La universidad se pinta de pueblo:
educación superior, democracia y derechos humanos.

Mauro Benente. (Comp.) – 1a ed . – José C. Paz: Edunpaz, 2018. 244pp.

Micaela Battisacchi

Lic. en Ciencias de la Educación (UBA). Trabajadora nodocente y docente en el Centro para el Desarrollo Docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Este libro se organiza en 11 apartados: un prólogo, ocho capítulos, dos entrevistas. La mitad más uno de sus autores son mujeres. Todos los autores son graduados de la Universidad de Buenos Aires, a excepción de un autor que realizó su trayectoria educativa en la Universidad Nacional de Córdoba, y tienen estudios de posgrado. Casi todos cuentan con experiencia de desempeño en cargos de gestión universitaria. Todos son docentes del nivel superior y se desenvuelven en al menos dos universidades nacionales. En esta obra compilada por Mauro Benente y publicada por la Editorial Universitaria de la Universidad Nacional de José Clemente Paz, escriben estudiosas y estudiosos de distintas áreas para presentar una observación detenida en los colores del pueblo que significan a la educación como derecho humano.

La obra comienza con un prólogo a cargo de su compilador. Continúa con un capítulo a cargo de Martín Unzué en el que se destaca que una de las improntas perdurables de la Reforma de 1918 es el posicionamiento de la universidad en sus sociedades. Lejos de las fraternidades o hermandades europeas y anglosajonas dedicadas a lo festivo, las preocupaciones de los estudiantes argentinos se centran en las cuestiones del acceso, producción y conducción de los conocimientos en el nivel superior. Esa preocupación está siempre en defensa de la misión social de la universidad en atención a los desafíos de su tiempo y de su región, lo que justamente la posiciona como arena (y más de una vez como blanco) de disputas a lo largo de la turbulenta historia argentina del siglo veinte. Unzué destaca que el legado de los cuestionamientos y decisiones reformistas sobre el qué y cómo se produce y se enseña el conocimiento en el nivel superior es central para dar respuesta a los embates actuales sobre la calidad y la democracia universitaria argentina que desconocen los sentidos del compromiso universitario.

Desde la Universidad Nacional de Córdoba, Sebastián Torres realiza una reconstrucción de los sentidos de la educación superior para presentar a los derechos sociales como condición de justicia, como forma concreta de reponerse a la desigualdad y nos convoca a realizar una reconstrucción de la educación como condición de libertad colectiva caracterizada por vínculos, contenidos y posibilidades plurales que revierten las intenciones de opresión y sumisión.

Destacando que hay un encuadre normativo internacional que concerta a una disminución de las perspectivas mercantilistas de la educación superior y a un crecimiento de las posibilidades de estudios no arancelados, Mauro Benente, nos explica que la institución emancipatoria puede llevarse adelante mediante una revisión de los sentidos de lo común que están compelidos en el entendimiento de la educación superior como derecho humano y bien público social. Para ello, es importante identificar que en la gramática reformista hay nexos entre las categorías de revolución y de derechos humanos. Entre ellos, la idea de la participación en la vida pública del país en cumplimiento de su función social y la ida de la universidad al pueblo (y no al revés).

A continuación, Victoria Kandel presenta el análisis sobre un relevamiento de los dispositivos universitarios que se ocupan de los Derechos Humanos. A lo largo de todas las regiones del país, en 59 universidades nacionales, hay 170 dispositivos que en su nombre llevan el término “derechos humanos”. Hay centros, observatorios, institutos, comisiones, áreas, secretarías, querella y unidades curriculares de grado y posgrado. En la mayoría de las universidades se desarrollan a través de más de una modalidad y, si bien todos fueron creados con posterioridad a la recuperación de la democracia (el primer formato es de la UBA en 1985), se registra un aumento notable de ellos a partir del año 2012. En este sentido, la autora señala que la incorporación institucional de los derechos humanos en las universidades argentinas es heterogénea, se sostiene en el tiempo y se entiende por la confluencia articulada de tres fuerzas: los lineamientos de la agenda internacional sobre la educación en derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y las trayectorias personales y colectivas de los propios académicos. La diversidad y acumulación de temáticas bajo la denominación de derechos humanos que abordan las universidades, responde al rasgo de dinamismo y amplitud que caracteriza a las luchas, intereses, demandas y preocupaciones de los movimientos de derechos humanos en Argentina. Este capítulo interpela a las comunidades universitarias a construir sociedades más justas y más inclusivas mediante la consolidación y ampliación de miradas críticas, responsables y comprometidas con la expresión transformadora e instituyente de los derechos humanos.

Luego, el capítulo a cargo de Julián Dércoli posiciona al derecho a la educación superior en relación de mutua dependencia con la transformación de la función de la universidad en el marco de la realización de un destino nacional soberano. Muestra que es importante retomar distintas cuestiones de los debates parlamentarios del año 1948 sobre la creación de la Universidad Obrera Nacional y de la caracterización de las nuevas universidades nacionales para reflexionar más allá de la valoración de la diversificación de la oferta y de la ampliación de las posibilidades de ingreso. En función de estas instituciones, se pueden revisar las distintas significaciones de la idea de universidad en torno a distintos binomios, entre ellos, humanismo-tecnicismo, alienación-realización, particularismo-universalismo. La revisión de estas significaciones pueden ser de utilidad para poder proyectar instituciones universitarias que no reifiquen el derecho en privilegio. Para poder hacer universidades que se dediquen a transformar el país en uno donde quepan todas y todos, con su historia, sus trayectorias y sus intereses, con su sentido de lo colectivo y no con el que se establece desde las ideas tradicionales de universidad ilustrada.

En el capítulo a cargo de Anabella Lucardi se muestra el peso de las políticas públicas realizadas entre 2003 y 2015 para la ampliación de la igualdad de posiciones como presupuesto para el ejercicio real de derechos individuales y colectivos. Entendiendo a la democratización como ampliación de derechos inclusivos, analiza las acciones estatales de corte social, económico y educativo que pudieron fortalecer y garantizar distintos derechos. La autora nos recuerda la importancia de la articulación de distintas contribuciones orientadas a posibilitar progresivamente el derecho a la educación superior y, consecuentemente, a la configuración de horizontes de igualdad en nuestras sociedades.

En esta línea, el libro continúa con un capítulo a cargo de Ana Laura Herrera y María Carolina Calvelo en el que se visibilizan distintas conceptualizaciones sobre las perspectivas mercantilistas que pueden obstruir el ejercicio concreto del acceso, permanencia y promoción en la educación superior. Nos recuerdan la moción cuestionadora de lo establecido que detentaban los jóvenes reformistas de 1918 al posicionar una transformación de la universidad en vinculación a la de la sociedad en su conjunto. A la idea de una universidad cogobernada, con intervención en los problemas sociales y con programas de estudio que se enfoquen en las realidades concretas, le subyace una orientación a la democratización del saber en tanto posibilidad de emancipación. Un siglo después, la democratización del conocimiento es un espacio de permanente tensión por el que la universidad tiene la tarea de posicionarse contra las injusticias y exclusiones del mundo contemporáneo. Para pensar a la educación como un derecho, es fundamental que los Estados latinoamericanos promuevan la igualdad de oportunidades y posiciones de los distintos sujetos en su tránsito por todo el sistema educativo a la vez que sostengan políticas públicas de integración económica, justicia social y economía nacional.

En el noveno apartado, Ariel Langer explica que el proceso actual de expansión de la matrícula universitaria surge de las formas de producción de conocimiento que las universidades del conurbano representan en estrecho vínculo con las demandas territoriales. Esta producción del conocimiento centrada en la demanda adquiere un carácter específico al estar vinculada a prioridades y orientaciones de las necesidades sociales, así como la conformación de la matricula con estudiantes en su mayoría mujeres, con menores ingresos económicos y mayor edad que las de las otras universidades del país, diferencia a estas jóvenes instituciones del pensamiento ilustrado que caracteriza a las universidades tradicionales.

Langer demuestra que el carácter centrado en la demanda impacta en la forma de pensarse a sí mismas como instituciones, más aún cuando sus destinatarios no imaginaron la posibilidad de estar en un establecimiento universitario y, a reconcebir las formas en que se piensan las vías de producción y apropiación del conocimiento que no se condice con la lógica de acumulación de publicaciones que se requiere en los sistemas de evaluación (y asignación de fondos) para el desarrollo científico. En este sentido, las universidades del conurbano bonaerense nos interpelan a desarrollar sistemas de evaluación, de financiamiento de la investigación y distribución del presupuesto que favorezca el protagonismo académico de los desarrollos que se centren en la resolución de las problemáticas locales, a razón de las demandas socioproductivas y de la mejora en las condiciones de vida de su población en cuanto a las efectivización de sus derechos sociales.

Para finalizar, el libro presenta dos interesantes entrevistas. Mauro Benente conversa con Eduardo Rinesi y Romina Smiraglia y Anabella Di Tullio conversan con Dora Barrancos. En la primera, Eduardo Rinesi especifica que las distintas funciones de la universidad pueden pintarse de pueblo en la medida en que se redefinan en términos republicanos las categorías de autonomía y de libertad. Ampliando el legado de los derechos instituyentes proclamados en la Reforma de 1918, esto implica concebir a la educación superior como un derecho individual pero también propio de un sujeto colectivo que es el pueblo nacional y latinoamericano. Sujetos que tienen derecho a ingresar de modo irrestricto, a no pagar arancel por su educación superior, a ser protagonistas de una educación de alta calidad y sobre los temas de interés actual y futuro para la sociedad que sostiene y apuesta por la universidad.

En la segunda, Dora Barrancos detalla cuestiones más que interesantes. Entre ellas, distingue que al actual proceso de construcción de un sistema científico y una universidad con sensibilidad feminista lo preceden la diversificación y ampliación de la oferta de escuelas secundarias a mitad del siglo veinte, la profesionalización de las tareas de cuidado y las acciones colectivas e individuales realizadas por muchas mujeres para reponerse a los no pocos procesos históricos plagados de misoginia. De la mano de Dora Barrancos, Romina Smiraglia y Anabella Di Tullio, este libro finaliza con un señalamiento sobre la urgencia de efectuar cambios en el mercado laboral y en la asignación de las tareas de cuidado.

Este libro se propone visibilizar las particularidades de una universidad pintada de pueblo. Lo cumple. Destaca alcances, implicancias, desafíos. También pone en valor los matices y la nitidez de esos colores recuperando notas de legados de autores, actores, categorías, procesos, relatos y hechos del último siglo, revisando el presente de cara al futuro.