Laura Rovelli
Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS), CONICET y Universidad Nacional de la Plata (UNLP)
Dado el lugar que ha ocupado la revista desde sus inicios en los años 90 como un espacio de diálogo y debate sobre los principales procesos de cambio que por los que transita la universidad en Argentina y América Latina, invitamos a tres integrantes del comité académico de reconocida trayectoria, Fernanda Beigel, Mariana Versino y Marcelo Prati, a analizar la dimensión del acceso, producción, circulación y evaluación del conocimiento en la Universidad. Nos interesan particularmente sus reflexiones acerca de la renovación y/o reconfiguración de las funciones de investigación, extensión y vinculación ante el posible retorno del debate sobre una nueva Ley de Educación Superior.
Sabemos que, en las últimas décadas, tanto en el plano nacional, regional e internacional, diversas transformaciones han posicionado al conocimiento como un bien estratégico y a las universidades como locus privilegiado de su desarrollo. Por otra parte, no desconocemos la tensión entre los principios de autonomía y planificación que ha configurado históricamente al gobierno y a la regulación de las universidades en el país en favor de la primera. Por ello, advertimos la dificultad que acarrea pensar qué dimensiones deberían ser reguladas a través de una nueva ley de alcance nacional y cuáles podrían orientarse a través de programas o instrumentos específicos, atendiendo a las particularidades de un entramado institucional cada vez más heterogéneo y diversificado.
Ante el desafío propuesto, el experto y las especialistas consultadas acuerdan en que tras 26 años de sancionada la Ley en vigencia, a existe una nueva agenda universitaria en torno a las funciones de investigación, extensión y vinculación. En esa dirección, distintos movimientos ligados al acceso abierto y más recientemente, como señala Fernanda Beigel, a la ciencia abierta promueven lineamientos y prácticas vinculados con la apertura, colaboración y participación en la producción, comunicación y circulación del conocimiento, los que en el ámbito universitario requieren de la efectiva implementación de las normativas vigentes (como por ejemplo, la Ley 26.899 de Repositorios Digitales Institucionales de Acceso Abierto), junto con inversión en recursos, infraestructuras y capacidades y la transformación de las formas de evaluación de la investigación vigentes. Sobre este punto, Beigel destaca que los futuros debates sobre una nueva Ley de Educación Superior no pueden desestimar la transición en curso hacia procesos de ciencia abierta como tampoco ignorar las controversias que, en instituciones con amplia autonomía, pueden suscitar las distintas formas de apertura.
Por otra parte, la creciente relevancia y el dinamismo de la función de extensión y/o vinculación tecnológica en las universidades de gestión pública se expresa -entre otras manifestaciones- en la proliferación de distintas normativas y configuraciones institucionales que la contemplan. Como apunta Mariana Versino, lo anterior requiere de debates y consensos sobre el alcance y la naturaleza de las acciones involucradas, la definición o no de una cuarta misión, como así también una mayor visibilidad y apertura sobre las actividades realizadas. En la misma dirección, Fernanda Beigel llama a que las discusiones por venir puedan renovar y/o reposicionar, a partir de transformaciones ya en curso, a las más relegadas funciones de docencia, extensión y vinculación, las que, junto con la de investigación, son intrínsecas a las universidades.
Haciendo foco en la función de investigación en las universidades, Marcelo Prati afirma que el distanciamiento entre el CONICET y las universidades ha sido el obstáculo mayor para fortalecer la actividad en el ámbito académico. Por su parte, Beigel señala que la existencia de dos circuitos de categorizan de investigadoras/res en el país, CONICET y el Programa de Incentivos a Docentes Investigadores (PROINCE), contribuyó a la existencia de distintas trayectorias académicas en las universidades, y en el caso del PROINCE, fortaleció un circuito local de producción y circulación de conocimiento, en el que la docencia de gado y la extensión tiene un papel significativo (Beigel y Bekerman, 2019).
En relación específicamente con los sistemas nacionales de categorización de investigadoras/res, si bien muchos de sus sentidos y efectos han sido severamente cuestionados en algunos países, estos procesos y las instancias de evaluación y acreditación del conocimiento, las instituciones y las trayectorias ganaron cierta legitimad. En un trabajo reciente, Vasen, Sarthou, Romano, et. alía (2021) sostienen que este tipo de instrumentos se encuentra vigente en 11 países de Iberoamérica, y señalan el peso de la evaluación de carácter individual por sobre la departamental e institucional y el predominio de la investigación académica más orientada por las agendas disciplinares antes que por problemas de desarrollo. Puntualmente sobre el caso del PROINCE en Argentina y luego de una exhaustiva revisión sobre sus alcances y limitaciones, Prati se inclina por su refinanciación en el marco de una reformulación de su propuesta de evaluación. En esa misma clave, Beigel llama a debatir sobre los sentidos y criterios de los sistemas de incentivos y evaluación vigentes en tanto potenciales instrumentos para reconfigurar las prácticas actuales y promover los redireccionamientos institucionales buscados.
Cabe preguntarse si en un hipotético escenario de mayor financiamiento para la actividad académica, la regulación ejercida por el programa en un contexto de mayor profesionalización académica respecto de aquella de los años 90, sigue siendo la alternativa menos mala para fortalecer la investigación en las universidades. O bien si es posible ampliar paulatinamente las mayores dedicaciones de la planta docente de las universidades a través de un programa de alcance nacional, moldeado dentro de los márgenes de cierta autonomía y diversidad institucional plasmada en las respectivas carreras docentes/académicas, orientadándolas hacia el fortalecimiento de la investigación, extensión y vinculación en relación con la docencia. Otra cuestión apremiante para incluir en los debates es la de la formación de posgrado, la que ha proliferado de manera inédita desde los años 90 y, en los últimos años, en particular en el nivel de doctorado. Como resultado de la ampliación de las becas de formación doctoral otorgadas principalmente por el CONICET y, en menor medida, por las propias universidades nacionales, se ha incrementado la formación de investigadores/ras en el marco de los programas de posgrado radicados principalmente en estas últimas, pero sin financiamiento estatal directo y con una débil planificación y/o articulación con las principales agencias de financiamiento de la formación. Todo ello, incide no sólo en cierta disociación de los instrumentos de incentivo a la formación en investigación de la oferta de formación doctoral sino también en el desplazamiento de las universidades de este aspecto del diseño de las políticas para el sector, que sería clave poder reposicionar (Rovelli y Fiorucci, 2021).
Finalmente, las tres intervenciones hacen hincapié en la necesidad imperiosa de transformar o bien, al menos, examinar los dispositivos vigentes de evaluación de la investigación, extensión y vinculación y las trayectorias de quienes realizan dichas actividades. Para ello, apuntan a consensuar criterios, indicadores y prácticas responsables de evaluación que logren robustecer la calidad y relevancia social de la producción y circulación de conocimiento en las instituciones y en relación con sus respectivos entornos.
Tanto Beigel, Versino como Prati coinciden en que no necesariamente el diagnóstico que aquí han realizado sobre una nueva agenda universitaria en torno a algunos ejes de la dimensión del conocimiento en la universidad debería quedar regulados por una normativa nacional. Antes bien, Versino advierte que muchas de estas definiciones corresponden a cada una de las universidades en el marco de su autonomía. Mientras que Prati recupera la posibilidad de (re) diseñar programas o instrumentos específicos de incentivo y fortalecimiento de la investigación desde el ámbito gubernamental que podrían ser moldeados y resignificados desde los espacios universitarios.
Para concluir sostenemos la necesidad de abrir los debates sobre esta temática en la búsqueda de un espacio común que reponga la voz de quienes están directamente involucrados en el quehacer investigativo, extensionista y de vinculación y en la formación de nuevas las generaciones, como también contar con la participación de representantes gremiales, de referentes de las áreas de administración/gestión y de decisión sobre la actividad en las instituciones a fin de consensuar tanto definiciones en torno de una nueva ley como así también instrumentos de política específicos para el sector. En esa dirección, el presente dossier intenta contribuir a dinamizar la potencia de la dimensión pública de la universidad a fin de renovar y definir su devenir en estrecha ligadura con las sociedades de nuestro tiempo.
REFERENCIAS
Beigel, F. y Bekerman, F. (2019) (Comp.). Culturas evaluativas alteradas. Impactos y desafíos del Programa de Incentivos a Docentes-Investigadores en Argentina (1993.2018). Buenos Aires: IEC-CONADU-CLACSO.
Rovelli, L. y Fiorucci, P. (2021). Políticas, formatos y tendencias en la formación y orientación del conocimiento en los programas doctorales en Educación de Argentina, en Unzué, M. y Emiliozzi, S. (comp.). Formación doctoral, universidad y ciencias sociales. Buenos Aires: IIGG, Agencia I+D+i.
Vasen, F., Sarthou, N. F., Romano, S., Gutiérrez, B. D., Ortiz, M. E. y Pintos, M. (2021). Sistemas Nacionales de Categorización de Investigadores en Iberoamérica: la configuración de un modelo regional. Documentos de trabajo PICT2018-2794 nro 1.