
Fabio Erreguerena
Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), Argentina
Introducción. Los regímenes electorales en el conglomerado universitario argentino
La tradición autonómica de la universidad argentina reconoce en la elección participativa de los claustros —en forma directa ponderada o indirecta mediante asamblea— uno de los principios de legitimidad del gobierno universitario. Las elecciones, independientemente del régimen electoral, implican siempre una compleja red de acuerdos y equilibrios que posteriormente se trasladan a la gestión y al trabajo en los distintos ámbitos colegiados.
Imanol Ordorika (2015), al analizar los sistemas de elección de autoridades universitarias a nivel global, identifica cuatro tipos principales, de acuerdo con los procedimientos utilizados y los niveles de participación de los distintos sectores académicos: directo, colegiado-representativo, corporativo y externo. Este autor describe cómo universidades prestigiosas y de alto reconocimiento internacional utilizan uno u otro, y concluye que, al menos según la evidencia encontrada en su investigación, no existe un vínculo directo entre el procedimiento electoral y una mayor calidad en el desempeño de las actividades académicas, niveles más altos de reconocimiento internacional, mayor empleabilidad de los egresados, mayor circulación internacional de publicaciones académicas o, incluso, una mayor estabilidad institucional. Para el autor, los diferentes regímenes electorales están asociados, sobre todo, a la historia y a los sistemas políticos en los cuales las universidades se encuentran inmersas.
En esta línea, podemos pensar que nuestra robusta tradición autonómica —con rango constitucional desde 1994, pero con un recorrido histórico centenario—, junto con las prácticas democráticas que se fueron ampliando como respuesta a las dolorosas experiencias de los cierres autoritarios, han ido configurando sistemas de elección de autoridades universitarias que, en forma directa o indirecta, implican siempre la participación —con distintos pesos relativos— de los claustros universitarios. Cada universidad, en ejercicio de su autonomía, define su régimen de elección de autoridades y de miembros de los órganos colegiados de gobierno, en el marco de los parámetros fijados por la Ley de Educación Superior 24.521/95.
En este sentido, la elección directa de autoridades, con sus distintas modalidades y características, no es una novedad en la agenda del conglomerado universitario argentino. Numerosas universidades, de diversa antigüedad, tamaño y orientación política de sus autoridades, han adoptado este sistema, ya sea desde su fundación o mediante la modificación de su régimen anterior. Este consiste, básicamente, en la eliminación de la potestad de los colegios electorales (asambleas universitarias, consejos directivos, etc.) para elegir a las principales autoridades (rector/a, vicerrector/a, decanos/as y vicedecanos/as), otorgando ese mandato —con distintos pesos electorales— al voto directo de los distintos claustros.
Los argumentos a su favor parten de sostener que este régimen electoral extiende los límites democráticos, ampliando la participación y la legitimidad de las autoridades electas. Por otra parte, dicho régimen evitaría algunas de las debilidades estructurales del sistema indirecto, en especial su opacidad, la escasa explicitación de propuestas y candidaturas y las condiciones que favorecen una limitada alternancia y un debate restringido de los proyectos universitarios. En la otra vereda, las posiciones sostienen que este régimen favorece procesos heterónomos —especialmente a través de partidos políticos, gobiernos y corporaciones disciplinares—, debilitando la autonomía universitaria y complejizando los acuerdos electorales en función de una agenda específicamente universitaria.
Con el objetivo de identificar eventuales tendencias objetivas que expliquen, al menos parcialmente, el impulso y la cristalización del régimen electoral directo por parte de distintos actores político-institucionales de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), analizaremos los regímenes electorales adoptados por las distintas universidades de Argentina, según su año de creación y el tamaño de su matrícula.
Cuadro 1. Año de creación, antigüedad, tamaño y tipo de elección de las universidades argentinas
| UNIVERSIDAD | AÑO DE CREACIÓN | ANTIGÜEDAD1 | TAMAÑO2 | TIPO DE ELECCIÓN |
| Alto Uruguay | 2015 | JOVEN | CHICA | INDIRECTA |
| Artes | 2014 | JOVEN | MEDIANA | INDIRECTA |
| Arturo Jauretche | 2009 | JOVEN | MEDIANA | INDIRECTA |
| Avellaneda | 2009 | JOVEN | MEDIANA | INDIRECTA |
| Buenos Aires | 1821 | ANTIGUA | GRANDE | INDIRECTA |
| Catamarca | 1972 | TRADICIONAL | MEDIANA | INDIRECTA |
| Centro de la PBA | 1974 | TRADICIONAL | MEDIANA | INDIRECTA |
| Chaco Austral | 2007 | JOVEN | MEDIANA | INDIRECTA |
| Chilecito | 2003 | JOVEN | CHICA | INDIRECTA |
| Comahue | 1971 | TRADICIONAL | MEDIANA | DIRECTA |
| Comechingones | 2014 | JOVEN | CHICA | INDIRECTA |
| Córdoba | 1613 | ANTIGUA | GRANDE | DIRECTA |
| Cuyo | 1939 | ANTIGUA | MEDIANA | DIRECTA |
| Defensa | 2014 | JOVEN | CHICA | INDIRECTA |
| Delta | 2023 | JOVEN | CHICA | INDIRECTA |
| Entre Ríos | 1973 | TRADICIONAL | MEDIANA | INDIRECTA |
| Formosa | 1988 | TRADICIONAL | MEDIANA | INDIRECTA |
| Gral. Sarmiento | 1992 | JOVEN | MEDIANA | INDIRECTA |
| Guillermo Brown | 2016 | JOVEN | CHICA | INDIRECTA |
| Hurlingham | 2014 | JOVEN | MEDIANA | INDIRECTA |
| José C. Paz | 2009 | JOVEN | MEDIANA | INDIRECTA |
| Jujuy | 1973 | TRADICIONAL | MEDIANA | INDIRECTA |
| La Matanza | 1989 | JOVEN | MEDIANA | INDIRECTA |
| La Pampa | 1973 | TRADICIONAL | MEDIANA | DIRECTA |
| La Plata | 1905 | ANTIGUA | GRANDE | INDIRECTA |
| La Rioja | 1994 | JOVEN | MEDIANA | INDIRECTA |
| Lanús | 1995 | JOVEN | MEDIANA | INDIRECTA |
| Litoral | 1919 | ANTIGUA | GRANDE | INDIRECTA |
| Lomas de Zamora | 1972 | TRADICIONAL | MEDIANA | INDIRECTA |
| Luján | 1972 | TRADICIONAL | MEDIANA | DIRECTA |
| Mar del Plata | 1975 | TRADICIONAL | MEDIANA | INDIRECTA |
| Misiones | 1973 | TRADICIONAL | MEDIANA | DIRECTA |
| Moreno | 2009 | JOVEN | MEDIANA | INDIRECTA |
| Nordeste | 1956 | TRADICIONAL | GRANDE | INDIRECTA |
| Noroeste de la PBA | 2002 | JOVEN | CHICA | INDIRECTA |
| Oeste | 2009 | JOVEN | MEDIANA | INDIRECTA |
| Patagonia Austral | 1994 | JOVEN | MEDIANA | INDIRECTA |
| Patagonia S. J. Bosco | 1980 | TRADICIONAL | MEDIANA | INDIRECTA |
| Pedagógica | 2015 | JOVEN | CHICA | INDIRECTA |
| Pilar | 2023 | JOVEN | CHICA | INDIRECTA |
| Quilmes | 1989 | JOVEN | MEDIANA | INDIRECTA |
| Rafaela | 2014 | JOVEN | CHICA | INDIRECTA |
| Río Cuarto | 1971 | TRADICIONAL | MEDIANA | DIRECTA |
| Río Negro | 2007 | JOVEN | MEDIANA | DIRECTA |
| Río Tercero | 2023 | JOVEN | CHICA | INDIRECTA |
| Rosario | 1968 | TRADICIONAL | GRANDE | INDIRECTA |
| Salta | 1972 | TRADICIONAL | MEDIANA | DIRECTA |
| San Antonio de Areco | 2015 | JOVEN | CHICA | INDIRECTA |
| San Juan | 1973 | TRADICIONAL | MEDIANA | DIRECTA |
| San Luis | 1973 | TRADICIONAL | MEDIANA | DIRECTA |
| San Martín | 1992 | JOVEN | MEDIANA | INDIRECTA |
| Santiago del Estero | 1973 | TRADICIONAL | MEDIANA | DIRECTA |
| Scalabrini Ortiz | 2015 | JOVEN | CHICA | INDIRECTA |
| Sur | 1956 | TRADICIONAL | MEDIANA | INDIRECTA |
| Tecnológica Nacional | 1959 | TRADICIONAL | GRANDE | INDIRECTA |
| Tierra del Fuego | 2009 | JOVEN | CHICA | INDIRECTA |
| Tres de Febrero | 1995 | JOVEN | MEDIANA | INDIRECTA |
| Tucumán | 1921 | ANTIGUA | GRANDE | INDIRECTA |
| Villa María | 1995 | JOVEN | CHICA | DIRECTA |
| Villa Mercedes | 2009 | JOVEN | CHICA | DIRECTA |
Fuente: Elaboración propia en base a sitios web de las Universidades Nacionales (UUNN) y Anuario de Estadísticas Universitarias (SPU, 2023).
Cuadro 2. Regímenes electorales en las universidades argentinas
| Elección directa | Elección indirecta | Total |
| 14 | 46 | 60 |
Fuente: Elaboración propia en base a sitios web de las UUNN.
Cuadro 3. Régimen electoral según antigüedad
| Elección directa | Elección indirecta | |
| Antiguas | 2 | 4 |
| Tradicionales | 9 | 12 |
| Jóvenes | 3 | 30 |
| 14 | 46 |
Fuente: Elaboración propia en base a sitios web de las UUNN.
Cuadro 4. Régimen electoral según tamaño
| Elección directa | Elección indirecta | |
| Grandes | 1 | 7 |
| Medianas | 11 | 25 |
| Chicas | 2 | 14 |
| 14 | 46 |
Fuente: elaboración propia en base a sitios web de las UUNN.
Es observable que la elección directa tiende a predominar en las universidades tradicionales y de tamaño mediano. No obstante, no advertimos un vínculo estructural entre el sistema de elección y la antigüedad o el tamaño de la universidad. La relativa heterogeneidad en términos de tamaño, antigüedad y orientación política hegemónica de las autoridades de las universidades que cuentan con el sistema de elección directa pareciera indicar que, más que relaciones estructurales que determinen los regímenes electorales, estos estarían vinculados con la coyuntura histórico-institucional de cada universidad, la agenda política de sus autoridades centrales (independientemente de su alineación político-partidaria) y la agenda local de los claustros.
Veamos ahora, con mayor detalle y en la búsqueda de hipótesis explicativas, cómo se desarrolló el proceso político-institucional que derivó en la reforma del Estatuto y en las primeras elecciones en una universidad antigua y mediada.
El proceso de reforma del Estatuto Universitario y las primeras elecciones directas en la UNCuyo
A mediados de 2012, una vez completada la tercera evaluación externa por parte de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), se inició el proceso de reforma del Estatuto de la UNCuyo con la creación de un consejo asesor para el Plan Estratégico 2012-2021. Este proceso incluyó encuestas, talleres, seminarios, reuniones de claustros y un amplio repertorio de espacios y dinámicas participativas.
En su transcurso se identificaron cuatro ejes que estructuraron el diagnóstico y las propuestas: el paradigma de la pertinencia social de la educación; las políticas de inclusión; el aporte enfocado en el desarrollo regional y nacional; y la innovación en la gestión integral. Finalmente, en diciembre de 2012, el Consejo Superior de la UNCuyo aprobó el Plan Estratégico 2012-2021.
Cuadro 5. La reforma en fechas
| Fechas | |
| 09/05/2012 | Consejo Superior aprueba el inicio del Proceso de discusión del Plan Estratégico 2012-2021. |
| 05/12/2012 | Aprobación del Plan Estratégico Universidad Nacional de Cuyo 2012-2021. |
| 26/12/2012 | El Rector y los once Decanos/as, anuncian, en conferencia de prensa, la convocatoria al proceso de reforma del Estatuto |
| 25/03/201326/03/201303/04/2013 | Asambleas universitarias aprueban el núcleo central de la reforma, incluyendo la elección directa de las autoridades. |
Fuente: elaboración propia en base a digesto de la UNCuyo.
Como se desprende del anterior cuadro, hubo una explícita secuencia entre la discusión y aprobación del Plan Estratégico y la posterior reforma del Estatuto para adecuarlo a los lineamientos aprobados. No obstante, la discusión del Plan Estratégico no incluyó propuestas que luego fueron ejes sustantivos de la reforma, como, por ejemplo, la elección directa de autoridades
La aprobación del núcleo duro de los cambios impulsados se realizó en tiempos vertiginosos. Entre el anuncio público de los ejes y lineamientos concretos de la reforma —conferencia de prensa del rector y los/as decanos/as de las once facultades, realizada el 26/12/2012— y las tres primeras asambleas universitarias en las que se aprobó su cuerpo central, transcurrieron solo treinta y ocho días hábiles. La aceleración de los plazos estaba determinada, junto con una veloz iniciativa política que evitó otorgar tiempos excesivos a sus eventuales opositores, por el hecho de que a fines de abril de 2013 vencían los mandatos de los/as consejeros/as de los claustros de estudiantes, personal de apoyo y egresados/as. Resultaba, por lo tanto, deseable que la discusión transcurriera con la composición de consejeros/as —superiores y directivos— que habían estado involucrados en el proceso iniciado en 20123.
Contenidos centrales de la reforma
- Inclusión en el Estatuto de la visión y la misión de la universidad aprobadas en el Plan Estratégico 2012-2021: A diferencia de la vaga y retórica definición del estatuto anterior, el nuevo actualiza las funciones esenciales de la universidad. Recogiendo la Declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES, 2008), define a la educación como un bien público, gratuito y laico; como un derecho humano; y como una obligación del Estado. Asimismo, expresa la necesidad del involucramiento de la universidad en el logro del bien común, en la construcción de ciudadanía y en el desarrollo socialmente justo, ambientalmente sostenible y territorialmente equilibrado del pueblo argentino, en un contexto de integración regional latinoamericana y caribeña.
- Convocatoria anual de la Asamblea Universitaria: previamente, el funcionamiento real de esta instancia estaba restringido básicamente a la elección de autoridades o a la reforma del estatuto. A partir del nuevo estatuto se exige su convocatoria, al menos una vez al año, para analizar el cumplimiento del Plan Estratégico y disponer, en caso de ser necesario, su adecuación.
- Cambio en los mecanismos de elección de las autoridades universitarias: De indirecta a directa ponderada por claustros y unidades académicas.
- Ampliación de la duración de los mandatos: Con el nuevo estatuto, la duración de los mandatos es mayor: De tres a cuatro años para rector/a, vicerrector/a, decanos/as y vicedecanos/as. Asimismo, se amplía de dos a cuatro años la duración de los mandatos de los/as consejeros/as superiores y directivos del claustro de profesores/as y auxiliares de docencia, y de uno a dos años la de los/as consejeros/as superiores y directivos de los claustros de estudiantes, personal de apoyo y egresados/as.
- Empoderamiento del rol del Consejo Superior I: Incorporación de la atribución para el dictado de ordenanzas —generales y específicas— referidas a los sistemas y regímenes de enseñanza, aprendizaje y evaluación; carrera y concurso docente; ciencia, técnica y posgrado; becas y premios; personal de apoyo académico; desarrollo social, extensión y vinculación; incompatibilidades y convivencia del personal y de los estudiantes; administración, información y contabilidad; educación de nivel inicial, primario y secundario; y aseguramiento de la calidad. Dichas ordenanzas generales requieren el voto favorable de dos tercios y deben ser tratadas en sesión extraordinaria convocada al efecto sobre la base de un proyecto del rector/a o de un tercio del Consejo.
- Empoderamiento del rol del Consejo Superior II: Potestad de proponer y aprobar —en caso de que la propuesta de una unidad académica no obtenga la mayoría requerida— condiciones de ingreso para dicha unidad académica. En el estatuto anterior, ante la misma situación regían automáticamente las condiciones de ingreso del año precedente, sin que el Consejo Superior tuviera la prerrogativa de proponer nuevas. Esta potestad adquiere relevancia en la discusión de las condiciones de ingreso de unidades académicas que, anualmente, generan intensos debates respecto de su restricción.
Las modificaciones impulsadas, junto con el cambio del régimen electoral, buscaban generar las condiciones políticas e institucionales para romper con la fragmentación universitaria, promoviendo órganos colegiados cuya agenda y potestades incluyeran temáticas transversales a las unidades académicas y a los claustros. El funcionamiento de facto como una “federación de facultades”, antes que como una universidad— había sido señalada como una debilidad en la tercera evaluación externa de la CONEAU (2012).
Con respecto a la gestión, sus ejes principales se apoyan en el plan estratégico: concentra sus esfuerzos en mejorar la gestión institucional respecto de la denominada “federación de facultades”, un fenómeno común entre instituciones de gran tamaño y diversidad disciplinaria (CONEAU, 2012, p. 11).
Objetivos similares perseguían la extensión de los mandatos y la modalidad de elección de consejeros/as egresados/as, del personal de apoyo y de los/as auxiliares de docencia. La elección por listas en claustro único y la distribución por el Sistema D’Hondt —abandonando el esquema anterior de elección por facultades y posterior sorteo— promovía una construcción político-electoral novedosa para esos claustros, desde el momento en que exigía la confluencia de candidatos/as de distintas unidades académicas y, por lo tanto, de distintas disciplinas y tradiciones.
La confluencia de mayores atribuciones para los órganos colegiados —en especial el Consejo Superior—, consejeros/as con mandatos de mayor duración, elección de consejeros/as egresados/as, personal de apoyo académico y auxiliares de docencia mediante listas de distrito electoral único, y la obligación de realizar al menos una asamblea universitaria anual para analizar los avances del Plan Estratégico, giraban en torno a un mismo objetivo: impulsar cambios institucionales que disminuyeran la fragmentación institucional y fortalecer espacios de cogobierno que trascendieran la dinámica de intereses de claustro y/o de pertenencia a una determinada unidad académica.
Reforma del Estatuto y cambio del régimen de elecciones: iniciativa política rectoral y contexto político favorable
Adrián Acosta, Daniela Atairo y Antonio Camou (2015), al analizar los cambios en la gobernabilidad de las universidades mexicanas y argentinas, distinguen analíticamente aquellos impulsados desde la “cúspide”, basados en iniciativas gubernamentales como nueva legislación y políticas de evaluación y financiamiento promovidas desde la década de 1990, y aquellos impulsados desde la “base” del sistema, que reclaman una mayor democratización del gobierno universitario.Es así que hacia el año 2000, la democratización de las universidades reapareció como un asunto relevante en la agenda del conglomerado universitario, en el contexto de la crisis de legitimidad que atravesaron las instituciones entre 2001 y 2002 (Nahistat y Toer, 2005). Estas demandas tuvieron epicentros claramente identificables en las universidades de Buenos Aires, del Comahue, de Rosario y de La Plata, y formaron parte de la agenda política de algunos sectores de la militancia estudiantil. Intensas movilizaciones estudiantiles, combinadas con novedosos repertorios de acción colectiva, impedían la constitución de las asambleas universitarias y la elección de nuevas autoridades. El reclamo —orientado básicamente a revisar la composición del “demos” universitario y la escasa representación político-electoral de los claustros— incluía también críticas al sistema electoral indirecto.
En el caso del claustro estudiantil de la UNCuyo, la reforma previa del estatuto (1995) había cristalizado una representación relevante en los Consejos Directivos de las Facultades y en el Consejo Superior: un/a consejero/a estudiantil por facultad en el Consejo Superior y tres en cada Consejo Directivo. En el proceso de reforma del año 2013, si bien hubo planteos explícitos del claustro para aumentar la cuota de representación estudiantil y, en el caso de la agrupación Franja Morada, objeciones adicionales sobre algunas atribuciones de los órganos colegiados, el amplio abanico de agrupaciones estudiantiles apoyó la reforma y votó favorablemente su contenido, como se demuestra en los siguientes testimonios:
La reforma es saludable para la vida política e institucional de la universidad. La elección directa de las autoridades, la inclusión de la visión y misión del Plan Estratégico y los cambios sobre la durabilidad de los mandatos apuntan a fortalecer un proyecto de universidad… (Dirigente agrupación Rodolfo Walsh)4.
Hace ya más de cinco años que desde ACE presentamos un proyecto adelantándonos a la reforma del estatuto para poder democratizar la elección de rector y decanos, pero en ese momento los responsables no nos escucharon. Por supuesto que apoyamos una reforma en este sentido: siempre defenderemos la democratización del sistema universitario… (Dirigente Agrupación Ciencias Económicas).
Hemos entendido la necesidad de reformarlo porque en muchos aspectos es anticuado y la idea es siempre progresar. Pero no estamos de acuerdo en la parte donde se vulnera la autonomía del cogobierno universitario, donde se violan derechos de la universidad y, sobre todo, del estudiantado. Se viola cuando establece que el Consejo va a tener la posibilidad de reconocer centros de estudiantes y federaciones; esto significa que va a tener la posibilidad de reconocer solo a aquellos que le sean afines al poder de turno… (Dirigente Agrupación Franja Morada).
Celebramos la reforma porque consideramos que es un paso sustancial en la democratización de la universidad. Si bien no tiene un anclaje directo en la mayor participación estudiantil, es muy valiosa en cuanto desestigmatiza la política de corte medieval al abrigo de los claustros (Dirigente Agrupación Osvaldo Soriano).
Podemos afirmar que, si bien el aumento de la representación estudiantil en el gobierno universitario formaba parte de la agenda de las agrupaciones estudiantiles, no es posible identificar que el proceso de reforma, y menos aún la instauración de elecciones directas, haya sido fruto de la presión de dicho claustro. Por otra parte, al analizar si la reforma y las elecciones directas habían sido parte de la agenda de la “cúspide” del sistema, tanto a nivel gubernamental como del propio conglomerado universitario, cabe señalar que, si bien existieron iniciativas de diputados relevantes de distintos espacios políticos que impulsaban la elección directa de autoridades, esta no formó parte de la programática de la Secretaría de Políticas Universitarias durante el período 2003-2015, en ninguna de sus gestiones, incluyendo aquellas encabezadas por secretarios cuyas universidades ya contaban con este sistema. Tampoco puede identificarse mediante el análisis de sus acuerdos plenarios un impulso en este sentido por parte del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), espacio de coordinación del conglomerado universitario en el que conviven universidades con distintos regímenes electorales.
Descartada la hipótesis de que la reforma en general y las elecciones directas en particular hayan sido parte del proceso de democratización impulsado en el ciclo de protestas estudiantiles de comienzos de la década de 2000, y considerando que tampoco puede explicarse como la expresión local de iniciativas heterónomas provenientes de la agenda gubernamental o del campo universitario, sostendremos que la reforma del estatuto en la UNCuyo pudo cristalizarse a partir de la convergencia de dos elementos clave: iniciativa política rectoral y contexto político favorable.
Iniciativa política rectoral
Según el estatuto vigente previo a la reforma de 2013, las iniciativas para su modificación podían iniciarse en el Consejo Superior, a propuesta del/de la rector/a o de un tercio de los/as asambleístas. En este caso, la propuesta e impulso de la reforma estuvieron a cargo del rector Arturo Somoza. Durante este período, ningún actor político (vicerrectora, decanos/as, secretarios/as de rectorado, consejeros/as superiores y directivos, entre otros) tuvo acceso a los múltiples borradores de estatuto que Somoza y su equipo de colaboradores elaboraron.
Pudo haber una construcción política amplia para impulsar la reforma, pero no la hubo. Por ello tuve la iniciativa y la propuse… Durante el proceso de reforma no hubo reuniones con decanos/as para acordar temas, al menos no conmigo. Algunos querían tener textos previos, pero yo nunca accedí a ello. Trabajamos unos veinticinco borradores de estatuto, con distintas alternativas, pero si compartías esos borradores habría contrapropuestas [y eso] iba a generar dilaciones… (Somoza, entrevista).
Para Somoza, la anterior reforma del estatuto realizada en 1995 para adecuarlo a la Ley de Educación Superior había sido incompleta y su proceso había quedado trunco. Además, consideraba que su segundo mandato (2011-2014) era el momento oportuno para impulsarla; de lo contrario, el proceso se demoraría al menos seis años más, ya que el/la nuevo/a rector/a recién en un segundo mandato volvería a contar con la fortaleza y las condiciones necesarias para emprenderla.
Al momento de impulsar la reforma, Somoza acumulaba además un significativo capital político:
-Transitaba su segundo y último mandato y se había excluido de la disputa electoral inmediatamente posterior a la reforma.
-Era un miembro destacado del conglomerado universitario, dado que ocupaba la presidencia del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
-Mantenía relaciones fluidas con los gobiernos nacional y provincial, lo que había permitido a la universidad acceder a financiamiento para nuevas carreras, obras de infraestructura y equipamiento.
-Desempeñaba un papel relevante en las relaciones universitarias nacionales e internacionales.
-Bajo su impulso se habían creado la Asociación de Universidades Sur Andina (AUSA) y la ACRULAC (Asociación de Consejos de Rectores de América Latina y el Caribe).
-Contaba con un equipo compacto de colaboradores que viabilizó el trabajo técnico-político imprescindible para la reforma: estudio comparado de estatutos de otras universidades nacionales, ingeniería administrativa y comunicación del proceso.
Contexto político favorable
La iniciativa política desplegada desde el rectorado se desarrolló en un clima de optimismo y expansión de derechos que se sostenía durante la primera parte del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, reelegida en octubre de 2011 con el 54 % de los votos. El contexto político favorable tanto a nivel nacional como provincial actuó en dos planos: impulsando la reforma y limitando la capacidad de acción de las fuerzas contrarias a los cambios propuestos.
Estábamos en un momento del país de un avance de derechos muy fuerte. Creía que la reforma era posible, pero no creía que pudiésemos hacerla con tanta profundidad, tan completa como la hicimos, ya que para todos esos cambios necesitábamos los dos tercios de la asamblea. Creo que varios, en esa ola, se autocensuraron: no quisieron quedar en evidencia en contra (Somoza, entrevista).
La asociación entre los contenidos democratizantes de la reforma y el contexto político nacional y regional de ampliación de derechos simplificó el espacio político universitario en dos posiciones: los “progresistas”, que apoyaban la reforma, y los “conservadores”, que, desde su oposición a la reforma, representaban a la vieja universidad, reacia a los cambios y a una mayor democratización. La votación plebiscitaria —a mano alzada y por sí o por no— contribuyó a esta polarización en dos bloques: uno a favor de la reforma y otro reactivo, cuyo accionar quedó limitado a discursos moderados y posiciones defensivas.
Reflexiones provisorias a modo de balance: Continuidad de la debilidad de los órganos colegiados, cambio del régimen político y retroceso de la politización universitaria relativamente autónoma
– Continuidad de la debilidad de los órganos colegiados. El cambio del régimen electoral constituyó, en el proceso de reforma del Estatuto Universitario de la UNCuyo de 2013, su aspecto más sobresaliente y difundido. No obstante, junto con ello, las reformas aprobadas promovían cambios institucionales con ambiciones modernizadoras en una institución cuya inercia institucional otorgaba altos niveles de gobernabilidad, pero también una elevada refracción a las innovaciones. Una parte importante de las reformas estaba orientada a generar las condiciones institucionales para modificar la lógica de “federación de facultades”, empoderando a los órganos colegiados de gobierno del nivel central para que abordaran temáticas transversales a la universidad desde perspectivas integrales.
Por la información concentrada, la estructura burocrática más sólida y por su relación con las facultades, las normas regulatorias del sistema solo eran posibles por iniciativa del rectorado. Propusimos aumentar el mandato de [los] consejeros para que se pudieran involucrar en temas regulativos. Se pasan atribuciones al Consejo Superior para normar regímenes de investigación, electoral, académico, etc.” (Somoza, entrevista).
Once años después, no se verifica que dichas reformas hayan provocado que los órganos colegiados asumieran una mayor centralidad en la definición de los temas fundamentales de la Universidad ni que se hayan modificado, al menos de manera sustancial, las defensas corporativas asociadas a la pertenencia a un claustro o facultad, que continúan presentes con fuerza en la cultura institucional. Persiste, asimismo, la asimetría en el acceso a la información entre autoridades ejecutivas y las colegiadas, siendo las primeras quienes definen los temas a tratar y su oportunidad.
Como sostiene Victoria Kandel (2005), los estatutos universitarios reconocen, en la línea jerárquica, primero al Consejo Superior y luego al rector/a, y primero al Consejo Directivo y luego al decano/a. No obstante, si se observa dónde se determinan las agendas, dicha jerarquía queda invertida. En este sentido, los cambios estatutarios de 2013 no modificaron la distribución efectiva del poder, y el funcionamiento actual no escapa al fenómeno observado a nivel global y regional de fortalecimiento de los roles ejecutivos en detrimento de los órganos colegiados.
Atairo y Camou (2011), al analizar el fortalecimiento de los ejecutivos universitarios en Latinoamérica, concluyen que, a diferencia de las experiencias europeas y norteamericanas, este proceso no ha sido el resultado de diseños de reorganización inspirados en teorías gerenciales ni de planificaciones estratégicas participativas impulsadas por la comunidad universitaria. Más bien, distintas investigaciones han destacado que los cambios en las estructuras y dinámicas del gobierno universitario han estado determinados en gran medida por la interacción entre el funcionamiento de cada institución y las presiones externas generadas por las políticas públicas dirigidas al sector universitario.
Por otra parte, como sostenemos en un trabajo anterior (Erreguerena, 2021), en el caso argentino dicho fortalecimiento no obedece —al menos no exclusivamente— a las reformas de la década de 1990, sino también a un conjunto de determinantes estructurales y factores históricos previos. Entre ellos se encuentra la particular fuerza que adquirieron los rectores —primero como normalizadores y luego organizados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)— en la reconstrucción del campo universitario a comienzos de la década de 1980, tras la última dictadura militar.
– Cambio del régimen político. Desde las primeras elecciones en que estuvo vigente, el nuevo régimen electoral evidenció una transformación no solo del mecanismo de elección de autoridades, sino también del régimen político, entendido como el conjunto de patrones realmente vigentes que establecen las modalidades de acceso a las principales posiciones de gobierno y representación, modificando los repertorios de prácticas políticas y los dispositivos que operan para dicho acceso (Oszlak y O’Donnell, 1995; Atairo y Camou, 2014).
Junto con el cambio del régimen electoral, se produjo un paulatino y sostenido cambio en los parámetros de la construcción política y en los términos que ordenaban la disputa político-electoral y el acceso al poder. A continuación, se señalan algunos de los cambios observados.
– Redefinición del peso político de los/as decanos/as y del “quinto claustro”. En el régimen de elección indirecta, los/as decanos/as desempeñaban un papel central en las elecciones rectorales. En la UNCuyo, la experiencia electoral previa a la reforma indicaba que contar con el apoyo de seis decanos/as sobre un total de once facultades aseguraba, en primera, segunda o tercera vuelta por mayoría simple, la elección de un determinado rector/a. Ello se debía a que, en general, cada decano/a arrastraba de manera relativamente homogénea los votos de los/as consejeros/as directivos de su facultad.
Por otra parte, en las elecciones indirectas la disputa electoral giraba en torno a candidaturas más cercanas a la dinámica política cotidiana de los claustros, es decir, las candidaturas a decano/a. Los/as decanos/as poseen un poder “asentado territorialmente” (Mazzola, 2007), caracterizado por una mayor proximidad con el electorado y por la posibilidad de incidir de manera más directa en la situación material o simbólica de los votantes, especialmente docentes y personal de apoyo.
Esto no significa que los electores no consideraran la futura alineación de decanos/as y consejeros/as directivos en la elección del rector/a en la asamblea universitaria. Sin embargo, ese elemento solía ocupar un lugar secundario en la definición del voto, entre otros motivos porque era un dato generalmente difuso: los/as candidatos/as a decano/a evitaban explicitar preferencias rectorales para no obstaculizar sus alianzas políticas a nivel de facultad, donde podían confluir actores individuales y colectivos con posicionamientos divergentes respecto de las candidaturas al rectorado. A ello se sumaba la imprevisibilidad de las alianzas y alineamientos posibles al momento de la asamblea.
Echegaray, Berridy y Burlot (2014), al analizar el comportamiento de los candidatos a decano/a en las elecciones rectorales de 2014, sostienen que, salvo en una unidad académica, en el resto se observó un “acuerdo débil y en fases”, caracterizado por la baja asistencia de los candidatos a los actos de los postulantes al rectorado y por una aún menor propaganda de las posibles alianzas.
No obstante, la merma en su peso específico, el rol de los/as decanos/as continúa siendo relevante, también por su importancia para la gobernabilidad, dado que el nuevo sistema —a diferencia del anterior— complejiza la conformación de bloques y mayorías especiales.
Otro sector cuyo rol se vio relativizado es el denominado “quinto claustro”: la burocracia política universitaria centralizada en el rectorado que, en su mayoría, no vota en ninguno de los claustros (generalmente son graduados/as que no votan por tener relación de dependencia con la universidad). Este funcionariado desempeñaba un papel relevante en la trama de acuerdos, redes y negociaciones que tenían su episodio central en el ágora de la asamblea universitaria. En el esquema de elección directa siguen desempeñando un papel, aunque de menor peso, adquiriendo mayor relevancia el trabajo político de base en las unidades académicas.
– Construcción política transversal. La construcción política que exige la elección directa es necesariamente transversal a los claustros, disciplinas y unidades académicas. Esta modalidad es ideal para el tipo de estructuras que constituyen los partidos políticos. En la UNCuyo ello se observa tanto en el oficialismo como en la oposición, donde los alineamientos se organizan fundamentalmente en torno a dos espacios político-partidarios: el radicalismo y el peronismo.En las elecciones de 2014, los sectores independientes quedaron fuera de la primera vuelta, y en las de 2018 y 2022 participaron de manera subordinada dentro de coaliciones hegemonizadas por los espacios político-partidarios mencionados.
– Recursos e infraestructura electoral. La competitividad en las elecciones directas requiere un alto grado de exposición pública y una costosa infraestructura electoral (afiches, volantes, pasacalles, fiscales, entre otros), especialmente en universidades con un padrón masivo y una amplia dispersión territorial.
Gran parte de las chances de los/as candidatos/as se juega en la arena mediática extrauniversitaria, requiriendo una presencia significativa en los principales mediosmasivos de comunicación. Las elecciones universitarias tienen interés periodístico para los grandes medios provinciales —el padrón electoral y los recursos presupuestarios de la UNCuyo superan a los de varios departamentos provinciales—, que suelen cubrirlas ampliamente.
De acuerdo con el seguimiento periodístico de las elecciones de 2014, 2018 y 2022, resulta evidente la dificultad de los espacios sin conexión orgánica con partidos políticos o gobiernos (nacional, provincial o municipal) para acceder en condiciones equitativas a los medios de mayor audiencia. A pesar de la prohibición estatutaria, los recursos desplegados en las campañas solo pueden explicarse a partir del aporte de partidos políticos y gobiernos afines a los distintos agrupamientos.
– Retroceso de la politización relativamente autónoma. Los vínculos entre el campo universitario y el mundo de los partidos políticos existen desde siempre, pero desde 1983 han tenido un papel significativo en la construcción de la política universitaria argentina. Atairo y Camou (2011) sostienen que la recuperación democrática significó un intento, hasta cierto punto “restauracionista”, de los postulados reformistas que habían estado vigentes en las universidades argentinas tras la caída del primer peronismo. Sin embargo, en este regreso al pasado uno de los rasgos distintivos fue la fuerte partidización de la vida universitaria. Allí donde en períodos anteriores los cauces de participación y las identidades políticas configuraban proyectos de amplio espectro, en la recuperación democrática los canales de participación e identificación fueron mayoritariamente ocupados por organizaciones partidarias (Atairo y Camou, 2011).
En la misma línea, Adolfo Stubrin señala que la presencia y dinámica de los partidos políticos durante la recuperación democrática constituyó un elemento relevante para la gobernabilidad, el crecimiento del sistema universitario, su institucionalización, democratización y su articulación con el sistema político, dinámica que se ha extendido hasta la actualidad (Stubrin, 2001).
En este trabajo proponemos distinguir entre partidización y politización universitaria relativamente autónoma. La primera refiere a un alineamiento directo entre agentes universitarios y partidos políticos; la segunda, a una disputa por espacios de poder universitario que, sin dejar de estar influida por alineamientos externos, se desarrolla en términos y lógicas más propias del campo universitario.
La partidización predominó en los primeros años de la recuperación democrática, pero fue adquiriendo nuevos contornos a medida que se consolidaba una política pública para las universidades nacionales conducida, en gran medida, por los rectores. Progresivamente, el campo universitario experimentó procesos que introdujeron elementos relativamente refractarios a los partidos mayoritarios que, sin dejar de tener presencia, cesaron de determinar los alineamientos del poder universitario. Entre ellos pueden mencionarse los acuerdos de alternancia entre bloques políticos internos al CIN —incluso entre sectores enfrentados en la política nacional— cuya explicación responde a lógicas propias del mundo universitario, así como la aparición de rectores y agrupaciones estudiantiles independientes de los partidos mayoritarios.
A diferencia de la partidización, que produce comportamientos fundamentalmente heterónomos, la politización universitaria relativamente autónoma genera condiciones para el desarrollo de prácticas específicamente universitarias y, con ello, potencialmente, un mayor control por parte de los rectores y otros agentes, sobre la dinámica política interna.
Esto no implica afirmar que el campo universitario argentino se haya desvinculado en algún momento del sistema de partidos. Ese vínculo existió y existe, con distinta intensidad, en todos los claustros. Lo que se sostiene aquí es que, a partir de la partidización consustancial al proceso de “normalización”, se abrió un proceso de politización que fue reformulándose en función de los recorridos históricos particulares de cada institución, de la singularidad de sus agentes y de las fracciones políticas propias del mundo universitario.
En el caso de la UNCuyo, a partir de 2014, con las primeras elecciones directas, y ratificado en las elecciones de 2018 y 2022, se observa un retroceso de la politización universitaria relativamente autónoma y un fortalecimiento de la partidización, favoreciendo injerencias heterónomas, especialmente mediante una mayor intervención de partidos políticos y gobiernos (nacional, provincial y municipal) en la dinámica electoral e institucional de la universidad.
El aumento de dicha injerencia no fue consecuencia exclusiva de la elección directa, ya que también existía en el régimen electoral anterior. No obstante, puede afirmarse que, a partir del nuevo sistema, esta intervención adquirió mayor relevancia. Antes que clivajes y lógicas específicamente universitarias, las coaliciones electorales han quedado restringidas —tanto en el oficialismo como en la oposición— a expresiones vinculadas a los dos grandes partidos políticos nacionales (UCR y PJ) y a sus respectivas corrientes internas en los distintos niveles de gobierno.
Esta creciente partidización ha complejizado la posibilidad de instrumentar alianzas y coaliciones de gobierno entre grupos con diferentes orientaciones políticas sobre la base de programas universitarios con agendas más endógenas.
Como señalamos, lo que en principio emergió como un cambio en el régimen electoral terminó revelándose, en sus alcances y profundidad, como un cambio en el régimen político. Este nuevo régimen, en su estreno en 2014, consagró como rector a un secretario de rectorado de bajo perfil vinculado a la Unión Cívica Radical, por encima de listas encabezadas por el vicerrector en ejercicio y por decanos/as, opciones que, de acuerdo con los viejos patrones de disputa y acceso al poder, deberían haber tenido mayores probabilidades de éxito electoral.
El electorado universitario votó en consonancia con el clima político externo, claramente antioficialista a nivel nacional y provincial, castigando a las opciones universitarias asociadas, directa o indirectamente, al oficialismo provincial (Francisco Pérez, PJ) y nacional (Cristina Fernández de Kirchner, FPV). El contexto externo que había permitido el avance de la reforma del Estatuto y de las elecciones directas terminó, paradójicamente, perjudicando electoralmente a los candidatos vinculados con sus impulsores.
Notas
1 Antigüedad: Antigua: creada hasta 1940. Tradicional: creada desde 1940 hasta 1988. Joven: creada de 1989 hasta la actualidad.
2 Tamaño: Grande: más de 50.000 estudiantes. Mediana: entre 10.000 y 50.000 estudiantes. Chica: menos de 10.000 estudiantes.
3 Los mandatos de consejeros/as estudiantiles, egresados y de personal de apoyo fueron prorrogados hasta agosto de 2013.
4 Los cuatro testimonios de los referentes estudiantiles han sido extraídos del boletín digital oficial de la UNCuyo, Unidiversidad (25 de marzo de 2013).
Referencias
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Entrevistas personales no publicadas
Somoza, A. (2015, 26 de noviembre – 2020, 16 de junio). Entrevistas realizadas por Fabio Erreguerena. Mendoza, Argentina.