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La nueva agenda de la política pública en México

Axel Didriksson T.

Investigador titular de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE). Coordinador de la Cátedra UNESCO “Universidad e Integración Regional”. Presidente para América Latina y el Caribe de la Global University Network for innovation (GUNI).

Con el movimiento popular con el que ganó, de manera contundente, la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, se propuso llevar a cabo una nueva reforma educativa, derogar la reforma neoliberal que habían impulsado los anteriores gobiernos del PAN y del PRI, con el objetivo de crear un verdadero sistema educativo articulado, inclusivo, intercultural y con equidad de género durante el actual sexenio, con una visión de Estado para trascender los límites de su gestión. 

En este trabajo, se presentan los términos en los que esto se propone realizar en el nivel de educación superior, sus objetivos, puntos de quiebre y de innovación, tanto al nivel del corto, mediano y largo plazo, a partir de lo aprobado en la legislación nacional al respecto. 

Como ejes centrales de la nueva agenda para la educación superior en México, se plantea su universalización, la coordinación de un sistema nacional de educación superior y su gratuidad, en medio de la actual incertidumbre económica y social (ahora agravada por la pandemia del COVID-19), para dar respuesta a las demandas recurrentes de conflictos sociales, sobre todo de tipo estudiantil, magisterial y de mujeres. Y también para sustentar un modelo distinto al neoliberal que se buscó imponer desde hace más de dos décadas, a través de políticas que se sustentaron en la transferencia de los costos educativos hacia los estudiantes y sus familias, por la vía de fórmulas y mecanismos de financiación bancaria, de vouchers, y de una extrema tendencia a la mercantilización.

Con la iniciativa de una nueva reforma educativa, se debe considerar que la inversión que el gobierno de AMLO deberá de asumir debe plasmarse en una inversión pública del 1% en relación con el PIB al final del sexenio, y además pasar del actual 39% del grupo etario correspondiente, a ofrecer espacios al 50% de este grupo para ir acercando la tasa bruta de escolarización a su “universalización”.  

Para alcanzar estas metas, junto con otras de tipo más específico, durante el mes de octubre de 2019, fue abierta la discusión de la Ley General de Educación Superior (LGES), que sustituye a una inservible Ley de Coordinación de la Educación Superior que data de 1978. Esta nueva ley, ahora en la agenda de la discusión parlamentaria, se ubica como una de las iniciativas normativas y programáticas más avanzadas que se tienen a nivel de la historia del país, a nivel regional y de muchas similares en el mundo. En los términos en los que se presenta esta iniciativa que busca sustentar una estrategia de transformación, debe destacarse lo siguiente:

  • Refrenda los principios discutidos de forma mayoritaria por los universitarios de América Latina y el Caribe en las Conferencias Regionales organizadas por la UNESCO (las denominadas CRES de 2008 y de 2018), únicas en el mundo tanto por sus dimensiones de participación como por los consensos y contenidos alcanzados1, de que la educación superior es un bien público y social y un deber del Estado; la garantía de la soberanía autonómica de las universidades y de la integralidad de un sistema articulado y regulado; y  refrenda la convicción de que la educación no es una mercancía, por lo que las instituciones privadas deben operar sin fines de lucro.
  • Que el Estado es el garante de la progresividad de la inclusión para todas y todos a este nivel del sistema educativo y de su gratuidad, y que esto se lleve a cabo con el pleno respeto a los derechos humanos, a la equidad de género, a una formación que garantice un aprendizaje para toda la vida, con la articulación de las ciencias, las tecnologías desde las humanidades, el deporte, la cultura y las artes, el diálogo de saberes y conocimiento y la responsabilidad social en el desempeño de la actividad académica.
  • La garantía de un presupuesto digno y creciente, para alcanzar el 1% del PIB para el sector, así como para la investigación y la innovación científico-tecnológica y humanística, con un horizonte de tipo plurianual.
  • El compromiso de articular las funciones de las universidades con el desarrollo y el bienestar de las comunidades locales, regionales y nacionales, a través de una mejora continua de la calidad social de la educación superior, de su expansión y diversificación; de la promoción de programas afirmativos de inclusión, permanencia, buscando la mejor y más estable inserción del egresado en el mercado laboral. Asimismo, se definen los recursos orientados al mejoramiento constante de la infraestructura y de la formación del talento humano.
  • Garantiza de forma progresiva la universalización de la educación superior, su gratuidad y la obligatoriedad de su acceso y permanencia.
  • Desde la perspectiva de sus fines y propósitos, se establece que todas sus funciones y tareas deberán orientarse hacia su coordinación horizontal a través de la creación de un Sistema Nacional de Educación Superior y de Investigación.
  • Se definen los tipos y niveles de las instituciones de educación superior, y se hace referencia puntual al subsistema de Escuelas Normales e Instituciones de Formación Docente, dada su relevancia para potenciar la profesionalización del magisterio y su proyección y dignificación.

El principal reto, ahora, consiste en hacer posible que las universidades hagan valer su voz a nivel nacional, para que se promuevan iniciativas centradas en el combate a la desigualdad económica y social que no sólo contemple el acceso de los estudiantes a todos los niveles educativos, sino a su permanencia, al logro de un perfil adecuado y pertinente que desarrolle sus capacidades de aprendizaje para toda la vida, la garantía de un trabajo digno a sus egresados; y que, además, presente alternativas para impulsar cambios de fondo en las currícula, en la organización de sus procesos cognitivos, en la gestión del conocimiento moderno, y en la investigación relacionada con la soberanía científica y la innovación de carácter social. 

Lo anterior significa pasar de la reforma consensuada hacia estrategias de acción, en donde el tema de la desigualdad sea un punto focal de contribución de las instituciones educativas a favor de políticas de inclusión afirmativas, y de eliminación de las grandes diferencias que se han arraigado de manera muy alarmante en el país. 

Así, con la puesta en marcha de una nueva agenda nacional que consiste en ampliar y  garantizar el acceso a este nivel educativo, y con la referencia a esquemas de gestión y organización que promuevan la soberanía científica y tecnológica y la autonomía institucional, se debe avanzar en superar de manera definitiva y radical el dominio de una curricula de corte liberal y disciplinaria, hacia modelos alternativos que se sustenten en la interdisciplina, la generación de procesos cognitivos autónomos, una formación docente proactiva y generadora de múltiples capacidades y plataformas de aprendizaje social, avanzando en medio de una profunda crisis social y económica hacia un desarrollo nacional con equidad, justicia e igualdad.

Corolario

La pandemia de COVID-19, ha venido a trastocar las condiciones sobre las que empezaba a montarse una nueva reforma en la educación y en el nivel superior. Ahora todo ha cambiado. No hay clases en ninguna universidad ni en ningún bachillerato, todo está en línea, todo es a distancia (hasta las relaciones sociales), pero las medidas que se han tomado para hacer frente a estas nuevas condiciones de vida no parecen ser las más adecuadas, ni tampoco están relacionadas en los principios y lineamientos que se presentaron para poner en marcha una nueva agenda educativa. 

En las definiciones de política pública, se decidió apostarle a la educación a distancia y por televisión, a las evaluaciones en línea, al confinamiento y a mantener un ciclo escolar semi-arreglado (que cada vez se ve como una camisa de fuerza porque el virus no tiene reglas de operación ni tiempos de formalización), sin pensar que lo menos pertinente ahora (en condiciones de verdadera incertidumbre nacional y mundial) es reproducir de forma mecánica y pragmática los programas antes presenciales en plataformas de educación on line

Se vuelve a dejar afuera de este esquema a millones de estudiantes, y con ello se reproduce y amplía, otra vez, la desigualdad que fomenta la segmentación y estratificación del actual sistema educativo nacional. La población que no cuenta con conectividad ni con computadoras llega al 56% del total, mientras que para la población de bajos ingresos esta condición solo la tiene el 19% respecto del total, mientras que en los estratos socio-económicos más altos se alcanza al 89.7%. Incluso contar con un aparato de televisión, en los estratos más bajos de la población mexicana, sólo se presenta en el 17% (La Jornada, 22 de abril, 2020). Entonces, los que tienen computadoras en sus casas, internet, teléfonos inteligentes, bibliotecas y facilidades para tener todo el tiempo para llevar a cabo sus tareas escolares y educativas, son una minoría en el país. 

Y la salida de poner todo “a la distancia”, no toma en cuenta que lo que ahora ha cambiado con la pandemia (y esto será mayor aún después de esta), es el conocimiento. Lo que no se pudo prever, los paradigmas que se creían suficientemente desarrollados, la tecnología que creía que todo lo podía hacer en un clic de botón, los grandes laboratorios, las universidades que pensaban que contribuían con gran certeza en un nuevo desarrollo nacional, regional o mundial. Todo ello, se ha trastocado. 

Si lo anterior pudiera reconocerse, debería proponerse organizar un nuevo sistema de aprendizaje social que distribuya materiales de estudio de todo tipo; entregar laptops de forma masiva (hay instrumentos de este tipo muy baratos que pueden conseguirse); que las compañías de telefonía móvil, comenzando por TELMEX, otorguen de forma gratuita capacidad y tiempo para usar los celulares de los estudiantes (ya se sabrá cómo controlar esto, por supuesto); diseñar y promover softwares accesibles para toda la población escolar y familiar que promuevan una educación lúdica, entretenida, constructivista, con acceso a libros, revistas y bancos de datos y bibliotecas de todo tipo; abrir todos los canales de televisión con programas de contenido educativo y cultural; organizar una línea telefónica masiva de profesores como asesores, para consultas de los estudiantes de todo tipo y nivel; y eliminar la idea de que quién no haya cubierto sus clases a distancia, será reprobado cuando la pandemia esté controlada (¿?), y eliminar todo tipo de exámenes ahora y para después. Todo ello, y mucho más puede impulsarse de forma creativa e innovadora.

Entendiendo que el periodo de post-pandemia será largo, la apertura de clases deberá de garantizar medidas de seguridad y de sanidad, de disciplina y económicas que hagan posible la continuidad formativa que deberán plasmarse en modelos distintos de enseñanza-aprendizaje. Por ello, el escenario que se presenta con esta crisis sanitaria y educativa, debe impactar de manera profunda en las instituciones de educación superior, porque habrá que organizarse para un regreso a clases en una crisis económica, de recesión y con recortes en la inversión pública, con tiempos y programas que contemplen iniciativas inclusivas, de igualdad educativas y de no discriminación, con programas pedagógicos y sociales que se orienten a innovar, sobre todo en aquellos estudiantes con mayores dificultades para continuar su formación en modalidades no tradicionales. 

NOTAS

1 Véase. Didriksson, A. (2019). Balance la CRES-2018. OEI, Madrid.