Percepciones y condicionantes de la comunicación pública de las ciencias, la extensión universitaria y el acceso abierto en universidades argentinas

Carina Cortassa

Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Argentina


Gonzalo D. Andrés

CONICET/Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Argentina


Andrés Wursten

Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Argentina


Juan Ignacio Legaria

CONICET/Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Argentina 

Introducción1

Este artículo presenta resultados parciales de una investigación orientada a analizar la inserción y el desarrollo de la comunicación pública de las ciencias (CPC), su articulación con la extensión universitaria (EU) y el acceso abierto (AA) a la producción académica en una muestra de universidades argentinas. Entendemos estos tres órdenes de prácticas como dispositivos de interfaz entre universidad y sociedad que, aun en su heterogeneidad, comparten un mismo horizonte normativo: la concepción del conocimiento científico como “bien público” y “bien común”, es decir, como un recurso no apropiable individualmente, cuyo acceso, circulación y beneficios deben ser democráticos, extendidos e inclusivos (Boulton, 2021). De esa doble condición surge el interés por los dispositivos y arreglos institucionales orientados a ampliar y fortalecer sus formas de circulación más allá de los ámbitos especializados en los que discurre habitualmente.

Reconocer este sustrato común no implica diluir la especificidad de sus objetivos, modalidades de acción y trayectorias contextuales y conceptuales. Por el contrario, resulta necesario distinguirlas para comprender los diferentes grados de formalización, institucionalización y legitimación que reviste cada una de estas instancias en el marco de las organizaciones universitarias. Sobre esa base puede fundamentarse su integración en un modelo teórico amplio para el análisis de los vínculos entre universidad y sociedad, que contemple tanto sus particularidades como sus convergencias.

La EU se gestó y consolidó en Argentina –y en buena parte de América Latina– como una dimensión fundamental del programa del movimiento reformista. Aun tratándose de un campo polisémico, atravesado por una diversidad de enfoques y prácticas (Castro y Tommasino, 2017; Castro y Oyarbide, 2015), desde inicios del siglo pasado es una de las funciones sustantivas de las universidades públicas, que se constituye como depositaria de su compromiso social y de la misión de vincular la producción académica con las problemáticas de las comunidades y territorios en los que se insertan (Cecchi et al., 2009). En el contexto contemporáneo, signado por el giro comunicativo de las instituciones científicas (Polino y Castelfranchi, 2012) y por crecientes demandas de participación ciudadana en cuestiones vinculadas con la ciencia y la tecnología, la EU adquiere una centralidad renovada como espacio para el intercambio y la coconstrucción de saberes y experiencias académicas y populares (Gasparri, 2016; Invernizzi, 2004).

Por su parte, tanto en el plano internacional como en el local, la CPC y el AA son incorporaciones mucho más recientes en las agendas académicas y de los organismos de ciencia y tecnología. En el primer caso, el impulso inicial data de fines del siglo pasado, cuando comenzaron a advertirse los riesgos a los que se exponen las comunidades científicas en caso de permanecer recluidas en la “jaula de oro” de sus laboratorios (Torres Albero et al., 2011). Desde entonces, la comunicación con públicos no expertos devino un componente estratégico de las organizaciones, tanto por su contribución a la democratización del acceso a la ciencia como por su potencial para encauzar la participación ciudadana en los debates afines. Asimismo, estas prácticas son crecientemente valoradas por su impacto en la construcción de reputación y visibilidad de las instituciones, en su posicionamiento como actores comprometidos y socialmente responsables, y por los beneficios que generan para la investigación y sus profesionales (PCST Venice Symposium Steering Committee, 2023).

En cuanto al AA, la problemática adquiere centralidad en el contexto de la digitalización y de la crisis de los modelos tradicionales de publicación académica (Bartling y Friesike, 2014). Las Declaraciones de Budapest (BOAI, 2002) y Berlín (2003) constituyeron hitos fundacionales del movimiento internacional que promueve el acceso extendido al conocimiento y al patrimonio cultural mediante el aprovechamiento de tecnologías digitales. Ello supone que cualquier persona pueda buscar, leer, descargar, copiar y distribuir materiales de esa índole, con la única limitación de respetar y reconocer los derechos patrimoniales (copyright) de los autores. Una década más tarde, los mandatos expresados en BOAI (2012) subrayaron la necesidad de sancionar legislaciones nacionales específicas e implementar estrategias concretas al respecto. Entre ellas, la recomendación –central para este artículo– de que los organismos de investigación y educación superior dispongan de repositorios institucionales (RI) en los que se publiquen los productos generados en el curso de sus actividades sustantivas. En la actualidad, los RI constituyen uno de los dispositivos sociotecnológicos más relevantes para hacer efectivo el carácter de las ciencias como bien público y común.

Comparativamente, frente a una tradición extensionista consolidada en las universidades argentinas a lo largo de más de un siglo, la CPC y el AA pueden considerarse aún “dispositivos emergentes” que pugnan por encontrar su lugar en estructuras y agendas. A la diferencia temporal se suma su impronta exógena: salvo excepciones, su desarrollo local ha estado fuertemente asociado a orientaciones y requerimientos de políticas gubernamentales2. Ambas características contribuyen a explicar las tensiones que atraviesan su incorporación en las culturas organizacionales y en las prácticas del personal académico, como muestran estudios sobre CPC universitaria (Cortassa et al., 2020) y sobre repositorios de AA (Andrés et al., 2020; Fushimi, 2018) realizados en nuestro país.

Pese a estas limitaciones, es preciso destacar los avances registrados en los últimos diez a quince años. Los estudios sistematizados por Wursten y Cortassa (2023) permiten delinear una primera línea de base sobre las experiencias implementadas en numerosas instituciones, que reflejan un genuino interés por fortalecer sus mecanismos de interfaz con el entorno. Sin embargo, el carácter fragmentario de los trabajos relevados —mayoritariamente análisis de casos— dificulta tanto la construcción de un panorama comprehensivo de acciones y resultados como la identificación de los principales obstáculos y desafíos que condicionan su despliegue.

Para contribuir a cubrir esa vacancia, se desarrolló una investigación a escala nacional y de carácter multimétodo, cuyos resultados parciales se presentan a continuación3. En la sección “Teoría y métodos” se sintetizan los aspectos centrales del modelo de análisis consolidado a lo largo de varios años de trabajo del grupo autoral. La sección “Resultados y discusión” expone y discute evidencias derivadas de entrevistas en profundidad con informantes clave de 17 universidades públicas argentinas, situadas en diferentes regiones del país. La conclusión retoma los principales hallazgos sobre la posición institucional y las condiciones de desarrollo de las prácticas de CPC, EU y AA, e introduce una reflexión sobre su alcance en el contexto de los embates políticos, institucionales y presupuestarios que, desde el cambio de gobierno de 2023, enfrenta el sistema universitario y científico-tecnológico nacional.

Teoría y métodos

Enfoque analítico

Nuestro enfoque de la EU, la CPC y el AA se apoya en una extensa literatura que, en distintos contextos, ha identificado las tensiones entre condicionantes institucionales y disposicionales como un aspecto crítico para su legitimación, alcances y sostenibilidad en el marco de las organizaciones. Este patrón se señala tanto para el caso de la extensión (Menéndez y Tarabella, 2016; Tommasino y Cano, 2016; Wursten, 2023) como para las prácticas de comunicación científica (Bucchi y Schäffer, 2025; Entradas et al., 2020; Jacobson et al., 2004; Marcinkowski et al., 2014) y la publicación académica en AA (Andrés et al., 2020; Fushimi, 2018; Grasso et al., 2019; Soto et al., 2017).

Sobre esa base, este equipo desarrolló un modelo analítico que conjuga ambas dimensiones para abordar las estrategias y acciones mediante las cuales las universidades y los organismos del sistema científico-tecnológico promueven la circulación y apropiación colectivas del conocimiento experto (Andrés et al., 2020; Cortassa et al., 2020). En el primer caso, un –modelo top-down–, los condicionantes remiten al modo en que la CPC, la EU y los dispositivos de AA se inscriben en la política y la estructura institucional, en particular su formalización en documentos normativos y programáticos, las instancias de gestión que los sostienen y los recursos destinados a su implementación. En el segundo caso, un –modelo bottom-up–, que refiere a las formas en que los actores académicos los interpretan, valoran e incorporan, en mayor o menor medida, a sus prácticas. De la dinámica entre ambos órdenes surgen distintos escenarios para el desarrollo y la sostenibilidad de las prácticas afines, dependiendo del grado de alineamiento o desajuste que adopte esa relación en cada caso. En el escenario más favorable convergen condiciones positivas en ambos sentidos, mientras que en un panorama más crítico conjuga desinterés institucional y disposicional. En paisajes intermedios se combinan impulsos organizacionales con neutralidad o resistencia de los agentes o, a la inversa, iniciativas que surgen de la implicación de las comunidades aun en circunstancias de escasa o nula predisposición por parte de las estructuras de gestión.

Diseño metodológico

El modelo conceptual se aplicó en el marco de una investigación de diseño multimétodo, cuanti-cualitativo, de carácter exploratorio-descriptivo y sincrónico, basada en fuentes primarias y secundarias. Las técnicas de recolección de información incluyeron una encuesta al personal docente-investigador-extensionista, entrevistas en profundidad semiestructuradas a informantes clave y análisis documental institucional. En el presente artículo se presentan únicamente los resultados derivados del análisis de las entrevistas, con el fin de reconstruir la manera en que se articulan las dimensiones organizacionales y disposicionales en las narrativas de los actores.

La selección de informantes se realizó mediante un muestreo por conglomerados polietápico. A partir de la población de 63 universidades argentinas de gestión pública4, en una primera etapa se seleccionaron 20 instituciones mediante un muestreo intencional basado en criterios de distribución regional y año de creación. En el interior de estas se identificaron informantes clave: autoridades de gobierno y de gestión de las áreas responsables de acciones vinculadas con la CPC, la EU y los repositorios de AA. Del total de universidades contactadas, se obtuvo respuesta en 17 casos, al menos de uno/a de los/las informantes. No todas las instituciones quedaron representadas en la totalidad de las áreas. Algunas entrevistas se realizaron con equipos de trabajo; cada una de ellas fue considerada como un único caso.

La muestra final quedó conformada por 46 informantes provenientes de 17 universidades. Las entrevistas se realizaron por videoconferencia entre marzo y diciembre de 2023. Para el análisis se empleó un procedimiento de codificación deductivo-inductivo – que combina categorías derivadas del modelo conceptual con otras emergentes del corpus– asistido por el software ATLAS.ti.

Resultados y discusión

Esta sección presenta los resultados del análisis de las entrevistas organizados en tres ejes: las concepciones de los actores sobre el vínculo universidad-sociedad; las relaciones y distinciones entre la CPC, la EU y el AA; y el lugar que ocupan estos dispositivos en las estructuras institucionales junto con las condiciones que inciden en su desarrollo. Este recorrido permite discutir la distancia entre la definición de la función social del conocimiento y su traducción en dispositivos concretos, así como la gravitación de las dinámicas top-down y bottom-up en su despliegue.

Las relaciones entre universidad y sociedad

Las entrevistas muestran un fuerte consenso en torno a la idea de que el vínculo con la sociedad constituye un componente identitario de la universidad pública. En ciertos casos, esa relación se formula como pertenencia recíproca: “la universidad es parte de la comunidad y la comunidad es parte de la universidad” [E6]; en otros, aparece de manera explícita la imposibilidad de pensarla como una entidad separada del entorno: “la universidad no puede ser una isla… se encuentra dentro de la comunidad” y la separación entre ambas se considera una “falsa dicotomía” [E46].

Sin embargo, esa definición normativa no omite diagnósticos que señalan la existencia de un “(des)conocimiento generalizado [de la sociedad] de lo que se hace en la universidad”, especialmente en lo relativo a la investigación [E5]. Afrontar esa “sensación de que la universidad estaba demasiado alejada de la sociedad, casi sin comunicación”, por ejemplo, se convirtió en el eje de la agenda de la gestión de uno de los informantes clave entrevistadosdesde el inicio de su mandato [E43].

Como cabía esperar, la EU es señalada de manera recurrente como la función que mantiene el vínculo más visible con el entorno. Su acción “se ve mucho más rápido” y permite un contacto más directo con el medio y sus problemáticas [E5], lo que la convierte en el principal marco de referencia cuando se piensa la relación universidad-sociedad en términos de presencia territorial y respuesta a demandas [E4]. En universidades situadas en regiones con barreras geográficas y de acceso, la EU vehiculiza “estrategias de despliegue en dispositivos comunitarios” [E43]: genera accesibilidad y posibilita una presencia institucional sostenida. Tampoco faltan las controversias en torno a concepciones unidireccionales y paternalistas de la EU. Desde una perspectiva crítica, el trabajo en territorio no implica un desplazamiento hacia un “afuera” sino un proceso de diálogo en el que el conocimiento académico es interpelado por otros saberes, como declara uno de los informantes: “no vamos a llevar la verdad revelada… es diálogo de saberes” [E46]. Este modo de concebir la función conduce a ese mismo informante a cuestionar prácticas que a veces se realizan en su nombre: “ir a un barrio, llevar leche y caramelos a los chicos, ¡eso no es extensión!”. 

Aunque en menor medida, las personas entrevistadas también asocian la relación universidad-sociedad con la visibilización de lo que la institución “hace” en términos de desarrollo científico y tecnológico. En ese sentido, la circulación de conocimientos hacia públicos no especializados –denominados “otros sectores”– aparece como un componente clave del vínculo, tal como señala la responsable de un programa de CPC. La comunicación, como completa esta informante, no debe ser solo “difusión” agregada a posteriori, sino atravesar todos los procesos académicos [E1]. En esta línea, se identifica una demanda creciente hacia los equipos de investigación para demostrar el impacto comunitario de sus actividades, lo que lleva a algunos actores a buscar esa legitimación de manera explícita [E42].

Más allá del valor identitario atribuido a las relaciones entre universidad y sociedad, las posiciones expresadas por los informantes no remiten a un modo unívoco de concebirlas, sino a una trama en la que esa definición normativa arraigada se entrelaza con cuestionamientos a modelos persistentes, experiencias de trabajo territorial orientadas a reconfigurar las prácticas y emergentes que señalan nuevas necesidades: incrementar la visibilidad y la legitimación social del conocimiento científico, así como ampliar las formas de interlocución y las mediaciones institucionales.

Vínculos y diferencias entre CPC, EU y AA

Este trabajo parte de la premisa de que la CPC y el AA constituyen dispositivos emergentes que responden –al igual que la EU en su trayectoria histórica– a la función democratizadora del conocimiento de las universidades. En ese sentido, y con las diferencias y particularidades ya señaladas, aportan esas “nuevas mediaciones” que hoy requieren los procesos de circulación y apropiación social de la ciencia. Sin embargo, la pregunta que orienta este apartado es en qué medida los actores perciben estas funciones como parte de una política integral. Si bien los testimonios al respecto son variables, puede considerarse que los vínculos aparecen de manera más clara entre la CPC y la EU que entre estas y el AA.

Por un lado, en algunos casos la separación se atribuye a “herencias organizacionales muy arraigadas” que es necesario resolver progresivamente [E27]. Esta percepción es consistente con las diferencias de temporalidad y el grado de consolidación orgánica de las tres funciones: mientras la EU cuenta con ámbitos claramente delimitados en las estructuras universitarias, la CPC y el AA todavía se encuentran en búsqueda de su espacio y están siendo, literalmente, disputadas entre las áreas de extensión, investigación, bibliotecas, prensa y/o comunicación institucional. Como ocurre con otras funciones relativamente recientes de relación con el entorno –por ejemplo, la vinculación y la transferencia tecnológica–, esta situación se inscribe en transformaciones más amplias asociadas al pasaje hacia el Modo 2 de producción de conocimiento, que “cuestiona la adecuación de aquellas instituciones con las que estamos familiarizados, dedicadas a la producción de conocimiento, ya se trate de universidades, instituciones gubernamentales de investigación o laboratorios de grandes empresas (Gibbons et al., 1997, p. 12).

Si bien los organigramas tienden a compartimentalizar funciones y tareas más que a integrarlas, en algunas entrevistas se reafirma la afinidad conceptual entre la CPC y la EU, señalada también en la literatura (Gasparri, 2017; Wursten, 2023). Para una secretaria de Cultura y Extensión, ambas se orientan al trabajo con actores extraacadémicos y se sostienen en una “construcción de ida y vuelta”, en oposición a una lógica “meramente transferencista” [E23]. No obstante, la misma informante advierte que esa convergencia no siempre se traduce en articulaciones formales, por ejemplo, en documentos normativos o programáticos que las identifiquen y promuevan explícitamente. En otro caso, en cambio, la relación no solo se reconoce, sino que resulta prácticamente indiscernible, como manifiesta la responsable de “Con tonada científica” [E1], un proyecto surgido como iniciativa extensionista en la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) que, en la actualidad, constituye un referente de la CPC institucional a nivel nacional. Aquí, la cercanía deriva tanto de supuestos compartidos como de la localización de las acciones “emergentes” en estructuras preexistentes.

Una tercera posición introduce un matiz que recupera la distancia entre ambas prácticas. Según este testimonio, “comunicar resultados” –lo que esta persona identifica como la función de la CPC– no equivale a generar procesos de vinculación territorial, considerados centrales en la EU [E12]. Lo primero no necesariamente contribuye a lo segundo y, aunque reconoce que las universidades están “cada vez más pensando en la articulación de las prácticas integrales”, considera que ello se reduce aún a “procesos puntuales”.

Las prácticas y dispositivos de AA son los que con mayor frecuencia aparecen desvinculados de las otras líneas. Salvo entre las personas responsables o directamente involucradas en su desarrollo, el AA suele asociarse más con acciones y decisiones de tipo técnico-administrativo centradas en los repositorios –vigentes o en proyecto– y con requerimientos externos, que con una política endógena orientada a impulsar la circulación y apropiación social del conocimiento. Al respecto, un secretario de Ciencia y Técnica considera necesario distinguir entre “un plan de divulgación, que tenga que ver con comunicación sobre todo hacia la comunidad”, y “el repositorio –y otras cuestiones– que tienen que ver más con un código científico” [E3]. Desde esta perspectiva, la disposición de la producción académica en AA se percibe como una medida orientada a la comunicación entre pares que comparten “códigos”, más que a satisfacer el interés potencial de públicos no expertos.

Al momento de realizar las entrevistas, se registraban incluso situaciones más complejas: no solo el área no se percibía como parte de una política institucional, sino que, desde la mirada crítica de algunos informantes, carecía de lineamientos y estrategias definidos. Por supuesto, esto no es uniforme. En casos como los de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la Universidad Nacional de Rosario (UNR), tanto las normativas como la implementación presentan desarrollos robustos y consolidados –en el primer caso, con carácter pionero en el país–. En la Universidad Nacional de Salta (UNSa), por su parte, el repositorio también surgió tempranamente, en 2008, a instancias de la biblioteca electrónica, aunque luego atravesó severos contratiempos, tan graves como un sabotaje que provocó su colapso [E41]. La localización de los repositorios de AA bajo la órbita de las bibliotecas –y, en un caso, del área de informática– opera también como un factor que los mantiene por fuera del paraguas de las relaciones entre universidad y sociedad: “Es cosa de la biblioteca, es cosa de ella, dicen siempre… pero todo forma parte de lo mismo: de que el conocimiento salga, ¿no?” [E38].

El lugar que ocupan la CPC, la EU y el AA en las universidades

La heterogeneidad en la jerarquía organizacional de la EU, la CPC y el AA constituye, una vez más, un reflejo fiel de la tensión entre la historia de la primera y la novedad disruptiva que representan las restantes.

Como se indicó en la primera sección, los testimonios coinciden en caracterizar a la extensión como una función sustantiva y estructuralmente consolidada, que “está dentro del ADN de la universidad” [E30]. Esto se expresa tanto en su magnitud operativa –“debe haber más de cuatrocientos proyectos en ejecución”– como en su inscripción en planes estratégicos, resoluciones del Consejo Superior, unidades de gestión con dotación de personal y programas de financiamiento con continuidad. Sobre la institucionalidad de la EU no caben dudas: en todas las universidades analizadas existen dispositivos estables, lo que hace que la función “no dependa del voluntarismo” [E30]. En todo caso, pueden registrarse diferencias en el grado de implicación del personal académico, por ejemplo, según rangos etarios –“las nuevas generaciones tienen más interés” [E20]– o según unidades académicas y disciplinas [E10]. A ello se suma la diversidad de enfoques: “tenés 80 proyectos, y cada extensionista le da una impronta” [E46].

Frente a estos consensos, el panorama de la CPC resulta considerablemente más desigual. Una informante valora el crecimiento del espacio en su universidad, donde “cada vez se están haciendo mayores esfuerzos” [E1]. La creación de áreas específicas se interpreta como una “apuesta importante” [E15] que asegura cierta continuidad [E16]. En otros casos, la CPC aparece incluida de manera explícita en documentos de planificación, aunque con una jerarquía comparativamente baja, en niveles subordinados de la estructura y con escasa capacidad de incidencia: “Está en el Plan 2030, pero por detrás de la transferencia tecnológica… recién atrás entraría divulgación” [E19]. Por último, un tercer grupo de entrevistados la ubica en una posición directamente marginal: “Se habla mucho de que hay que comunicar, pero no tiene una función importante” [E22]. Como sintetiza un responsable del área, “se valora la acción, pero no se la valora estructuralmente”: no existe presupuesto y la continuidad depende del “esfuerzo, de la voluntad que ponen los equipos y los investigadores” [E29]. Esta fragilidad también se manifiesta en situaciones en las que la función recae en una sola persona y los recursos son mínimos o inexistentes [E7; E20].

El AA muestra con particular claridad la distancia entre formalización y centralidad efectiva. La existencia de resoluciones tempranas y la percepción de que la temática está “bastante arriba” en la agenda no se traducen necesariamente en políticas, equipos dedicados ni en una apropiación sostenida por parte del personal investigador, que continúa privilegiando los circuitos tradicionales de publicación, mientras que “el repositorio propio pasa a un segundo plano” [E21]. Asimismo, salvo excepciones, el área presenta el mismo carácter unipersonal o de dotación mínima que la comunicación científica. Por esta razón, depende en gran medida del impulso que pueda otorgarle su responsable, tanto en términos de funciones operativas [E24] como de acciones más amplias que incluyen instancias de capacitación y estrategias de movilización del personal investigador [E38]. Los procesos de acreditación institucional aparecen como un factor que puede contribuir a “convencer a las autoridades” de acelerar la implementación de la publicación en AA, en la medida en que estos forman parte de los requisitos de evaluación [E41]. Sin embargo, tales procesos enfrentan factores retardatorios de diversa índole, vinculados con la falta de información específica, la baja apropiación cultural, las resistencias asociadas a hábitos académicos consolidados y el desconocimiento de aspectos técnicos, como los procedimientos de autoarchivo.

Los criterios de evaluación y reconocimiento académico operan como un factor transversal que modela conductas y prioridades. “Están mal orientados”, afirma de manera crítica un secretario de Ciencia y Técnica [E3]. Por un lado, como se indicó previamente, las acreditaciones –de universidades y de facultades– se reconocen como un factor externo con potencial influencia positiva en lo que respecta a los repositorios de AA; pero, al mismo tiempo, los mandatos de apertura contrastan con las exigencias de publicación en revistas de circuitos cerrados y de determinado rango (“Q1, Q2…”) [E18]. En este contexto, algunas universidades han introducido condiciones en los proyectos financiados para promover el depósito en repositorios [E10]. En cuanto a la CPC, su escasa incidencia en la evaluación de las trayectorias del personal docente-investigador constituye un factor disuasorio ampliamente reconocido a nivel nacional e internacional. La falta de incentivos entra en tensión con las demandas de implicación: “No se nos evalúa por eso” y, en consecuencia, “tendemos a hacer algo que nos dé más rédito” [E22].

El reconocimiento discursivo constituye solo una dimensión del lugar que ocupan las prácticas de CPC y AA en las universidades analizadas. Lo más relevante reside, en todo caso, en su inscripción en los organigramas y en la dotación de recursos humanos y presupuestarios para su desarrollo, que no siempre guardan correspondencia con las formalidades existentes. Cuando estos elementos no convergen, las prácticas quedan asociadas al voluntarismo, a experiencias puntuales o a dependencias específicas, como los sistemas de bibliotecas en el caso del AA [E8; E9].

En contraste con la estabilidad de la EU, los avances en estas líneas responden con mayor frecuencia a coyunturas de gestión que a políticas consolidadas. De este modo, su continuidad queda expuesta a variaciones derivadas, por ejemplo, de recambios de autoridades o de redefiniciones de prioridades en las agendas institucionales. Esta dependencia es señalada de manera explícita por una entrevistada al referirse al AA –aunque su apreciación resulta extensible a la CPC–: “los cambios de gobierno no siempre mantienen una misma ideología, una posición política, respecto del acceso abierto a la información generada con fondos públicos” [E41].

Conclusiones

Este estudio se propuso cubrir una vacancia en el conocimiento sobre la dimensión institucional de la CPC en Argentina, integrando su abordaje de manera conjunta con la EU y el AA. Este enfoque permite considerar estas prácticas como mediaciones orientadas a fortalecer a la universidad como interfaz de diálogo entre ciencia y sociedad y a reafirmar el carácter de bien público del conocimiento científico-tecnológico.

Los resultados muestran que la relación universidad–sociedad constituye un principio identitario ampliamente compartido por los actores, aunque su traducción en políticas, estructuras y prácticas efectivas resulta desigual. La extensión aparece como el dispositivo más afianzado, que garantiza presencia territorial y contacto sostenido con el entorno, mientras que la CPC y el AA se encuentran aún en proceso de institucionalización y ocupan posiciones variables en los organigramas y en las agendas de gestión.

Los testimonios indican que la articulación entre estas líneas no se percibe como parte de una política integrada, sino como trayectorias diferenciadas, condicionadas por herencias organizacionales, disputas de localización institucional y grados dispares de apropiación cultural. Allí donde existen definiciones estratégicas, estructuras de gestión y recursos específicos, se considera que las iniciativas adquieren continuidad; cuando ello no ocurre, quedan asociadas al voluntarismo, a equipos reducidos o a dependencias técnico-administrativas, con escasa incidencia en las rutinas académicas. En este sentido, los resultados refuerzan la hipótesis acerca del peso predominante de las dinámicas top-down en su inserción y desarrollo.

Más allá de estas diferencias, las entrevistas evidencian una demanda creciente de visibilidad y legitimación social de la producción científica, así como la necesidad de ampliar las instancias orientadas a promover la circulación del conocimiento entre públicos no especializados. Este horizonte común refuerza la idea de la universidad como interfaz y del conocimiento como bien público, pero también pone de relieve la distancia existente entre las definiciones normativas y las condiciones efectivas de implementación.

El escenario político actual introduce un elemento ineludible. El desarrollo de la CPC y del AA en las universidades argentinas estuvo fuertemente vinculado al impulso de las políticas científico-tecnológicas y de educación superior de las últimas décadas. La brutal retracción del sistema desde fines de 2023 no solo afecta las condiciones materiales de estas prácticas, sino que agudiza la necesidad de profundizar los vínculos con la sociedad y de defender el carácter público del conocimiento. En este contexto, incluso los avances más incipientes revelan su fragilidad y la urgencia de que estas líneas se consoliden como políticas institucionales de largo plazo, en lugar de depender de coyunturas exógenas o internas.

Notas

1 Una versión preliminar de este trabajo se publicó en las Actas del IX Encuentro nacional y VI latinoamericano “La Universidad como objeto de investigación, disponibles en: https://congresos.fahce.unlp.edu.ar/la-universidad-como-objeto-de-investigacion/ix-encuentro/actas

2 Los planes nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) elaborados desde el comienzo de siglo hasta la fecha contienen directrices explícitas orientadas a expandir y fortalecer las prácticas de CPC de los organismos del sistema nacional de ciencia y tecnología, al igual que la Ley 27.614/2021. Por Ley 26.899/2013, estos organismos también están obligados a desarrollar repositorios digitales –propios o compartidos– con el fin de que allí se publique en AA la producción financiada total o parcialmente con fondos públicos.

3 Proyecto de Investigación y Desarrollo N° 3189 “Circulación, acceso y apropiación social del conocimiento científico y tecnológico: percepciones, prácticas y acciones de las comunidades científicas universitarias en Argentina”. FCEdu, UNER. Financiado por SCyT UNER.

4 Dato del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) a febrero de 2023.

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Torres-Albero, C., Fernández-Esquinas, M., Rey-Rocha, J. y Martín-Sempere, M. (2011). Dissemination practices in the Spanish research system: Scientists trapped in a golden cage. Public Understanding of Science, 20, 12–25.

Wursten, A. (2023). Compartir las ciencias: Comunicación y apropiación de conocimientos en la extensión universitaria. EDUNER.

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Anexo

Lista de informantes clave por área de trabajo y universidad de pertenencia

  • CPC / afines: E1 (UNaM), E5 (UNCAus), E7 (UNdeC), E11 y E13 (UNJu), E15 (UNL), E16 (UNLP), E20 (UNLPam), E25 (UNM), E29 (UNNOBA), E37 (UNR), E40 (UNRaf), E42 (UNSa), E45 (UNSL).
  • Secretaría de Ciencia y Técnica (y análogas): E3 (UNaM), E5 (UNCAus), E6 (UNCuyo), E8 (UNdeC), E10 (UNICEN), E14 (UNJu), E19 (UNLP), E22 (UNLPam), E25 (UNM), E28 (UNNE), E31 (UNNOBA), E36 (UNR), E39 (UNRaf), E44 (UNSL).
  • Secretaría de Extensión (y análogas): E4 (UNCAus), E12 (UNJu), E17 (UNLP), E23 (UNLPam), E27 (UNNE), E30 (UNNOBA), E33 (UNPA), E35 (UNR), E43 (UNSa), E46 (UNSL).
  • Biblioteca – Repositorio digital: E2 (UNaM), E8 (UNdeC), E9 (UNICEN), E18 (UNLP), E21 (UNLPam), E24 (UNM), E26 (UNNE), E31 (UNNOBA), E32 (UNPA), E34 (UNR), E38 (UNRaf), E41 (UNSa).