Un Centenario en disputa:
balance provisorio de la CRES 2018
Yamile Socolovsky
Secretaria de Relaciones Internacionales y Directora del Instituto de Estudios y Capacitación (IEC), CONADU.
A diez años de la realización de la II Conferencia Regional de Educación Superior en Cartagena de Indias, y bajo los auspicios celebratorios del Centenario de la Reforma Universitaria, la CRES que se reuniría en Córdoba en junio de 2018 parecía signada por un augurio nefasto: el cambio drástico de las coordenadas políticas en la región ponía en entredicho la posibilidad de, al menos, evitar un giro retórico que suprimiera el logro de la Declaración que en 2008 había definido a la educación superior como un derecho humano universal, y una responsabilidad de los Estados. Aquella afirmación, que poco a poco había trascendido el plano discursivo para convertirse en la fórmula distintiva de un cambio de etapa que colocaba a nuestra región a la vanguardia de la defensa de la educación superior y del conocimiento como factores determinantes de la construcción democrática, parecía ser de pronto la última trinchera defensiva del legado de un ciclo de democratización social, política, económica y cultural ensayada en América Latina en los primeros años de este Siglo, y jaqueada ahora por la reconfiguración de una estrategia de restablecimiento de privilegios oligárquicos asociada a un nuevo embate del capital financiero transnacional sobre las economías de la periferia.
El desarrollo de la Conferencia de Córdoba fue finalmente mucho menos desfavorable de lo esperado, aunque su resultado y proyecciones aún parecen inciertas. Tal vez no sería ocioso recordar, en este punto, que en las semanas previas a la reunión convocada por el Instituto de Educación Superior para América Latina y el Caribe (IESALC) de UNESCO, advertíamos sobre la importancia de explicitar la existencia de una confrontación de proyectos políticos en los que antagonizan visiones de la universidad y su rol en la sociedad, disputa que apenas logró perforar el pesado manto del consenso que los modos diplomáticos de la burocracia gubernamental y académica tejen pacientemente sobre la base de una retórica de los derechos vaciada de potencia crítica.
En tanto la convocatoria a la CRES, concebida según IESALC como una reunión de “los actores (sic) del sistema” destinada a plantear a los gobiernos de la región una propuesta de lineamientos de política para el sector en la próxima década, carece del respaldo de una institucionalidad representativa que determine claramente las formas de participación y los niveles de responsabilidad de “los actores” que componen el espacio de la educación superior, el evento se convierte en un cenagoso territorio de prueba de fuerzas de los diversos sectores que pretenden incidir en el diagnóstico de la situación y en la determinación de perspectivas de acción inevitablemente asociadas a intereses muchas veces irreductiblemente contrapuestos.
Es así que las organizaciones sindicales docentes, considerándonos también “actores/actrices del sistema”, y reivindicando nuestra representación colectiva a nivel nacional y regional, tomamos la CRES como una oportunidad para llevar nuestras preocupaciones, reclamos, y propuestas en torno a la actualidad y el futuro de la educación superior en América Latina, convocando a otros sectores sindicales, a las organizaciones estudiantiles y a quienes a lo largo de estos años han contribuido a construir un campo específico de estudios críticos sobre la universidad, a sumarse a un espacio común que contribuyera a instalar un debate que entendíamos debía de algún modo resonar en la Conferencia. El masivo Encuentro Latinoamericano y Caribeño por una Universidad Democrática y Popular, que fue precedido de foros públicos y horizontales de discusión en distintas universidades del país, así como la gran movilización que recorrió las calles de la ciudad horas antes del tenso comienzo de la CRES – en cuya sesión de apertura el Ministro de Educación argentino fue abucheado espontáneamente por la concurrencia – prologó el planteo de no pocas voces críticas que participaron en las comisiones y en la redacción de una Declaración final. Allí no sólo se reafirma el principio que establece el derecho humano universal a la educación superior, sino que incluso avanza en el señalamiento de la amenaza que representa en la actualidad el avance de la mercantilización de la educación y el conocimiento, impulsada por el capital financiero transnacional, incorporando también dimensiones relevantes para la democratización del sector, como la demanda de la igualdad de género, la reivindicación de la diversidad cultural de nuestra región, o la ampliación de una noción de la actividad académica que reconoce a las artes como una de sus dimensiones constitutivas.
Tal como señalara entonces la Rectora de la UNGS, Gabriela Diker, la cuestión de la Declaración de principios no constituía un desafío menor. En esa tesitura, es importante valorar que el pronunciamiento de la CRES expresa una serie de consensos básicos que vuelven a situar a nuestra región en una clara contradicción con la orientación que hoy adopta la política educativa y científica de la mayoría de los gobiernos en esta zona del mundo como a nivel global, y que permea, si no conduce, la actuación de organismos internacionales como la UNESCO. Precisamente en la tramitación posterior de la elaboración del Plan de Acción de la CRES estas contradicciones se evidenciaron en una manipulación escandalosa del procedimiento que debía producir el documento que, siguiendo los lineamientos establecidos en junio, y retomando los aportes propuestos en las Comisiones, planteara estrategias concretas para el desarrollo de políticas públicas e institucionales adecuadas a aquellos principios rectores. La escasa y confusa información sobre la dinámica de construcción de dicho Plan, con la intervención de equipos técnicos no vinculados a las instituciones y redes académicas del sector público, en una trama que incluyó el bochornoso intento de modificar el texto de la Declaración aprobada por aclamación en Córdoba, configuraron un desenlace en el cual el desencuentro de la burocracia de la UNESCO con las asociaciones de universidades públicas, así como la dispersión de estrategias entre las propias agrupaciones que conforman el mapa regional de la educación superior, concluyó con la “aprobación” de un programa mal articulado, que yuxtapone conceptos originados en perspectivas políticas antagónicas, y que difícilmente pueda ser asumido como una guía clara para la acción. Luego de que la reciente reunión de Lima, en la que la posibilidad del debate fue escamoteada por la aplicación de una absurda grilla que condicionaba operacionalmente toda participación, no lograra siquiera el acuerdo necesario para establecer una Comisión de seguimiento del Plan de Acción, el desenlace de la CRES 2018 sigue abierto y disputado.
Ante esta situación, cobra aún mayor relevancia la tarea de conformar un ámbito permanente, y genuinamente representativo, para establecer acuerdos estratégicos que puedan aspirar a incidir efectivamente en el desarrollo actual y futuro de las políticas gubernamentales relacionadas con la educación superior en la región. En este sentido, vale la apuesta a dinamizar y consolidar ENLACES, el espacio de encuentro propuesto por la CRES 2008. En todo caso, y mientras resulta evidente que el horizonte de cualquier proyecto de regionalización de la educación superior está inexorablemente ligado al destino de la lucha democrática en cada uno de nuestros países, se torna urgente la construcción de una articulación política de los sectores comprometidos con la defensa del derecho a la educación superior y la democratización del conocimiento, en la perspectiva de la emancipación de los pueblos latinoamericanos y caribeños.