Carlos Mazzola
Universidad Nacional de San Luis (UNSL) – Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNVIMe)
Pensar los procesos de evaluación universitaria que la LES 24521 habilitó creando la CONEAU, a la luz de una posible reforma de la misma, hace necesario considerar algunos aspectos que intentaremos señalar.
La ley planteó esencialmente tres tipos de evaluaciones: la de proyectos de nuevas universidades, la institucional y la de grado y posgrado. Habiendo pasado algo más de 25 años de ello, hoy en un breve diagnóstico podemos señalar lo siguiente: a) a pesar de que la ley señala que los proyectos de creación de nuevas universidades deben contar con un informe de CONEAU para ser habilitados, los senadores y diputados crean universidades sin considerar esta condición; b) las evaluaciones institucionales –sobre las que profundizaremos- han perdido efecto y c) las evaluaciones de las de carrera de grado y posgrado no pueden frenar una multiplicación desmedida de creaciones nuevas.
Una nueva Ley de Educación Superior no puede hacerse desarticulada de otras leyes, no sólo de los otros niveles de enseñanza o de la ciencia y la técnica, sino de leyes como la de la obligatoriedad de la información pública que limita el acceso a los datos para evaluar. A la vez que, lo que se señala para la evaluación debe estar articulado con otros aspectos definidos por la misma ley, por ejemplo, la evaluación institucional debería supervisar si lo que se establece acerca del ingreso por concurso de la planta docente efectivamente se cumple. Por ello el primer horizonte para las evaluaciones es la misma ley.
De todos estos procesos de evaluación es la de posgrado la que todavía cobra algún pequeño sentido, lo que se debe esencialmente al carácter punitivo que aún tiene dicha evaluación.
Si la evaluación de nuevos proyectos ha muerto de la mano de nuestros representantes políticos, la evaluación de posgrado a pesar de gozar de buena salud, carece de trascendencia en virtud de la conducción de los técnicos sobre estos procesos. Un técnico es alguien que con mucha lógica pone la lupa en analizar la consistencia entre el tipo de carrera qué es (para lo cual separa entre académicas y profesionales creyendo que dicha distinción es ontológica y generalizable), observa luego si el perfil del egresado está en articulación con los objetivos, y estos con los contenidos y actividades de los cursos. Luego si los procesos de seguimiento y evaluación se retoman en el perfil, objetivos, etc. Es evidente que esto está muy bien, el problema es no percibir que lo que se escribe en un proyecto, en la realidad no solo no es consultado por los docentes que están frente a un curso, sino que ni siquiera piensan que existe.
En una instancia para rediseñar la ley entre políticos y técnicos podría pensarse en dar mayor densidad política a los expertos o académicos que, si bien se los convoca para las evaluaciones, se lo hace casi a modo de legitimar los informes técnicos. Un experto de posgrado en lugar de darle trascendencia a la redacción de los objetivos evalúa, por ejemplo, el cuerpo docente. Un experto se da cuenta casi de modo instintivo si la creación de una carrera que se denomina, supongamos “El dispositivo de co-gestión de conocimientos asincrónicos y diacrónicos para la nueva pedagogía de la praxis”, es o no viable. No solo le hace ruido como al técnico, que a lo sumo consulta a algún epistemólogo quien por su parte puede quedar seducido por tal innovación, sino que un experto del campo disciplinar se interroga si existe conocimiento suficiente en dicha área como para crear una nueva carrera. Los aportes de Freud ayudaron a crear la carrera de psicología, los de Durkheim la de sociología, y así podemos continuar: estos no fueron egresados de dichas carreras, sino que crearon los conocimientos para que luego se pudieran crear las carreras.
Pero a pesar de esto, las evaluaciones de carreras de posgrado son lo mejor que tenemos. Para la evaluación de creación de nuevas universidades debería ser insustituible el informe de CONEAU como requisito, donde debe quedar claro que existe una vacancia en el medio y una necesidad de las carreras que se proponen, es decir relevancia y pertinencia. Una nueva Ley de Educación Superior debería incorporar alguna cláusula para que esto no pueda obviarse.
Respecto a la evaluación institucional, con una breve referencia a lo que ha sucedido al comienzo de las evaluaciones y lo que sucede ahora en mi universidad (Universidad Nacional de San Luis), intentaré sintetizar un diagnóstico de la situación.
A poco de promulgada la Ley (año 1995) en la UNSL comenzó una movilización gremial y estudiantil con el propósito de resistir los procesos de evaluación. Amén de señalar que era un avasallamiento a la autonomía universitaria, muchos consideraban que era un avance del Banco Mundial y por lo tanto un paso hacia la mercantilización de la educación pública y gratuita. Se realizaban asambleas para confrontar contra el Ministerio y su hiperactivo Secretario de Políticas Universitarias. La primera evaluación se realiza unos años después en donde se marcan varias inconsistencias de la Universidad, entre las cuales se destacan las asimetrías de la planta de trabajadores respecto a los alumnos y la poca y casi nula inserción de la institución con el medio. Este informe fue tratado en el Consejo Superior y rechazado en una sesión realizada con público que presionaba para obtener ese resultado. Veinte años después (en el año 2006) se realiza la última evaluación externa institucional que pasa desapercibida por la comunidad en su totalidad, con excepción de los empleados administrativos a los que se les solicitó algún tipo de información. La evaluación ha pasado a ser un trámite administrativo más sin consecuencia alguna y la autoevaluación casi un entretenimiento para los funcionarios académicos, de los cuales sacan un par de papers para su CV.
Es claro que hay que interrogarse ¿qué ha sucedido? La ausencia de punición (Stubrin, 2014 citado en Araujo, 2014) quizás sea el elemento más importante dado que las universidades atraviesan un proceso de esclerotización muy fuerte en donde el cambio genera mucha resistencia. Esta rigidez se consolida por la fuerte fragmentación interna que vivimos en las instituciones: el concepto de anarquía organizada (Cohen, March y Olsen, 1972) como un estado específico de las organizaciones universitarias lo describe bastante acertadamente. Hoy podemos decir que en Argentina las universidades (sobre todo las más antiguas) viven un estado de anarquía estabilizada. Si al escenario de la dificultad de cambiar se le suma la ausencia de punición, la explicación es basta y suficiente. No obstante, debemos recordar qué aspectos evalúa la evaluación institucional y qué aspectos debería evaluar. Siguiendo lo que desde hace un buen tiempo Krotsch, Camou y Prati (2007) advirtieron, la necesidad es evaluar la evaluación, no para darle veneno al envenenador, sino para darle vitalidad a estos procesos tan constructivos.
En términos generales la evaluación externa es solo externa porque sus evaluadores no son miembros de la casa. Los indicadores que se toman están planteados en un documento de CONEAU del año 1998 donde se establecen los lineamientos a seguir que hacen referencia a las funciones de la universidad como docencia, investigación y extensión, y aparecen también aquellos vinculados a infraestructura, bibliotecas, gestión, entre otros. Si bien surge que estos parámetros son importantes, cuando se analiza cómo se evalúa a una institución en términos generales en otros países, lo que se hace es una evaluación externa en donde el vínculo externo es clave. Por ejemplo, se toman indicadores referidos a la inserción laboral de los egresados, la selección y preferencia que realizan los tomadores de empleos en función de la institución que brinda la formación, la articulación de la institución con proyectos gubernamentales en pos de algún bien común, la articulación con el sector tecnológico y científico, y con las empresas, etc. En esta relación de la universidad con el medio no sólo se juega la legitimidad de la misma, sino que se toman parámetros para organizar el adentro de la institución. El contexto de las universidades evalúa de otro modo a las mismas y ello tiene carácter punitivo, al menos a largo plazo. Por ello si se evalúa el nexo, se evalúa a la vez a otro evaluador.
Hay dimensiones relevantes que se deberían evaluar internamente, algunas más importantes que otras, por ejemplo, el equilibrio de personal. Esta dimensión podría tomar parámetros relacionales, es decir, cada tantos alumnos, tantos docentes y tantos no docentes (y por cierto, tantos funcionarios). Por otra parte, en las universidades y carreras profesionales los cargos deberían ser simples y en las científicas con cargos exclusivos, en tanto y cuanto se articule con organismos de investigación.
Por último, debería evaluarse lo que establece la ley y hacerlo en profundidad. Por ejemplo, si la ley señala que como mínimo el setenta por ciento de la planta docente debe ser concursada, ello significa que al mirar la planta docente se debería observar no solo el indicador (lo cual de hecho no se hace) sino además cómo se llevan a cabo los concursos, dado que en la mayoría de los casos se instrumentan como si fuesen públicos.
La labor de actualizar la Ley parece necesaria en virtud de lo que está sucediendo y las evaluaciones no pueden corregir. Quizás sea conveniente generar un amplio debate para arribar con el mayor consenso posible a un diagnóstico de lo que sucede y por qué sucede. Una universidad que desacredita sus propios títulos, que no está atenta a la inserción laboral de sus egresados, que no le interesa el hecho de que cada 100 alumnos que ingresan se reciben 25, que cree que el desarrollo económico y social es responsabilidad de otros y que asiste muda al vaciamiento de la ciencia en sus espacios, está en problemas.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) (1998). Lineamientos para la Evaluación Institucional. Serie Documentos Básicos.
Krostch, P., Camou, A. y Prati, M. (coords.) (2007). Evaluando la evaluación. Políticas universitarias, instituciones y actores en Argentina y América Latina. Buenos Aires: Prometeo Libros.
Ley de Educación Superior 24621 (1995) Ministerio de Educación. http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/25394/texact.htm
Araujo, S. (2014). La evaluación y la Universidad en Argentina: políticas, enfoques y prácticas. Revista de la Educación Superior 43(172), 57-77.
Cohen, M. D., March, J. G. y Olsen, J. P. (1972). El bote de basura como modelo de elección organizacional. Gestión y política pública 20(2), 247-290.