había dos discusiones, uno con las instituciones privadas que atienden a ese tipo de sector de la población, y otra con las instituciones privadas que compiten con los fondos públicos, con las universidades públicas?

Exacto, ahí había dos vertientes. Porque, claro, estas universidades que decían: “Sí, está bien, pero Chile permite que esto ocurra, esta fórmula existe, yo no estoy haciendo nada ilegal, y si usted me cierra a mí, usted les está cerrando la puerta a diez mil familias, les está cerrando la puerta a cien mil familias”. Y para una familia que probablemente hace un tremendo esfuerzo para que su hijo pueda estudiar, que tú le dijeras: “existe la posibilidad de que esta universidad cierre y que su hijo quede en nada, no era una cosa menor”. Pero como digo, en el mundo académico eran debates que estaban, no es que se inauguraran, cobraban una fuerza y una potencia mayor, y más bien el diálogo era respecto de estas instituciones que estaban en este intermedio, que siendo privadas cumplían una función pública o cumplen una función pública, muchas de ellas de excelencia, y que por lo tanto decían “no somos todos iguales, no nos digan todo lo privado, porque aquí hay algunos que no estamos en la misma vereda que otros”. 

Estamos cerca de un plebiscito por una reforma constitucional que evidentemente es previa a pensar una reforma educativa ¿Cuáles serían los desafíos en términos legislativos, cumplida la reforma constitucional, para la educación superior?

Diría que hay dos: uno que es el propio, el que se hace cargo el gobierno, porque si bien nosotros logramos avanzar en el marco del gobierno de Bachelet II en la gratuidad de la educación, eso fue segmentado. En Chile discutimos en su momento en el mundo universitario sobre gratuidad o arancel diferenciado: gratuidad como derecho o avanzamos hacia una figura de arancel diferenciado donde aquel que tiene condiciones, más allá de la garantía del derecho, le aporta al sistema público, y quien no goza de esa posibilidad, se beneficia de que haya recursos gracias a que aportan las familias que tienen más recursos o más ingresos. A quiénes éramos universitarios en los años noventa se nos decía: “es que ustedes defienden el arancel diferenciado y eso no es una buena propuesta porque entonces ustedes no están con la gratuidad de la educación”. Y tú les decías: “no, mire, no es que no estamos con la gratuidad, sino que también queremos ver de qué manera podemos…” Tú decías gratuidad y te decían: “imposible, no hay recursos, sería gastarse toda la plata, el cobre, Chile no resiste una gratuidad a secas”. Entonces tratabas de buscar cómo diablos le entramos a esto. 

Con lo del 2011 era evidente que ya nadie iba a sostener una política de gradualidad o arancelaria diferenciada porque ya habíamos logrado que aquí se entendiera que derechos como este son derechos, y en tanto tales son universales y tenemos que asegurarlos y no puede depender de los recursos. Entonces, se avanza en una fórmula que no logra ser plena gratuidad, se garantiza para los deciles más bajos, con menores ingresos, pero sigue estableciendo la posibilidad de copago y en el caso de las universidades también logra regular, por ejemplo, los aranceles. Y eso evidentemente impacta.

Se reconoce hoy día que esa política les ha permitido a varias generaciones de jóvenes estudiar sin deberle un peso al Estado y, por lo tanto, con mucho más compromiso respecto de contribuir al servicio público. Pero como no se logra cerrar todo este capítulo bien en el marco del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, hoy día tienes todavía desafíos importantes, que tampoco fueron abordados por el gobierno de Sebastián Piñera. Porque en el caso, por ejemplo, de la Nueva Mayoría, era evidente que el proceso iba a ser de mucha tensión y de mucha disputa por la complejidad de la Coalición, pero también por las tensiones propias de un bloque que tenía sectores mucho más conservadores y otros que estaban más abierto a la necesidad de cambios con mayor velocidad. Ni con Piñera I ni con Piñera II; incluso más, yo diría que con Piñera II lo que se vivió fue una ofensiva de los sectores más neoliberales. Porque en el fondo, con el aprendizaje en el cuerpo de lo que había sido ser gobierno cuatro años antes, llegaron mucho más empoderados en un cuadro regional donde se sentían con más espalda. 

Y entonces en ese escenario… irrumpe el 2019, la movilización, llega octubre: sobre todo lo que ocurre detrás de una revuelta popular de alguna manera da cuenta de que cualquier posibilidad de plantearse ser gobierno tenía que seguir haciéndose cargo de las deudas de arrastre y tenía que ser muy contribuyente al proceso que se estaba inaugurando, para este momento constituyente. En ese marco, claro, el gobierno tiene una gran tarea y un gran desafío respecto del compromiso de ser contribuyente al proceso constituyente, no siendo depositario de eso ni siendo el canalizador, porque finalmente somos poder constituido. Entonces, nuestra labor es ser contribuyentes a que este momento constituyente que inauguró nuestro país a partir de que el debate constitucional tenga buen curso, tenga buen cauce, y que de aprobarse la Constitución, ser muy contribuyentes para que aquello se consolide y se pueda transformar en norma, que este proceso avance.

Claro, porque la Constituyente está mucho más emparentada con el 2019 que con los resultados del sistema político ¿no?

Por ejemplo, en el marco educativo hay una propuesta muy importante que el gobierno ha reafirmado y que el Ministro de Educación también ha planteado con mucha fuerza, que es terminar con las deudas del CAE, del Crédito con Aval del Estado que es un crédito bancario, supone endeudarte con los bancos para que tú puedas estudiar en la universidad. No siempre fue así, en los años noventa lo que teníamos era un fondo solidario, nos endeudábamos, pero eran deudas con el Estado, con las propias universidades, no era con la banca. El gobierno ha dicho: “mire, se termina este mecanismo de financiamiento de la educación”.

¿Cuándo el CAE se bancariza?

Surgió en los noventa, en los primeros gobiernos de la Concertación. Hoy día el gobierno plantea el fin del CAE, y a los morosos del CAE se les va a condonar la deuda. Eso significa un volumen de recursos muy importante por parte del Estado porque hay compromisos que tampoco se van a dejar de cumplir. Lo que pasa es que, claro, no lo vas a hacer con los intereses horrorosos que les están cobrando a los jóvenes hoy día y que les hace impagable la deuda al final. 

Entonces, garantía de derecho que se consolida, que tiene absoluto sentido si uno piensa que el debate constituyente nos está planteando que el derecho a la educación debe ser garantizado por el Estado. Un Estado que juega un rol principal a partir de esta mirada donde se dice: “nosotros vamos a hacer un Estado social, plurinacional, pero un Estado social democrático de derechos y, por lo tanto, restituimos un Estado fuerte, garantista, y eso se representa en derechos como salud, educación, vivienda, etcétera”. Eso en el marco constitucional, y las garantías de la educación para todas y todos independientemente del territorio donde se encuentren, independientemente de las condiciones económicas, independientemente de cualquier otra consideración. Donde, además, se plantea la necesidad de una formación para la vida, no solo hacernos cargo de los ciclos de escolaridad, sino también posteriormente una formación permanente a través del fortalecimiento de las instituciones del Estado, universidades públicas y centros de formación técnica. Esto fue un avance en el gobierno de la presidenta Bachelet II, se lograron abrir dos universidades públicas más (Universidad de Aysén y Universidad de O’Higgins), cuando todo el mundo decía no más público, solamente instituciones privadas. Y los Centros de Formación Técnica, CFTs del Estado, porque la educación superior técnica estaba prácticamente toda en manos de los privados, centros de formación técnica del Estado en cada una de las regiones de Chile. Eso se consolidó con el gobierno de la presidenta Bachelet, ahora lo que dice el gobierno es que vamos a seguir fortaleciendo la educación pública en todos sus niveles. Además, desde una perspectiva integral, entonces todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con una educación sexual integral, una educación con perspectiva feminista, respetuosa y reconociendo las diversidades, también va a estar sobre la mesa. No solamente un currículum integral que equipare, que equilibre y que ponga en valor todas las áreas del conocimiento, además con áreas transversales para hacernos cargo de déficits que tenemos. Abordar el nivel de violencia que tenemos en los espacios escolares, no solo desde la mirada curricular, sino que tenemos que hacerlo desde otros espacios de reflexión: formación cívica, mejores herramientas para la convivencia también van a estar sobre la mesa. Y vinculado con una política de salud mental, que también es muy importante, y que, pospandemia, además ha dejado en evidencia que ahí hay una tarea importante que desarrollar. 

Entonces, el gobierno se hace cargo programáticamente de contingencias, de urgencias. Nosotros no podemos decirle a Chile: “mire, esperemos la nueva Constitución y cuando tengamos la nueva Constitución vemos cómo nos va”. No, nosotros le vamos a proponer a Chile un programa que va a ser respetuoso de ese debate que tratará de complementarse con ese debate, pero que, independientemente de lo que ocurra el 4 de septiembre cuando se plebiscite la constitución, tiene que seguir avanzando. O sea, el programa del gobierno no se detiene porque tiene una responsabilidad como poder constituido de seguir avanzando. Pero tiene que ser respetuoso del proceso constituyente, y de aprobarse en el plebiscito la nueva Constitución, tiene que ser un actor decidido y con convicción en que ese momento constituyente se consolide, en eso no hay ninguna duda. 

¿Qué traería la nueva Constitución para el sector de educación superior, cuál sería su impronta?

Eso que el gobierno está planteando hoy día sin nueva Constitución, es el espíritu de lo que la nueva Constitución trae. Que en el marco de este Estado social democrático y garante de derechos, tú lo que haces es que educación, salud, vivienda, trabajo, entre otras áreas, van a tener una particular atención por parte del Estado. Si bien todos somos iguales ante la ley, evidentemente que el Estado tiene una responsabilidad principal con sus instituciones, ¿desaparecen los privados? No. Pero aquellos que tengan como objetivo principal el lucro evidentemente no pueden ser parte del sistema educativo. Eso es llegar al extremo de estas instituciones donde las corporaciones eran dueñas de un espacio educativo donde se pagaban a sí mismas el arriendo a través de una inmobiliaria de ese espacio, donde además les cobran a los estudiantes, entonces están ganando a manos llenas. Y, por otro lado, que eso también está contenido en la nueva Constitución, dados los desafíos del presente que no eran los desafíos del pasado, entonces nos hacemos cargo de una deuda de arrastre, pero también está la incorporación de la perspectiva de género. Desafíos que probablemente si tratas de buscarlos de manera nítida en los pliegos de negociación o en las demandas del año 1998, no los vas a encontrar con la preeminencia que tiene hoy día. Lo mismo respecto de pueblos originarios, del reconocimiento de la diversidad cultural, de las disidencias y diversidad sexual. 

En algunos sistemas universitarios con sectores públicos fuertes, el ingreso es un momento clave, donde se producen cruces. Por ejemplo, el típico es Brasil, donde los de las buenas escuelas privadas entran a las buenas universidades públicas, y los del sector educativo secundario público no acceden y tienen que ir a universidades privadas de bajo nivel. ¿Se piensa hacer algo con el sistema de ingreso? 

Sí, qué bueno que lo mencionas, porque eso también está dentro de la agenda del gobierno. Tenemos sistemas de selección que son absolutamente segregados, no es que sea el sistema propiamente tal, pero es la representación más gráfica de la distorsión que tú tienes en el sistema educativo. En Chile hay escuelas públicas que pueden cerrar porque no cumplen con los estándares de estas pruebas estandarizadas del SIMCE, pero resulta que lo hacen en condiciones que son absolutamente desiguales a las que tienen colegios pagos, e incluso particulares subvencionados, y con condiciones de su propio alumnado muy distintas. Esa distorsión también se expresa en las pruebas de ingreso universitario. Se está trabajando en no utilizar necesariamente estas pruebas estandarizadas, sino otros estándares que les permitan a las universidades o a ciertas carreras, poder buscar algo que de alguna manera tampoco cifre una expectativa en el estudiante irreal, pero que esté más acorde con un criterio que tenga que ver con el área, con el sector o el ámbito de estudio que con una cuestión de en qué colegio estudiaste. 

En Chile, efectivamente, se produce lo mismo que en otros países de la región, entran a las universidades públicas o tradicionales aquellos estudiantes que han estado en educación paga, y pocos de públicas. ¿Es un problema de los jóvenes? No. ¿Es un problema de las escuelas? No. ¿Es un problema del sistema de medición? Tampoco. Lo que tenemos en la base es un problema más estructural. En eso hay absoluta comprensión y disposición del mundo de las universidades, tanto del Consejo de Rectores de Universidad de Chile (CRUCH), del Consejo de Universidades del Estado de Chile (CUECH), y de la Asociación de Universidades Regionales (AUR)¹, o sea, de todas las instituciones que representan a los académicos y a las instituciones de educación superior. Eso es muy bueno también porque no hay un falso debate ahí.

Es bien complejo el tema porque garantizar el derecho a la educación implica también la responsabilidad del Estado en regular aquellos sectores de donde el Estado necesita nutrirse,  y donde choca esa regulación con el derecho a la educación. ¿Cómo se logra ese equilibrio?

Por ejemplo, con los centros de formación técnica, con la educación técnica superior ese era un poco el debate. Porque tú tenías Centros de Formación Técnica, por ejemplo en Arica, en Copiapó, en Atacama, que formaban principalmente para áreas técnicas en la minería. ¿De quiénes? De las empresas mineras. Entonces formaban su mano de obra, y uno dice: “está bien, bueno, lo requerían, pero tú no puedes disponer solo de una formación técnica para tus necesidades, también tienes que hacerlo respecto de polos de desarrollo, de apuestas de Estado”. Minería sí, pero también tenemos que mirar energías renovables donde tenemos un tremendo potencial en el norte. ¿Puede existir esa formación por parte de una minera? Puede existir, no es que no pueda existir, pero el Estado no puede permitir que sea eso lo que regule, porque la necesidad de ellos es limitada, nosotros tenemos que pensar proyectos de Estado, tenemos que pensar proyectos de desarrollo nacional de largo plazo, y para eso también tenemos que formar a nuestros profesionales que estén disponibles al servicio público y que mañana puedan contribuir porque no se nos va a agotar todo en el cobre. Hoy día está el litio, pero también están las energías renovables, y ahí hay toda una experiencia y un trabajo, sino nunca tenés la soberanía sobre tu conocimiento, vienen de afuera, llegan, te ayudan, se arma un proyecto, se hacen investigaciones, pero todo eso se va, no se queda en el país. Y eso es un debate, muy bonito, muy interesante.

Para finalizar, una cosa que decías sobre que finalmente la historia es un proceso, o sea no es que el 2019 nace de un repollo.

No hay 18 de octubre sin un 2011, no hay 2011 sin 2006, y así. Es bueno hacer esas historias porque piensa tú que hoy día son generaciones jóvenes, que estos procesos no los vivieron. No porque no quieran. Tú no puedes decirle a alguien: “no, pero es que tú no sabes nada”. No, porque hay gente que no lo vivió porque nació en los noventa, o nació en el 2000. Uno tiene la responsabilidad de al menos ponérselo sobre la mesa…. tampoco puedes decirle: “tienes que ir a estudiarlo”. Además uno también va a tener una mirada quizás más parcial, uno se hace cargo de su límite, pero hay una reflexión que si no ayudas a construirla, a visibilizarla. Hoy día en un mundo de tanto control de la inmediatez, lo que escribiste hace cinco minutos o la noticia de cinco minutos mañana puede ser tapada por otra más rimbombante. 

Hay algo bien interesante que a ustedes les toca liderar un Estado que jugó la mayor parte de su historia en contra. Pero es bien interesante el reto porque un gobierno que nace de un conflicto popular y que termina materializándose en gobierno tampoco son experiencias que…

No, no son experiencias que están a la vuelta de la esquina, que uno diga: “mira, abro el libro en la página no sé cuánto de la historia y uno va a encontrar”. 

Y un poco era el objetivo de esta entrevista. Nosotros vemos en Chile un gobierno que nace de una demanda, de la educación superior por ahí desde la historia, pero que nace desde las bases.

Así es. Por eso les decía, esto fue becas, parte como becas, cómo no voy a poder acceder a una beca, cómo no voy a poder tener acceso a alimentación en la universidad con condiciones decentes.

Bueno, hoy gestionan las becas…

Y hoy les ha tocado vivir la primera movilización en el mundo estudiantil por el reajuste de la beca. La diferencia: se hicieron cargo inmediatamente. No cumplieron toda la expectativa, pero inmediatamente dijeron: “esto es así, no se ha reajustado hace tantos años, vamos a hacer un primer esfuerzo”.

Muchísimas gracias. 

Gracias a ustedes. 

NOTAS

* La entrevista se desarrolló semanas antes del plebiscito que debía aprobar la nueva constitución, que finalmente fue rechazado.

1 El CRUCH está integrado por está integrado por las rectoras y los rectores de las treinta universidades estatales y no estatales con vocación pública del país, y lo preside el Ministro de Educación, el CUE reúne a las 18 universidades públicas, y la AUR reúne a 22 universidades cuyas casas centrales están en regiones.