Prati, Marcelo (2024). El Programa de Incentivos: Formulación, implementación y efectos de una política universitaria en la Argentina. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata/IdIHCS, 565 pp. 

Soledad Gómez

CONICET, Argentina

El libro reseñado es producto de un trabajo doctoral en el que se analiza el Programa de Incentivos a Docentes-Investigadores (PI) como una política elemental de investigación universitaria en Argentina desde inicios de los años noventa. Su principal interrogante radica en comprender el diseño e implementación de una política asociada al “Estado evaluador” en un sistema caracterizado por una fuerte tradición de autonomía universitaria, en el marco de una heterogeneidad laboral y una división histórica del trabajo académico con el CONICET. Esta complejidad da sentido al supuesto más fuerte, referido a que el PI debe entenderse como un dispositivo inestable, que, al ser apropiado y negociado por actores en posiciones desiguales, produce efectos contradictorios entre los fines declarados y los resultados obtenidos.

Alrededor de esa tensión se organiza el estado del arte. En el recorrido por la literatura, el autor identifica efectos ambivalentes del PI. Por un lado, el Programa contribuyó a extender las capacidades de evaluación, a modificar los incentivos de carrera y a reforzar las prácticas y criterios de legitimidad en las universidades. Por otro lado, implicó una sobrecarga de trabajo y formalismos, entre otros efectos indeseados, aunque con diversa incidencia a nivel institucional y disciplinar. Teniendo en cuenta este contexto, se formula el problema central que este trabajo aborda, que gira en torno al modo en que se articulan los niveles nacional, institucional y disciplinar, y las razones por las que el programa persiste aun cuando el incentivo monetario ha perdido centralidad.

El autor logra un diseño teórico-metodológico acorde a la complejidad de dicha política pública, el cual se apoya en el análisis de políticas, en estudios sobre la organización interna de universidades y en literatura sobre profesión académica y culturas disciplinares, además de combinar el análisis de normativas, estadísticas, entrevistas y una encuesta dentro de una estrategia mixta y triangulada. El Programa se examina en tres niveles: Estado (Secretaría de Políticas Universitarias –SPU– y Consejo Interuniversitario Nacional –- CIN–), universidades y profesión académica. La arquitectura empírica apuesta a abordar un caso único desagregado en subunidades comparables: tres universidades nacionales (Universidad Nacional de La Plata –UNLP–, Universidad Nacional de Tucumán –UNT– y Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires –UNCPBA–) y dos disciplinas (física e historia). 

El trabajo empieza por reconstruir una genealogía en el marco de la expansión a nivel regional del “Estado evaluador”, expresado en instrumentos similares como el venezolano y, especialmente, el mexicano como antecedentes del diseño nacional. Allí se identifican algunos aspectos en común basados en sistemas de categorización y pagos adicionales con un fuerte énfasis en la evaluación de desempeño en investigación. Esta comparación sirve como guía al trabajo para delimitar preguntas e hipótesis sobre los efectos que cabría esperar. El cuadro se completa con una contextualización nacional con base normativa y estadística de la profesión académica, que advierte sobre las dificultades de implementación en un terreno muy heterogéneo. Esto se refleja en un predominio de dedicaciones simples, desigual estabilidad laboral y un modelo de cátedra que terminan condicionando las posibilidades reales de investigar. Se suma al apartado de contextualización un recorrido histórico-institucional sobre la relación entre CONICET y las universidades, en el que se entiende al PI como un complemento del sistema de promoción científica ya existente y, a su vez, como un intento, aunque parcial, de tensionar la autoridad evaluativa del principal organismo de investigación del país.

Posteriormente, Prati aborda de lleno la normativa del PI dejando a la vista las disputas abiertas en torno a tres momentos: el decreto de creación de 1993, el Manual de 1997 y la reforma de 2003, y a través de los cambios se manifiesta la dinámica SPU–CIN. Mientras la SPU concentra la conducción y la capacidad normativa, el CIN funciona como actor mediador que otorga legitimidad desde las universidades. Esa gestión conjunta y conflictiva se institucionaliza en disputas por ponderaciones y criterios, cuyo caso más representativo es el relacionado con el peso relativo de la gestión frente a la producción científica. En esta descripción se coloca el foco en la tensión que se expresa en la necesidad de estandarizar para agilizar los procedimientos sin sobrepasar los equilibrios de representación y autonomía universitaria.

A continuación, la obra desarrolla los tres niveles de análisis. En primer lugar, en el plano nacional, el PI se traduce en una política salarial que intenta reconvertir la planta docente frente al deterioro remunerativo, promoviendo altas dedicaciones, la investigación y la formación. Desde los primeros años de implementación del Programa, se presenta un problema recurrente entre diseño y práctica ejemplificada por categorizaciones dispares que desatan intentos de homogeneización y una posterior reformulación orientada a reordenar la gobernanza. En los años posteriores, entre 1999 y 2003, por efectos de la combinación de inercia, demoras y crisis, se ven reducidos los márgenes de innovación mientras que se producen demoras en los pagos. Finalmente, el relanzamiento de 2003 busca corregir cuellos de botella y reinstalar una operatoria más homogénea y administrable.

El nivel intermedio, el de las universidades, revela la dependencia del PI con respecto a las capacidades locales. Aquí se despliega la comparación entre UNLP, UNCPBA y UNT mediante una triangulación de entrevistas a autoridades de investigación, documentos institucionales e informes de evaluación, empleados como ventana de ingreso a conflictos y negociaciones internas. De conjunto, se advierte que el PI impulsó la organización de la investigación en torno a proyectos y rutinas evaluativas. Además, fomentó una cultura de rendición de cuentas, aunque con efectos desiguales en cada institución. Sobre este punto, el autor sugiere que el programa tendió a potenciar la investigación donde ya existía masa crítica, en contraste con áreas con tradición investigativa más débil donde pudo producirse una adhesión más bien formal. A raíz de la heterogeneidad de criterios, las irregularidades en la categorización y la escasez de evaluadores, las tensiones más recurrentes aparecen entre docencia e investigación, entre agendas regionales e indicadores académicos, y entre legitimidad y sobrecarga de trabajo.

Por último, en el nivel de la base académica, la obra logra captar bien la dimensión disciplinar en la comparación entre física e historia. Para abordarla, aplica una encuesta presencial realizada entre 2004 y 2006, con cobertura del 71,5% de la población, que complementa con entrevistas. A partir de este análisis, el autor afirma que las condiciones de trabajo y las prácticas de investigación son estructuralmente muy distintas entre disciplinas. Aunque la adhesión al PI es alta en ambos grupos, física reúne más categorías superiores y expresa una mayor conformidad respecto de la propia categorización. En historia, por el contrario, se vuelven más visibles las dudas sobre la adecuación del Programa, lo que aumenta las percepciones de injusticia. Asimismo, los efectos son dispares. Historia tiende a reconocer impactos positivos más palpables, por ejemplo, en la participación en proyectos, el trabajo colectivo y la producción. Pero, al mismo tiempo, es objeto de una exposición mayor a efectos no deseados identificados en la constitución de grupos de manera artificial, direcciones más formales que reales, y producciones sesgadas hacia la cantidad y el corto plazo. En cambio, en física, donde las prácticas de investigación ya estaban bastante consolidadas, el PI aparece como menos transformador.

En las conclusiones del libro, el autor busca integrar los distintos planos de análisis. Por una parte, destaca la capacidad del Programa para sistematizar la información relativa al estado de la investigación universitaria y fomentar la rendición de cuentas sobre las actividades de investigación y docencia. Al mismo tiempo, consiguió consolidar la figura del investigador universitario a través de la categorización, que, con el tiempo, se convirtió en una credencial útil para desarrollar funciones de dirección y evaluación. Por otra parte, a nivel de la base del sistema, hace una distinción entre cambios conductuales evidenciados en una mayor participación en proyectos, realización de posgrados y más publicaciones, y cambios culturales más bien moderados y disímiles entre disciplinas y universidades. Los efectos negativos, por su parte, también son acotados o concentrados en ciertas áreas y momentos. Frente a la necesidad de explicar el impacto desigual del Programa, el autor propone distinguir entre efectos absolutos y efectos relativos. Los primeros permiten reforzar asimetrías existentes, y los segundos refieren a una mayor transformación allí donde antes la consolidación era menor. Por último, en la posdata (2003-2023), al actualizar la trayectoria del Programa, se sostiene que el incentivo monetario fue perdiendo peso hasta volverse casi marginal, mientras que la categorización se mantuvo como instrumento de prestigio y habilitación.

En conjunto, el trabajo cumple sólidamente su objetivo de reconstruir el diseño y la implementación del PI en tanto política nacional multiescalar que se expresa en diversas traducciones locales. La estrategia de triangulación y comparación entre universidades y disciplinas aporta consistencia a las inferencias. Al mismo tiempo, el propio autor señala con claridad los límites de atribuir causalidad en un campo atravesado por múltiples políticas y dinámicas de larga duración. En ese marco, la evidencia permite comprender mejor cómo opera el Programa, es decir, sus mecanismos e incidencia, más que establecer medidas precisas de impacto o efectos. Esta cautela metodológica refuerza la credibilidad del argumento: el PI organiza capacidades y credenciales, pero también contribuye a sostener desigualdades y tensiones persistentes.