Ana M. Barletta
Universidad Nacional de La Plata (UNLP)
En una coyuntura de gran incertidumbre sobre el futuro, inmersxs como estamos en la vivencia de una catástrofe inesperada -y en guardia frente al anticipo de nuevos cataclismos- agradezco y respondo a la invitación de Pensamiento Universitario para pensar, desde la experiencia de la gestión universitaria, una perspectiva de cambio para la ley de Educación Superior sin poder evitar la acuciante evocación de la turbulenta y compleja realidad que estamos transitando. Y entonces, acá ya se inserta una de las preguntas de lxs colegas: ¿Es posible hoy dedicarnos a esta discusión por una nueva Ley sin esperar a poder calibrar el impacto de ésta y de nuevas catástrofes que nos alucinan? ¿Cuáles deberían ser los cambios que proponga una nueva ley en esta “crisis de futuro” -o al menos de “atemperamiento de futuro”- como decía en 2010 Nora Rabotnikof? O como descubría Nicolás Arata (2020), más específicamente y en medio de la pandemia, que habíamos protagonizado la mayor migración de la historia de las aulas físicas a las virtuales, sin detenernos demasiado a pensar esta coyuntura y su impacto en nuestras tradiciones más queridas…
Me alejaré un poco de este gran interrogante para tratar de reflexionar, brevemente, sobre las otras sugestivas preguntas que se propone abordar este nuevo número de nuestra revista, desde el punto de vista de la militancia universitaria, a partir de haber ocupado diferentes espacios de gobierno en la Universidad Nacional de La Plata. En ese sentido, se me ocurría como hilo argumental posible esbozar algunas ideas dentro del itinerario que va de la aprobación de la Ley 24521 en 1995, y su modificación con la Ley 27204 veinte años después en 2015. Es decir, dos leyes y varios contextos por los que ha atravesado mi experiencia con diferentes modelos en disputa en los años democráticos.
Empiezo, entonces, cuando finalizado el período de la última dictadura militar dos nuevos hitos se agregaban a la serie de fundaciones y refundaciones de la universidad argentina, signadas por avatares político-institucionales a lo largo del siglo XX: 1983 y el retorno de la democracia con su “reconstrucción de la universidad autónoma” –que quedaba sellada al final de las etapas llamadas “normalizadoras” y que fue entendida como “devolución” a las universidades nacionales de una capacidad propia que les había sido conculcada por la dictadura- y 1995, cuando se intentaría torcer este viraje con la creación de la SPU (1993) y la sanción de la Ley de Educación Superior. Pasaron 26 años de la sanción de esa Ley y entiendo que esos dos escenarios originales han cambiado notablemente, aunque tal vez no todas sus preocupaciones.
El contexto de la sanción de la Ley 24521 fue el de mi primera experiencia de gestión como secretaria académica de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FaHCE) en el momento de una colosal hostilidad del Estado democrático (del gobierno menemista) hacia las universidades. La ley acompañó esa coyuntura que Lucas Rubinich (2001) supo definir como “un clima cultural asfixiante”, un “sólido proceso de imposición cultural”, agudizado por el ahogo presupuestario y por las transformaciones sustanciales en la estructura productiva y en el Estado que generaron un agresivo proceso de crecimiento y afianzamiento de la desigualdad social.
De este modo, se fueron reforzando visiones muy negativas sobre la sociedad argentina (que hoy todavía padecemos cotidianamente por la retórica de derecha y que, además, para colmo, se han vuelto virales): la permanente sospecha del usufructo de dineros públicos por parte de las dirigencias de las instituciones, ineficiencia, clientelismo político, elevados costos de la función pública, necesidad de achicamiento del estado, altos costos de la fuerza de trabajo que atentarían contra el desarrollo económico, sospechas de corrupción sobre ciertos actores corporativos como los sindicatos… con la consiguiente necesidad de cambiar, además, las relaciones entre el mundo universitario, la sociedad y el estado. De esto derivó la restricción del gasto público / nuevas formas de financiamiento (inclusión de fondos competitivos; financiamiento contractual; cobro de matrícula; arancelamiento); crítica del co-gobierno como una estructura que no favorecía la toma rápida de “decisiones”, impuestas por los bancos. De tal manera que la masividad de la universidad pública, el ingreso irrestricto, la gratuidad y el co-gobierno, fueron los elementos centrales definidos como problemas, como obstáculos para un buen funcionamiento del sistema universitario acorde con los nuevos tiempos. Muchos de estos aspectos estuvieron implícitamente contenidos en la 24521.
Las universidades resistieron y la privatización no las alcanzó en su totalidad. Quedaron reservas en su interior que empezaron a visibilizarse desde que, en 2001, se fisuraban algunos de los consensos fuertes de la época neoliberal, dominada por visiones de una economía ideologizada y su apelación a los límites estructurales de la acción transformadora; una época en la que un buen balance de la conducción del gobierno universitario era sólo medido con parámetros cuantitativos de producción, ingresos / egresos, costos y beneficios monetarios… con libros de contabilidad.
Entonces, tuve más suerte, como Decana de la FaHCE, 2004-2010, experiencia que fue vivida por mí como una “compensación” del anterior momento, a partir de esa recomposición de la relación Estado / Universidad que produjeron los gobiernos Kirchner (dos presidentes graduados en nuestra Universidad: digo esto porque, a veces parece que le tout ocurrió en la UBA) que permitieron no sólo un reconocimiento del papel de la Universidad y de la ciencia en el entramado político cultural del país, sino que fueron momentos en que se revirtió -de una forma inédita- el acorralamiento presupuestario del sistema de educación superior y del mundo científico. Pudimos crecer en todos los rubros: planta de cargos, mayores dedicaciones, proyectos de investigación, docencia y extensión, creación de Institutos de Investigaciones de doble dependencia con Conicet como asimismo en el rubro edilicio, en el que nuestra Facultad logró por primera vez en su historia centenaria, contar con un edificio propio, más allá del crecimiento en metros cuadrados del conjunto de la UNLP.
En otro contexto, entonces, con la misma Ley se pudo crecer exponencialmente y desarrollar programas novedosos. Y aquí puedo insertar la otra pregunta de lxs colegas: ¿Es necesaria una reforma de la Ley de Educación Superior? Por eso nos preguntamos qué ocurrió en esos años de crecimiento inéditos en el sistema ¿Tuvieron las universidades una capacidad autonómica tal que pudieron instalar proyectos y gestionar otros paradigmas, más allá de los límites de una legislación que las encorsetaba? ¿Era la recomposición del presupuesto de los años 2003-2015 lo que permitía a las universidades tener esos márgenes de maniobra? ¿La acción de qué actores pudo horadar los aspectos más mercantiles de la Ley? Históricamente sabemos que la Universidad reformista igualmente había podido desarrollarse (peleando) dentro de los márgenes -aunque más sucintos y menos doctrinarios- de la vieja Ley Avellaneda.
No obstante, la 24521 entorpeció aspectos centrales de la organización político-académica, como el ingreso irrestricto y la gratuidad. En el caso de la UNLP, significó una disputa muy fuerte con la Facultad de Ciencias Médicas que implementó, por más de 15 años, un sistema de ingreso restricto, con despóticos e inequitativos requisitos de admisión, pese a que el Consejo Superior no aprobaba esas restricciones. Nuestro Consejo tuvo que acostumbrase a perder todas las presentaciones judiciales realizadas por Medicina, debido a la pura letra de la Ley, el famoso ART.- 50, que hacía efectivo -sistemáticamente- el recorte de su autonomía para fijar normas académicas, con la consiguiente afectación de derechos de los estudiantes universitarios.
La Universidad Nacional de La Plata ya había defendido varios aspectos de su autonomía, cuando se obligó a las universidades a adecuar sus estatutos a la 24521 en los años 90. Menciono alguno: litigamos por mantener la representación tripartita en los Jurados de los concursos defendiendo, particularmente, la participación estudiantil. O la representación de graduados en los Consejos Directivos. Y se logró, en ardua batalla con el Ministerio de Educación de la Nación que había impugnado varios de nuestros artículos del Estatuto. Asimismo, en los últimos años, en el ámbito del CIN, pudo llevarse a cabo la discusión por una nueva doctrina del ART.- 43, pelea y debate exitoso que logró imponerla con no pocos enfrentamientos con una parte considerable de las corporaciones profesionales.1 (Esto también pudo hacerse durante la vigencia de la 24521). No obstante, el ART.- 50 seguía firme.
El tercer momento de mi experiencia en el gobierno fue como Vicepresidenta de la UNLP en una época de explícita ampliación de derechos, cuando se aprueba, con el GONG del 2015, la Ley 27204 en la que se asienta muy claramente ese nuevo modelo por el que habíamos bregado (teniendo como marco la Ley de Educación Nacional 26206 de 2006, las orientaciones de la CRES 2008 y las de nuestro propio y nuevo Estatuto 2008): gratuidad, responsabilidad del estado, ingreso libre, inclusión e igualdad, equiparación de oportunidades, reconocimiento de identidades de género, culturales, pluriculturales, vinculación de prácticas y saberes dentro de la universidad y en el territorio, más la eliminación del ART.- 50 que limitaba nuestra autonomía. Esta Ley cambió notablemente, desde nuestro punto de vista, varias características encorsetadoras e ideológicas que incluso siguieron operando entre 2015 y 2019, como retórica gubernamental que tuvimos que enfrentar. De este modo, al derogar dicho artículo, la nueva ley obligó a la Facultad de Medicina a eliminar el examen de ingreso quitándole, además el amparo legal que tenía la Facultad para establecer dichas medidas limitativas, apoyada por el Poder Judicial.
La Ley 27204 (conocida como Reforma Puiggrós de la LES) significó entonces, para nosotros, una gran transformación sobre la que, creo, es necesario reflexionar acerca del modo en se produjo. En este sentido, es necesario mencionar el trabajo sistemático de la Presidencia de nuestra Universidad para conseguir adhesiones universitarias y políticas para modificar la 24521 (Montenegro, 2018). Resulta imposible no mencionar, además, el esfuerzo legislativo que se llevó adelante para votar una Ley que sólo NO fue votada por el PRO y, particularmente, es muy necesario evocar la resolución de la diputada nacional Adriana Puiggrós que trabajó empecinadamente para lograrla, en acuerdo con la Presidenta de la Nación. Es verdad que no fue una propuesta del CIN, y que también es cierto que varias Universidades, a posteriori, objetaron esa modificación y realizaron presentaciones judiciales contra ella. En los años siguientes, se reveló muy útil la 27204 ya que no siempre el gobierno del Estado está en manos de dirigentes que valoran la democracia y los derechos. Varios aspectos a tener en cuenta para evaluar en qué coyuntura es posible consensuar cambios que no desmoronen lo obtenido.
Finalmente, en este último año y medio, hemos podido exhibir que las universidades ya no son un mundo enclaustrado y hoy nos complace mucho apreciar cómo hemos cambiado con nuestra presencia territorial interactuando con nuevos actores. Una Universidad que ha demostrado -en esta circunstancia pandémica- cuánto puede contribuir a la resolución de una gran amenaza imprevista e inesperada, es capaz de convertirse en ese espacio de articulación que permita poner en juego todo su capital científico, cultural y militante en una alianza fuerte con las asociaciones del mundo extrauniversitario para enfrentar agendas no contempladas, incómodas, voces nuevas que también nos llegan desde el pasado y que interpelan permanentemente a la institución, constituyendo un desafío para intervenir en esta encrucijada disruptiva, revalorizando la solidaridad y lo colectivo como pilares fundamentales de la vida social.
Entonces, si el debate por una nueva ley se abre, más allá de reclamos sectoriales (como por ejemplo, cambiar la constitución de la Coneau, u otros de ese tipo) pensemos qué mecanismos originales podrían fortalecer la consolidación de una verdadera corriente de construcción de alianzas de producción de conocimiento y de mutuo aprendizaje y trasmisión de saberes y redes que nos inspire para promover actores universitarios comprometidos, conscientes del para qué de sus vidas universitarias, y del sentido de sus profesiones. Y esto tal vez nos conecte con otro modelo, más socializante, politizado y articulado con el mundo social como lo fue la Universidad del 73 (Barletta, 2018), un modelo truncado y cuyo legado, invisibilizado, muchas veces parece estar presente en varias de nuestras apuestas actuales por una Universidad pública, comprometida, gratuita, igualitaria, feminista y diversa.
NOTAS
1 Como sabemos, este artículo establece que las carreras de grado de interés público sean acreditadas por la Coneau. En el CIN se discutió una nueva doctrina respecto de las actividades reservadas de cada carrera, básicamente las profesionales. Para esto, se limitaron las actividades reservadas a las imprescindibles a ser evaluadas por la Coneau, poniendo al resto de actividades entre los alcances, no considerándolos reservados a una sola carrera. Un tema difícil en defensa de la autonomía que se peleó en el CIN en conflicto con corporaciones profesionales que querían decidir sobre las actividades reservadas de los títulos y hacerlas excluyentes. Por otro lado, también resultó acotada la discrecionalidad de la Coneau en las evaluaciones.
BIBLIOGRAFÍA
ARATA, N. (2020). Razones para reivindicar a esa vieja vaca sagrada llamada Escuela. Pensar la pandemia. Observatorio Social del Coronavirus N°69. Buenos Aires: CLACSO.
BARLETTA, A (2010). Universidad y política en registro personal. Revista de la Universidad Nº 35, UNLP, La Plata, EDULP.
BARLETTA, A (2018). Nuevas Bases para la Reforma Universitaria 4. La Plata 1972-1974. Apuntes sobre un legado invisibilizado, IEC Conadu. Buenos Aires.
MIGNONE; E. (1998). Política y Universidad. El Estado Legislador. Buenos Aires: IDEAS.
MONTENEGRO, J. (2018). ´Militar´ la Reforma Puiggrós: la incidencia de la Universidad Nacional de La Plata en su sanción. Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP.
RABOTNIKOF, N. (2010). Política y tiempo: pensar la conmemoración. Sociohistórica. Cuadernos del CISH, Nº 26. FaHCE– UNLP, La Plata.
RUBINICH, L (2001). La conformación de un clima cultural. Neoliberalismo y Universidad; Libros del Rojas, Universidad de Buenos Aires.