Adriana Puiggrós
Asesora presidencial/Universidad de Buenos Aires /Universidad Pedagógica Nacional
En una rápida mirada de la historia de la educación superior argentina sobresalen los siguientes hechos:
- La disociación entre las instituciones no universitarias y las universidades, sellada en la segunda mitad del siglo XIX: las escuelas normales y las técnicas fueron concebidas como circuitos terminales para mujeres, las primeras y para hombres de sectores medios y populares, las segundas.
- Los cambios políticos, pedagógicos y administrativos, producidos por el Movimiento Reformista de 1918, cuyas banderas democráticas elevaron a las universidades argentinas a la vanguardia de los modelos universitarios del mundo. (No obstante, la existencia de un universo distinto en el cual se formaban docentes y técnicos fue sobreentendida como ajena a las preocupaciones de democratización, así como al concepto de educación superior. La universidad seguía siendo el país de los doctores).
- La supresión del arancelamiento establecida por el gobierno peronista en 1949.
- La intervención y represión ejecutada por la Dictadura militar/empresarial/clerical entre 1966 y 1973 y la fundación de las primeras universidades de mediana escala.
- La reforma nacional popular comenzada por la izquierda peronista en 1973-74.
- La intervención y represión física, cultural e intelectual llevada a cabo por la Dictadura militar/empresarial/clerical entre 1974 y 1983.
- La inscripción de la autonomía y autarquía universitarias en el art. 74, inc.19 de la Constitución Nacional, en 1994.
- La reforma realizada por el gobierno de Carlos Saúl Menem: aprobación de la primera Ley de Educación Superior (1995) que integró todas las instituciones (universitarias y superior no universitarias) y fundación de universidades de mediana escala, a la vez que dio apertura al arancelamiento, a la tercerización de funciones y pérdida de soberanía nacional, en el nivel. La inscripción del neoliberalismo en la cultura universitaria, tanto en la gestión de las instituciones como en la comunidad de docentes y científicos.
- Las políticas nacionales, populares y democráticas que, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner (2003-2015), actuaron sobre el conjunto del sistema de educación, que abordaré en el siguiente párrafo.
Una nueva versión de la universidad nacional y popular
Durante los doce años de gobierno del Frente para la Victoria, coalición encabezada por el peronismo (2003-2015), nuestras universidades fueron puestas de pie mediante una inédita inversión en salarios, edificios, laboratorios, becas y repatriación de científicos. En 2004, el gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) firmaron un convenio por el cual las universidades públicas adquirieron el carácter de proveedoras privilegiadas del Estado. En 2005, Argentina y Brasil firmaron un acuerdo comprometiéndose a excluir a la educación de los tratados de libre comercio. La nueva Ley de Educación Nacional (No. 26206) sancionada en 2006, otorgó a la educación universitaria, como al conjunto de la educación, el carácter de bien público y derecho social garantizado por el Estado. La educación universitaria pública quedó comprendida también en el artículo 10º que establece que el Estado nacional no podrá suscribir tratados bi o multilaterales de libre comercio que consideren a la educación un bien lucrativo o estimulen cualquier forma de su mercantilización.
Durante el gobierno kirchnerista se crearon diecisiete universidades situadas en zonas carentes de educación universitaria pública y en localidades con densa población popular, especialmente en el conurbano bonaerense. Así se produjo un cambio que anunciaba proyectarse como profundo en la estructura de todo el sistema universitario nacional. Varias de las nuevas casas de altos estudios debieron responder a una enorme demanda de jóvenes que eran los primeros miembros de sus familias que habían terminado la enseñanza media. El funcionamiento de la mayor parte de ellas contradijo uno de los principios educativos del neoliberalismo: que cantidad y calidad son incompatibles. La mayor parte de las nuevas universidades lograron en escaso tiempo loables avances en investigación básica, desarrollos tecnológicos e innovación productiva.
La reforma kirchnerista abrió un abanico de posibilidades a demandas que estaban contenidas sin encontrar cauce desde años atrás. Recalco que el elemento más fuerte fue la apertura de posibilidades reales de concurrencia, como nunca antes existieron, de los sectores pobres y medios. También debe observarse el posible impacto de estas nuevas opciones en contener la probable tasa de crecimiento de las grandes universidades tradicionales, como las de Buenos Aires y La Plata. Las nuevas casas de altos estudios (en general) fueron diseñadas teniendo en cuenta las vacancias profesionales y las características del sistema productivo y el empleo, aunque varias de ellas luego sumaron carreras tradicionales.
Durante el segundo gobierno de CFK era indispensable afianzar y profundizar la línea político educativa mientras se jugaba una carrera con las corporaciones que avanzan sobre nuestra educación. Para ello urgía tratar la nueva Ley de Educación Superior, garantizar legalmente el financiamiento del conjunto de las universidades públicas, en particular de las nuevas que estaban en proceso de crecimiento, y de los organismos de Ciencia y Técnica y dar un salto cualitativo en los acuerdos del Mercosur y la UNASUR al respecto. El 1º de marzo de 2008, en su discurso de apertura de año parlamentario, CFK pidió a los diputados que en el curso de ese año aprobaran una nueva ley de educación superior. Desde la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación, se realizó la más amplia consulta a la comunidad de educación superior nacional, a los sindicatos docentes y a numerosos sectores de la sociedad. Como resultado presentamos un proyecto que derogaba la ley menemista de 1995, aún vigente, y recuperaba los principios soberanos y democráticos.
Sin embargo, inadecuadas (e interesadas) definiciones de la autonomía y la autarquía; lazos que habían sido creados por algunas universidades con corporaciones para subsistir desde el menemismo y el fracaso de la Alianza; penetración en importantes cargos del sistema universitario de personas vinculadas a las empresas con intereses en ese campo, combinaron una negativa postura durante el gobierno kirchnerista. La debilidad del movimiento estudiantil y docente se hizo notar como ausencia del indispensable sujeto de la demanda de la nueva Ley.
Dado que no hubo condiciones para el tratamiento de una nueva norma, y ante el evidente avance de la privatización (de y en) las universidades, presentamos un proyecto de modificación de la Ley No. 24521, vigente. La ley modificatoria fue aprobada por el Congreso de la Nación y sancionada por el PEN el 15 de noviembre de 2015 (Ley No. 27204, 2015).
Entre sus principales contenidos, se establecía el papel principal del Estado, la gratuidad de la educación superior, el ingreso irrestricto y la obligación de rendimiento del conjunto de fondos provenientes de diversas fuentes por parte de las universidades. En cuanto a la cuestión de la soberanía se incorporó como art. 2º bis de la ley 24.521 el siguiente:
“Art. 2º bis.- (…) Prohíbese a las Instituciones de la Educación Superior de gestión estatal suscribir acuerdos o convenios con otros Estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o privados, que impliquen ofertar educación como un servicio lucrativo o que alienten formas de mercantilización.” (Ley 27204, 2015).
Pocos días después, los rectores de las universidades nacionales de La Matanza, San Martín y Río Negro, se presentaron a la Justicia solicitando que se suspendieran todos o algunos artículos de la Ley. Aducían que vulneraban el principio de autonomía y autarquía constitucionales. La discusión de 1994 estaba otra vez presente. El neoliberalismo había hecho mella. Dada la intervención en contrario del representante del Ministerio Público Fiscal a los amparos solicitados, el tema se encuentra en la actualidad en instancias judiciales.
Un bien público y social; un derecho universal
La ley modificatoria aprobada en 2015 tuvo como principio que “la Educación Superior es un bien público social, un derecho humano y universal y un deber del Estado”, tal como se estableció en la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe (CRES), celebrada del 4 al 6 de junio de 2008. Esa histórica reunión, celebrada en Cartagena de Indias, Colombia, destacó que el derecho universal debería ser fundamento de la educación superior, recalcando el papel estratégico de esta última en el desarrollo sustentable de la región.
Ahora bien. El avance y estabilización de la educación superior con aquel marco teórico-político tiene como condición sostener seis principios, que incluyen a las banderas reformistas tradicionales, pero no se agotan en ellas. Son la autonomía responsable, la libertad de cátedra, el cogobierno, la gratuidad, el ingreso directo al terminar el secundario y el compromiso con la soberanía nacional. Se trata de instrumentos indispensables para que existan reales condiciones de hacer efectivo el derecho universal a la educación superior. Pero que, además, son sustento de derechos incorporados al criterio de universalidad y que, a la vez, deben inscribirse como contenidos transversales a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje formal, no solamente a la educación superior. Me refiero a los enfoques en los derechos humanos, el medio ambiente y el género, entre otros, que pierden sentido y posibilidades de ser ampliamente abordados si la educación superior sufre restricciones legales o prácticas, referidas a los grupos sociales que acceden, mediante criterios meritocráticos, con imposiciones económicas u otros obstáculos. O bien si se la subordina a intereses particulares, empresariales o corporativos (externos o internos), o a imposiciones ajenas al interés nacional.
Sostener la educación superior en un marco ético-político-pedagógico democrático, requiere de acuerdos de su comunidad, junto a compromisos básicos de grandes mayorías sociales. La sociedad proyecta su futuro incluyendo de una u otra manera la formación de sus profesionales, técnicos, investigadores, docentes, así como los aportes a la cultura general que provienen de las universidades e institutos. Una amplia concertación en torno a principios y metas habilitaría la superación del carácter pendular de las políticas nacionales, entre las cuales se encuentra la educativa.
En cuanto a la autonomía definida como “responsable”, debería ser una garantía de continuidad conceptual y político educativa, dado que vincula a la Universidad con el Estado y no estrictamente con el gobierno. En cuanto al cogobierno, es una instancia indispensable para sostener el carácter democrático de la educación, así como de la relación entre la Universidad y la sociedad. Por ello, debe encararse seriamente la formación política de los estudiantes, docentes, trabajadores no docentes y graduados.
Sobran las razones para sostener que la Argentina debe ser productora de conocimientos científico tecnológicos, de innovaciones productivas, formadora de investigadores, tecnólogos y artistas, educadora de ciudadanos en una perspectiva acorde a las grandes metas de crecimiento con justicia social y ambiental. Posibilidades de trabajo, educación, cuidado de la salud, de un planeta habitable, dependen de la difícil vinculación entre ciencia, desarrollo tecnológico y ética, entre conocimiento y democracia, entre poder, inteligencia y humanismo. En esa perspectiva, reconquistar y profundizar la soberanía educativa nacional y latinoamericana es una condición de existencia y un compromiso de nuestra comunidad universitaria.